Everardo Cordero Dominguez

Expediente 949/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
949/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
06/03/2017

Partes del expediente

  • Everardo Cordero Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto emitido el uno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 29 a 31), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto, por haberse sobreseído fuera de audiencia.

  2. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de siete de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de uno de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cconducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Encargada de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo por parte del quejoso el veinte de enero actual, respecto del oficio SSP/DGEPYMS/JUR/0243/2017 de diecisiete de los corrientes. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, tal como se advierte de las constancias anexas al oficio de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, toda vez que el diecisiete de enero del año en curso, la autoridad responsable se pronunció respecto del escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en esta ciudad. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de improcedencia, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: La omisión de acordar y pronunciarse respecto a la solicitud presentada por el quejoso el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, de conformidad con lo que se ha venido exponiendo, se observa que la responsable el diecisiete de enero del año en curso, emitió un oficio en el que atendió el ocurso que presentara la parte quejosa el diecinueve de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual solicitó que se expidiera a su favor una constancia en la cual se estableciera si en la base de datos del Sistema Estatal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, existe registro de que haya hecho uso del beneficio de suspensión condicional en los últimos cinco años. Por tanto, tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que a su vez actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, del aludido precepto legal se colige que el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, se ha establecido la actualización de la causal de improcedencia aludida, pues la demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en tanto, que el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la Encargada de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se pronunció respecto del escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis por Everardo Cordero Domínguez, determinación que le fue notificado el veinte del actual, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable. De modo que, al actualizarse la causal de improcedencia aludida de manera notoria, manifiesta e indudable, de tal forma que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con la documental de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe rendido por la responsable y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgada a las partes en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, para que se impongan del contenido del informe rendido por el Encargado de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con sede en esta Ciudad de Chetumal Quintana Roo. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Encargada de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con Sede en esta Ciudad Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que remite consistente en: ***. Misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional.

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