Everardo Gómez Aguayo
Expediente 964/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2021
Partes del expediente
- Everardo Gómez Aguayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 964/2021-V, promovido por la parte quejosa Everardo Gómez Aguayo, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de esta ciudad, y recibido el dos siguiente ante este Juzgado Federal, Everardo Gómez Aguayo promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas. ACTOS RECLAMADOS: "De la autoridad señalada como responsable, se reclama, la omisión de la calificación de pruebas de audiencia de fecha 22 de enero del 2020, demanda planteada por los suscritos en contra de la empresa denominada KONGSBERG INTERIOR SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. recibida en oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, con fecha 21 de mayo del 2019, y en la cual se demanda el despido injustificado del que fuimos objeto, reclamando la reinstalación en nuestro trabajo en los términos en que viniéramos desempeñando hasta la fecha en que fuimos despedidos injustificadamente, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya realizado lo necesario por la autoridad responsable para la substanciación del juicio en término de lo que dispone el artículo 685 y 880 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal. Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales. SEGUNDO. En auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 964/2021-V; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informes justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecian en forma concreta los actos reclamados, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad responsable de la calificación de pruebas de audiencia de veintidós de enero de dos mil veinte, planteada por la parte quejosa dentro del juicio administrativo laboral 595/E06/2019. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclamó, puesto que desde el veintinueve de junio de la presente anualidad, esto es, antes de la presentación de la demanda de garantías, dentro del expediente administrativo laboral 595/E06/2019, emitió el acuerdo de pruebas, el cual señaló el peticionario de garantías no se había emitido. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la citada responsable y que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionario público en el ámbito de su ejercicio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, la cual es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". La parte quejosa Everardo Gómez Aguayo no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Everardo Gómez Aguayo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer nueva mención del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, en relación con las documentales que se reciben con el informe de mérito, se tiene a la autoridad responsable cumpliendo con la exigencia establecida en el párrafo quinto del numeral citado en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el juicio de garantías en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente notificada para ello desde el seis de septiembre de la presente anualidad. Por tanto, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita copia fotostática autorizada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto combatido. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha y se fijan para su desahogo las once horas con trece minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
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