Ever Antonio Sevilla Zelaya
Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ever Antonio Sevilla Zelaya
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el auto en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que generó este expediente. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 Consecuentemente, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que han quedado sin efecto las providencias dictadas en el auto inicial del presente juicio. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda: ?El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ?El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 ??????????????? En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXHIBIDOS POR LAS PARTES Se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que al día de hoy han transcurrido los términos de tres y de cinco días concedido a la parte quejosa en el acuerdo inicial, para que ratificaran la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Pérez Mendoza en representación de Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando y Yelsin Isaac Lanuza Castilblanco, y diera cumplimiento a la prevención de demanda ahí efectuada, respectivamente, sin que lo hubieren hecho. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 15 y 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído se dejarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, de la cual se advierte que los directos quejosos se reservaron el derecho de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, y hacer manifestaciones en relación a la prevención efectuada en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Por lo tanto, se tienen por hechas dichas manifestaciones, y se reserva de acordar lo conducente sobre la admisión de demanda, hasta en tanto transcurran los plazos otorgados en auto inicial para cumplir con dichas cargas procesales. Enseguida, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los oficios que suscriben el Subdirector de Área, responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, y la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad, a través de los cuales rinden informe de suspensión de plano con relación a los actos reclamados en esta vía. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. Finalmente, se tiene a las responsables de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que citan en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Pérez Mendoza en representación de Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando y Yelsin Isaac Lanuza Castilblanco, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 160/2022 III-A. 252/ SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas: La detención arbitraria, La determinación y prolongación del alojamiento temporal. La deportación. La orden de traslado a otra estación migratoria. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a la autoridad responsable hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberá cesar de inmediato los actos sobre la parte quejosa, que se traducen en mantenerla presentada, asegurada, alojada, o detenida de manera indefinida, en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, situada en esta ciudad, y en su caso, la incomunicación de la que puede ser objeto. Además al tratarse de una persona extranjera, deberán impedir la ejecución de cualquier orden para que la parte quejosa sea deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, o bien, trasladada a una diversa estación migratoria, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. En ese sentido, y derivado de la situación de pandemia que vive el País generada por el virus que provoca la enfermedad denominada COVID-19, las autoridades migratorias bajo su más estricta responsabilidad, deberán resguardar a la parte quejosa acorde a las medidas sanitarias o protocolos decretados por las autoridades de salud. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuestas a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos que ahí se describen, la parte amparista queda a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentra alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Asimismo, la autoridad responsable en términos de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberán bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar en estricto acatamiento a los plazos máximos fijados por la ley. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, la autoridad responsable debe ajustar su actuación a los términos de ley, particularmente por cuanto hace a los tiempos máximos para restringir su libertad personal, no soslayando que los preceptos 101 y 102 de la legislación de la materia, prevén una "custodia" o asignación de domicilios provisionales, mientras se dicte resolución dentro del procedimientos administrativo respecto de la situación migratoria del extranjero. Por tanto, mientras permanezca en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice a la migrante; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si ha tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud; y, 4. La ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que pueda acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán: _ Garantizar la seguridad personal de los migrantes. _ Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. _ Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: _ Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; _ Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; _ Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; _ En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; _ Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; _ A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. _ Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a la autoridad responsable, a fin de que informe en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de la autoridad responsable lo siguiente: Deber informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo institucional 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, fax: 962 62 61 84; en un horario comprendido de las ocho a las doce horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Lo anterior obedece al hecho a que si bien el Consejo de la Judicatura Federal limitó el horario de las labores presenciales de todos los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el que aquí provee; lo cierto es que tal circunstancia no implica que la autoridad responsable omita dar cumplimiento a la suspensión de plano, ni mucho menos que deje de informar -oportunamente- lo conducente. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión salvable en su denominación, es decir, que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada Además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. RATIFICACIÓN DE LA DEMNADA Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, con residencia en esta ciudad, ó en cualquier otro centro de detención de esta ciudad, a fin de que localice a los quejosos Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando y Yelsin Isaac Lanuza Castilblanco, y en caso de encontrarlos, les comunique esta determinación y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. De igual manera, el Actuario Judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentra el directo quejoso, a efecto de verificar su seguridad personal. Asimismo, deberán manifestar si nombran al promovente Francisco Javier Pérez Mendoza, para oír y recibir notificaciones, en los términos solicitados en el escrito de demanda de amparo. ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización del agraviado; respetando su autoridad y cuidando las medidas de seguridad implementadas para resguardarse del virus Covid-19; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a la autoridad que físicamente tenga bajo su guarda o custodia a los impetrantes de amparo, para que de necesitar éste atención médica, le sea proporcionada de inmediato, debiendo salvaguardar su integridad física conforme al estado de salud que presenta, debiéndose tomar las medidas pertinentes que aseguren que el impetrante no evada la acción de la justicia; y de acreditarse los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. SOLICITUD DE CUSTODIA DE LOS QUEJOSOS Respecto a la custodia que solicita el promovente de los directos quejosos extranjeros, se hace de su conocimiento que por el momento no se cuenta con los elementos necesarios para estar de aptitud acordar sobre la procedencia de su pretensión, pues se deben verificar diversos requisitos que establece la ley de la materia, tales como los previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración; es decir, se debe demostrar que los quejosos tienen un domicilio o lugar en que permanecerá y haber presentado una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. En el entendido que las referidas constancias deberán portar el sello de recibo por parte de la autoridad migratoria quien se encuentra ponderando su situación migratoria. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página 1745, del Tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". Máxime que del contexto de la demanda de amparo, no se advierte la fecha en que fueron detenidos por la autoridades responsables. Asimismo, al inicio de la demanda de amparo se advierte que se promueve en favor de Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando y Yelsin Isaac Lanuza Castilblanco, y en el punto petitorio primero, únicamente se señalan a Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando. PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en las órdenes de detención, deportación y traslado. Segundo.- Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero.- Indique si contra actos similares a los ahora reclamados han promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Cuarto.- Indiquen la fecha de su detención pues aducen que llevan más de treinta y seis horas retenidos en la estación migratoria. Quinto.- Indiquen si las personas en que se promueve la demanda es en favor de Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando y Yelsin Isaac Lanuza Castilblanco, ya que en el punto petitorio primero, únicamente se señalan a Ever Antonio Sevilla Zelaya, Carlos José Machado Obando. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo; y que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. EXHORTO JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, es menester que observen lo siguiente: Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen el sistema operativo Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.*RPCR/HPF/CCG**
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