Evencio Castillo Castro
Expediente 260/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Evencio Castillo Castro
Actuaciones
- Principal
...la parte promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve...ha causado estado el referido auto...archívese este juicio como concluido.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, hecha por el Secretario de este Juzgado, se advierte que las partes no interpusieron recurso de queja contra la resolución de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en la que declaró procedente y fundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso Arturo Reyes Aguilar, respecto de la omisión de notificarle el dictado de la sentencia emitida en el presente juicio constitucional; en consecuencia, al haber transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en consulta, por disposición expresa del precepto 2° de esta última, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en cumplimiento al resolutivo segundo de la resolución interlocutoria de cuatro de marzo de la presente anualidad, túrnense los presentes autos a cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que por su conducto, se notifique la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en los términos en que se ordena.... la SENTENCIA EN LO CONDUCENTE DICE: Procedencia del Juicio de Amparo. Previamente al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse la procedencia del juicio constitucional, ya sea que lo haga valer alguna de las partes o bien de oficio, por ser éste un aspecto de orden público y estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso sujeto a estudio, se estima que el juicio de amparo es improcedente en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Para sostener lo anterior, la suscrita normará su criterio en términos de lo establecido por el Tribunal Pleno el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, que dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro : "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así se tiene que el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, estableció que la Ley de Amparo abrogada, no definía ni sentaba bases para definir lo que debía entenderse por un "acto de imposible reparación", pues en la misma solo se precisó que en contra de los actos de imposible reparación procedía el amparo indirecto, que es del conocimiento de los Jueces de Distrito; de ahí que lo que debía entenderse como actos de imposible reparación se dejó a la interpretación jurisprudencial que se produjo en las octava y novena época del Semanario Judicial de la Federación; y dio lugar a la emisión de diversos criterios que permitieron el acceso al amparo indirecto por violaciones procesales de diversa naturaleza, atendiendo a las características específicas de cada caso que fue siendo analizado, entre los cuales está el criterio que recoge para impugnar la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia procede el amparo indirecto, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." De igual manera, se establece en la contradicción de mérito que a diferencia de la anterior Ley de Amparo, la que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, sí define los actos de imposible reparación en su artículo 107 pues en dos de sus fracciones se hacen precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente referidos . Se precisa que con base en estas disposiciones, puede afirmarse que en el sistema imperante en la nueva ley de la materia, se otorga mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal se reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo anterior se deduce de las dos condiciones dispuestas en la Ley de Amparo para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", en contravención a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dado el nuevo contenido de la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de los mismos puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo deviene contraria a los aspectos formales o adjetivos. En el caso concreto, se estima que el acto reclamado consistente en la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la que materialmente estableció que no había lugar a decretar la caducidad en la primera instancia, solicitada por la parte quejosa; no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, del quejoso en los términos que han sido referidos; sino que solo afecta sus derechos procesales o adjetivos; de ahí que no es posible sostener que contra tal resolución proceda el amparo indirecto, por lo que sólo puede ser impugnada cuando se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en donde podría hacer valer tal violación. De tal manera, se estima que el juicio que ahora se resuelve resulta improcedente de ahí que deba sobreseerse en el juicio de amparo. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública, y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción y cubra su costo, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido Arturo Reyes Aguilar, por propio derecho, respecto de las autoridades y los actos señalados en el resultando primero y tercer considerando, por las razones expuestas el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la substitución de datos personales, para la generación automática de la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo respectivo. TERCERO. Acorde a lo estimado en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, previa razón que por su recibo otorgue en autos....
- Principal
... el oficio signado por el Juez Municipal de Alto Lucero, Veracruz y en atención a su contenido, estese a lo acordado mediante auto de trece de marzo de los corrientes...
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