Everardo Ayala López
Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Everardo Ayala López
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa Culiacán, Sinaloa, siete de marzo de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Everardo Ayala López II. Formación del expediente. Vista la demanda presentada por Everardo Ayala López, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Acto reclamado y antecedentes. La lectura de la demanda de amparo revela que el quejoso reclama la inhabilitación para desempeñar cargos públicos proveniente de la resolución administrativa derivada del procedimiento número STRC-DRA-PAD-002/2017, de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Directora de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, donde además se le impuso sanción económica de diecisiete millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos. Asimismo, de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el once de octubre de dos mil diecisiete, presentó juicio de nulidad en contra de la resolución reclamada, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa Sala Regional Norte con Sede en Los Mochis, Sinaloa, quien mediante proveído de veinticuatro de noviembre siguiente, se declaró incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas con sede en esta ciudad. Que posteriormente la aludida Sala Unitaria en doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia contra la cual el quejoso interpuso recurso de revisión el cual hasta hoy no ha sido resuelto. IV. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente, cuando se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal interpuesto por el quejoso, por medio del cual se pueda nulificar, modificar o confirmar el acto reclamado. En efecto, el recurso que refiere la citada fracción debe tener por objeto que la parte inconforme pueda obtener la revocación o modificación del acto que estima lesivo de sus intereses. Para la actualización de la causa de improcedencia invocada, se deben verificar los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa que podría nulificar o modificar el acto reclamado; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y ello conste en los autos que integren el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal conduzca a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En el presente asunto, el promovente de amparo acudió a esta instancia constitucional a reclamar la resolución administrativa derivada del procedimiento número STRC-DRA-PAD-002/2017, de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, respecto de la cual se encuentra pendiente de resolver recurso de revisión, aseveraciones que constituyen confesión al ser hechas por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento de causa, sin coacción o violencia y de hechos propios, en términos de los artículos 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, virtud que se encuentra en trámite pendiente de resolver recurso de revisión contra la resolución reclamada, que puede tener el alcance, en vía de consecuencia, de modificar o nulificarla, según lo establecido en el artículo 114 BIS, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, el cual es del tenor siguiente. 114 BIS. La resolución del recurso de revisión podrá: I. Confirmar el auto o resolución recurrida; II. Revocar el auto o resolución recurrida; III. Modificar el auto o resolución recurrida; y, IV. Sobreseer el recurso interpuesto. En efecto, el recurso de revisión (mismo que se encuentra en trámite), tiene el alcance de confirmar, revocar o modificar la resolución que constituye el acto reclamado; por tanto, como se adelantó resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. XVII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, quienes cuenta con su cedula profesional registradas en el sistema habilitado para tal efecto. Por cuanto hace al correo electrónico proporcionado, se tiene como forma especial y expedita de contacto a través del cual se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. El referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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