Everaldo Díaz Waldo
Expediente 952/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2019
Partes del expediente
- Everaldo Díaz Waldo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
- V I S T O el estado procesal y la certificación secretarial que antecede de la que se desprende ... se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA ... archívese el presente asunto como concluido ...
- Principal
- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE....
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por la Jefe del Departamento Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación legal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como del Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, ambos del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a la ejecutoria de amparo, remite copia simple del cheque 00001850, por la cantidad de $4,061.00 (cuatro mil sesenta y un pesos 00/100 M.N) expedido a nombre de la parte quejosa Humberto Benjamín Campos Tostado. Asimismo, informa nuevamente que desincorporó de la esfera jurídica del peticionario de garantías, los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, declarados inconstitucionales en la sentencia de amparo. En tales condiciones, y previo a que esta Juzgadora Federal se pronuncie respecto del cumplimiento del fallo protector, resulta procedente tomar en consideración el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a./J. 100/2009, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Octubre de 2009, que textualmente establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES INFORMAN QUE EL FALLO PROTECTOR YA SE CUMPLIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE Y DETERMINAR SI AQUÉLLAS CONTINÚAN EN REBELDÍA. El incidente de inejecución de sentencia, previsto en la Constitución General de la República y regulado en la Ley de Amparo y en el Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una institución procedimental que permite a dicho alto tribunal determinar si alguna autoridad ha incurrido en rebeldía, respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o bien si dicho incumplimiento es inexcusable o no, entre otras cuestiones inherentes, pero de ninguna manera debe confundirse su naturaleza y razón de ser con la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado que, eventualmente, puede alegar el quejoso. Por ello si la autoridad responsable afirma que ya cumplió con lo ordenado en el fallo protector, con independencia de que la parte quejosa se inconforme, interponga queja o argumente cualquier otra situación, el juez de distrito debe analizar las pruebas del aludido cumplimiento, determinar si la autoridad responsable ha dejado de ser contumaz y pronunciarse en torno a si el fallo protector está cumplido o no, expresando la razón fundada de su decisión, dejando a salvo los derechos de la quejosa para el caso de que estime que existe exceso, defecto o si expresa su inconformidad por cualquier otra circunstancia." En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades de referencia, así como con el título bancario aludido, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés legal convenga, o bien, comparezca por sí o por conducto de alguno de su apoderado legal a recibir el cheque citado en las instalaciones de las autoridades oficiantes, UBICADAS EN LUIS PASTEUR NÚMERO 35 SUR, CENTRO HISTÓRICO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HORAS, LOS DÍAS MARTES Y JUEVES HÁBILES, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR SU IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA (INE VIGENTE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL), apercibido que de no hacerlo, las citadas autoridades procederán a su CANCELACIÓN y esta Juzgadora Federal proveerá lo conducente respecto del cumplimiento dado al fallo protector de mérito, tomando en consideración lo manifestado por las responsables y con las demás constancias que integran este expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dicha cantidad, deberá de ser cobrada en un término no mayor de UN MES, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud del perjuicio que ocasiona al erario público la falta de cobro oportuno del cheque aludido. De igual manera mediante oficio que derive del presente proveído, infórmesele a las autoridades promoventes que dicho título de crédito, únicamente podrá ser entregado al quejoso o bien a quien se ostente como apoderado legal de la misma, no así a los autorizados en términos del artículo 12 de la ley de amparo; lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis aislada, que expresamente señala: Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la tesis número XXII.1º.A.C.1 K (10 a) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Página 1683, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTAD PARA RECIBIR DINERO, CHEQUE O VALOR QUE DEBA ENTREGARSE AL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE AMPARO TIENE FINES ESTRICTAMENTE PROCESALES, YA QUE COMO LA NORMA LO DISPONE, EL QUEJOSO PUEDE AUTORIZAR A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACTÚE EN SU REPRESENTACIÓN Y DESARROLLE LOS ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS. ASÍ, LAS FACULTADES CONFERIDAS AL AUTORIZADO EN AMPARO SON SOLAMENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL QUEJOSO, SIN QUE LA AUTORIZACIÓN SE TRADUZCA EN UNA DELEGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL JUSTICIABLE. AHORA, SI BIEN EN LA TESIS AISLADA 2A. LXIV/98, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE ESTABLECE QUE LAS FACULTADES DEL AUTORIZADO EN AMPARO NO DEBEN ENTENDERSE DE MANERA LIMITATIVA, SINO ENUNCIATIVA, LO CIERTO ES QUE DICHAS FACULTADES DEBEN SER TENDENTES A LOGRAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AUTORIZANTE. EN ESE SENTIDO, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EN NOMBRE DEL QUEJOSO SE RECIBA ALGÚN DINERO, CHEQUE O VALOR CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONCEDIDA EN BENEFICIO DE ÉSTE, NO TIENE EL CARIZ DE REPRESENTACIÓN PROCESAL DE INTERESES, YA QUE ESE NUMERARIO DEBE SER RECIBIDO DIRECTAMENTE POR EL QUEJOSO DERIVADO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO QUE SE LE OTORGÓ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY CITADA; EN TODO CASO, PARA RECIBIR ALGUNA CANTIDAD EN SU NOMBRE, POR ESE CONCEPTO, SE REQUIERE DE UN APODERADO ESPECIAL CON FACULTADES ESPECÍFICAS PARA HACERLO.
- Principal
AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA, EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL(S) AVISO(S) DE 19/07/2019, QUE CONTIENE(N) LA DETERMINACIÓN(ES) DE 18/07/2019, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) DETERMINACIÓN(ES) DE 18 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): 18/07/2019 "Téngase por recibido el informe justificado y sus anexos de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el mismo. Ahora bien, de las constancias y de la información que vierte el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, se examina en primer lugar la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de actualizarse alguna de las hipótesis del aludido precepto, deberá sobreseerse en el juicio constitucional, sin juzgar la legalidad del acto reclamado y mucho menos atender a los conceptos de violación. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Ahora bien, se advierte que el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, anexa a su informe con justificación, copia autógrafa de la resolución de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio laboral número 07662/2016/5/1, por el que se advierte que se proveyó respecto del dictado de laudo dentro del juicio laboral en mención. Constancia a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades. Por tanto, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante resolución de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, proveyó respecto del dictado de laudo dentro del juicio laboral número 07662/2016/5/1, del índice de la autoridad en mención, siendo que la omisión de dictar el respectivo laudo dentro del juicio laboral en mención, es el acto por el cual se dio trámite al presente juicio de amparo. En esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así pues, a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 62 y 63, fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia, se dejan sin efecto las ONCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. ......" POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPONEN EN DICHO PROVEÍDO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.
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