Everardo Calderón González

Expediente 1550/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1550/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Everardo Calderón González

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copia del escrito de ampliación de demanda, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión promovido por ....., contra actos del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Metropolitana de la Delegación Regional de Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, consistentes en: "1. La violación al Pacto Federal por no reconocer, por sí y ante sí, actos realizados por autoridades de las entidades federativas de la Federación, consistentes en sentencia dictada por el Juzgado Municipal de los Civil de Atzitzintla, Estado de Puebla, en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la rectificación asentada por el Oficial del Registro Civil de Arios de Rosales, municipio Ario, Michoacán . 4. La falta de emplazamiento al expediente donde existen las supuestar irregularidades de identidad. " Ahora bien, la medida cautelar de que se trata, se solicita para los siguientes efectos: "Se suspendan los efectos de la determinación consistente en desconocer los actos jurídicos llevados a cabo en las entidades federativas de Puebla y Michoacán de Ocampo." En el caso concreto, el peticionario del amparo solicita expresamente en su escrito de ampliación de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Sin embargo, SE NIEGA a ........., la suspensión provisional que solicita, en virtud de que los actos reclamados consistentes en la negativa de reconocer la determinación dictada por el Juzgado Municipal de los Civil de Atzitzintla, Estado de Puebla, así como la negativa de reconocer la rectificación de documentos asentada por el Oficial del Registro Civil de Arios de Rosales, municipio Ario, Michoacán, y la falta de emplazamiento al expediente administrativo en el que se determinó que existen irregularidades respecto de su identidad, tiene la naturaleza de actos negativos, mismos que no puede ser materia de la medida cautelar prevista por la ley reglamentaria, pues aquélla tiene por objeto paralizar y detener la acción de las autoridades responsables mientras se tramita el juicio y, en el caso concreto, lo que se reclama es un no hacer de la autoridad, por ello no se actualizan los extremos previstos en la ley para la concesión de la suspensión que se solicita, pues de concederse se estaría otorgando efectos restitutorios mismos que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1096, aplicada por identidad de razón, visible a fojas 759, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." En relación con la diversa, aplicada por identidad de razón, visible en la página 312, Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Así como la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.". Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables y a los que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese, en un solo tanto, el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 910/2023, promovido por *********, por conducto de su apoderado jurídico, contra actos de la Presidenta e Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades señaladas como responsables del inciso a) al c), se reclama: La Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación. De las autoridades señaladas como responsables del inciso d) al i), se reclama: La discusión, votación y aprobación del decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en data primero de junio de dos mil veintitrés. Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama: La expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el primero de junio de dos mil veintitrés, derivada del precitado decreto número cuatrocientos cinco; y, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo." Escrito aclaratorio "2. Los actos que se consideran lesivos de los derechos de la parte quejosa, son la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo del Estado, en data primero de junio de dos mil veintitrés, como resultado del inconstitucional, inconvencional e ilegal proceso legislativo del que fue materia, esto es, su discusión, votación y aprobación, que concluyó con su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés. Así como, los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, por infringir derechos fundamentales y disposiciones constitucionales, en perjuicio de la quejosa." Ahora bien, a pesar de que la legislación procesal constitucional no contempla que proceda la suspensión contra la norma en sí misma considerada, sino únicamente en contra de los efectos que ésta puede producir en el aspecto jurídico o fáctico, lo cierto es que la parte quejosa se duele de la creación de la norma reclamada, por lo que cobran vigencia lo que el derecho jurisprudencial interno ha sostenido desde la Quinta Época. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LA NORMA RECLAMADA, EN SÍ MISMA. Atento a lo anterior, SE NIEGA a ************** la suspensión provisional respecto de los actos que hacen consistir en la iniciativa y discusión del proyecto de Decreto, así como la aprobación, expedición y promulgación del decreto que contiene la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de dos de junio de dos mil veintitrés; lo anterior por agotarse en el momento mismo en que se discutió, aprobó, expidió, promulgó y publicó dicha norma general, siendo improcedente contra los mismos, la medida cautelar solicitada, pues de considerar lo contrario sería darle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo a que este incidente corresponde, conforme a la Jurisprudencia número 64, aplicada por identidad de razón, visible en la página 109 Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS.- Es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis de jurisprudencia aplicada por identidad de razón, número 1103, visible en la página 1775, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988 cuyo rubro es: "LEYES SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICION Y PROMULGACION DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de leyes, si aquellas ya se llevaron a cabo.". SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, RESPECTO DE LOS EFECTOS DE LA NORMA GENERAL RECLAMADA. Por otra parte, respecto de los efectos de la norma general reclamada por el quejoso, la medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: "Se me conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, con el fin de evitar que se aplique al quejoso lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, materia del acto reclamado. Así como, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado y evitar que se expida su reglamento, la creación del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo, la conformación e instalación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, la creación del Sistema Estatal de Información Territorial y Urbanismo, el cobro de pagos de acuerdo a la Ley impugnada y los lineamientos para generar los contenidos de los exámenes de valoración integral teórico y práctico, de conocimientos y habilidades para la expedición de licencias y permisos de conducir." Por lo que se provee al respecto, con apoyo en la Jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". En efecto, la parte quejosa solicita la suspensión de la norma general reclamada, en relación con los efectos que ésta puede producir al aplicarse en el aspecto jurídico o fáctico, por lo que, atento a dicha petición, debe decirse que el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del anterior texto jurídico se concluye que los requisitos de procedencia de la suspensión son los siguientes: a) Que lo solicite el agraviado. b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso concreto, el primer requisito se encuentra satisfecho, dado que la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito de demanda, la suspensión de los actos reclamados. En relación con el segundo de dichos requisitos, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad, al quejoso se le hayan respetado sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, porque al delimitar los conceptos precisados en el inciso b), se deben observar las circunstancias especiales del caso concreto, para así explicar, de manera fundada y motivada, si el orden público o el interés social pueden verse afectados por la concesión de la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, si bien concernía a una ley abrogada, aplica al caso por analogía con base en la regla de que donde existe la misma razón ha de aplicarse la misma disposición, puesto que el núcleo esencial de interés social o de orden público, perviven en la Ley de Amparo en vigor. La jurisprudencia en comento dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.- Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público". Atento a lo anterior, debe decirse que el interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, volumen 72, Sexta Parte, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Establecido lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos previstos por los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión provisional de la norma general reclamada, con relación a sus consecuencias jurídicas en torno a que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran a fin de evitar que se aplique la misma, esto es, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como que no se ejecute lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado, procede realizar el siguiente análisis: Con relación a la ponderación entre el interés social de la norma y la contravención de disposiciones de orden público, se considera que en el caso, la concesión de la medida cautelar no ocasiona perjuicio al interés social dado que con su otorgamiento no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, tampoco se evidencia una afectación al interés social, ya que los actos reclamados únicamente se relacionan con que no se aplique al quejoso la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado, sin que hasta este momento se aprecie, al menos de forma indiciaria, un posible perjuicio a la sociedad. Por tanto, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 130, 136, 138, 148 y 150 de la Ley de Amparo en vigor, a fin de impedir los efectos y consecuencias de la norma tildada de inconstitucional en la esfera jurídica de la quejosa, se CONCEDE la suspensión provisional a José Jorge Pompa Villa, en relación con sus consecuencias jurídicas, esto es para el efecto de que, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que no se aplique a dicho solicitante del amparo la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como que no se ejecute lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado; lo anterior hasta en tanto las responsables reciban comunicación sobre la suspensión definitiva, ello, porque en la especie la norma reclamada se impugna en su carácter de autoaplicativa, es decir, sin que exista un acto concreto de aplicación, por lo que, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, dicha suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es así, porque la parte quejosa acredita su interés suspensional con el título de concesión de transporte público, mismo que adjuntó a su demanda de amparo, documental que obra en el juicio principal, y que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de la celebración de la audiencia incidental. Tiene aplicación a lo anterior la tesis Jurisprudencial 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Dicha medida suspensiva se otorga, sin necesidad de solicitar a la parte quejosa exhiba garantía alguna, a fin de que la misma surta sus efectos, en razón a que no existe tercero interesado a quien se pudieran ocasionar daños y perjuicios con la concesión de la misma. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y acuse de recibo que de ello se deje en autos. Mediante oficio correspondiente pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, asimismo, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibidos que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que haya servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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