Ever Abraham Castro Bojorquez

Expediente 295/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Ever Abraham Castro Bojorquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, con el cual acusa recibo del oficio 184/2021, con el cual se le remitió copias certificadas del expediente 586/2018; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Se ordena devolver el presente expediente al Archivo de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, (notificado el cinco de abril de la presente anualidad, por lista electrónica) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por tanto, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, considerando que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en copia certificada del expediente 586/2018, por tanto, remítase las mismas a la autoridad ante citada.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio está cumplida. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso con los oficios 255/2021 y 263/2021, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, y no se hizo manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en el sentido de sobreseer y conceder el amparo solicitado y, los efectos se hicieron consistir, en que la responsable dejara insubsistente su resolución del trece de marzo de dos mil veinte y, en su lugar, emitiera otra en donde purgara los vicios descritos en la sentencia de amparo, reiterara el tema del pago de costas (porque resultó inoperante el concepto de violación relacionado con este tema), y con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho. La parte declarada ilegal fue porque ".la autoridad responsable dictó su fallo de forma arbitraria, porque de su examen exhaustivo no se advierten razonamientos que involucren propiamente las disposiciones en que funda que solo con un recibo o comprobante fiscal puede justificarse como gasto, la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que se erogó con motivo del pago de honorarios del ingeniero Juan Manuel Gutiérrez Monzón, en su calidad de perito; esto es, el razonamiento esgrimido es dogmático, en la medida que no se abunda al respecto, que permita advertir de forma implícita la aplicación de la o las normas jurídicas que sustenten tal determinación, ni tampoco citó precepto jurídico que robusteciera ese dicho." La anterior determinación judicial no fue impugnada por ninguna de las partes, por tanto, por auto del veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, causó estado y se dio vista a la quejosa, con el cumplimiento que, de forma anticipada hizo la responsable. En cumplimiento con el fallo constitucional, la responsable dictó auto el ocho de marzo de dos mil veintiuno, donde dejó insubsistente la sentencia interlocutoria del trece de marzo de dos mil veinte (acto reclamado); posteriormente, el once de marzo de dos mil veintiuno, dictó otra sentencia en donde adujo, en la parte que interesa, lo siguiente: ".los comprobantes fiscales se consideran medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan los actos o actividades que realizan para efectos fiscales, esto es, todo contribuyente que desempeña una actividad o interviene en un acontecimiento que actualiza un hecho por el que se habrá de pagar una contribución, debe emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar el tributo que en concreto tenga que pagar de acuerdo a la ley fiscal; de igual forma, quien solicita un servicio o intervenga en un hecho por el que se genere un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo, en atención de que, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con el deber legal que establece el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, respecto a que los contribuyentes deben dejar constancia de documentos o cualquier otro medio verificable de que existió un hecho o acto grabado por una contribución. . Ahora, tomando en cuenta lo previsto por el artículo 1º del Código Fiscal de la Federación, en correlación con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal; se deduce que contribuyentes es toda aquella persona física y moral que de acuerdo a las leyes fiscales está obligada a contribuir con el fisco federal, en su caso, las personas físicas contribuyentes son todos aquellos individuos que prestan sus servicios por su cuenta, capaces de contraer obligaciones y ejercer sus derechos dentro del territorio nacional. De ahí, considerando que el ingeniero Juan Manuel Gutiérrez Monzón, demostró en juicio ser un profesionista con capacidad de obligarse y ejercer la prestación de su servicio profesional para emitir el dictamen pericial por el que se reclaman los gastos aquí analizados, por ello, se puede colegir que dicho profesionista es una persona física contribuyente de acuerdo a la citada Ley Fiscal, y por lo mismo, debió expedir el comprobantes fiscal correspondiente por esa actividad en que participó, o a su vez, al actor incidental le atañía habérselo solicitado de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal. Por ende, las circunstancias anteriores implican deducir que el actor incidental tuvo la oportunidad de exhibir a la presente planilla de gastos el comprobantes fiscal correspondiente (factura) respecto a los servicios profesionales que prestó a su favor el ingeniero ." Ahora, del análisis íntegro del citado oficio, se advierte que la autoridad responsable cumplió con el artículo 16 constitucional, porque le informa al quejoso que debió exhibir una factura fiscal para comprobar el pago de gastos judiciales en el juicio ejecutivo mercantil 586/2018, siendo insuficiente el documento allegado al citado procedimiento. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía legalidad por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en contra de la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (notificada a la tercero interesada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno y, a la parte quejosa el dos de marzo siguiente), en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a requerir al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que por oficios 255/2021 y 263/2021, acordados en fechas doce y diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, comunicó que cumplió con la sentencia de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dichos oficios y documentales para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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