Evelyn Rojas Serrano

Expediente 613/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
613/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Evelyn Rojas Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y por el Jefe de Actuarios adscrito al anterior con el que rinde su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la quejosa Evelyn Rojas Serrrano, por escrito presentado el siete de abril de dos mil dieciséis [fojas 2 a 5], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al anterior: 1. La omisión de dictar el acuerdo en el que señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015, y notificar esa determinación. 2. La omisión de acordar el escrito presentado ante el Tribunal responsable el diez de marzo de dos mil dieciséis, en el que la parte quejosa solicitó se señalara día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley y se expidiera copia certificada de diversas constancias del juicio natural. Ahora bien, en el informe justificado el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente y Actuario Adscrito al anterior reconocen la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante el Tribunal responsable el diez de marzo de dos mil dieciséis; sin embargo, precisan que no es cierto el diverso relativo a la omisión de dictar el acuerdo en el que se señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015, pues al respecto, aducen que en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis se señalaron las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para dicha audiencia. Así, la última de las negativas citadas, se desvirtúa con las propias manifestaciones vertidas por las responsables y con las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado con valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Empero, aun considerando ciertos los actos cuestionados, en el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la nueva Ley de Amparo, ya que aquéllos no constituyen un acto de imposible reparación, necesario para la procedencia del juicio de amparo. A fin de evidenciar la anterior afirmación, conviene traer a contexto lo dispuesto en los numerales invocados, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos citados es posible advertir que el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se reclamen actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre ese contexto, si el acto reclamado sólo produce una violación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En efecto, con relación al concepto de actos de imposible reparación en términos de la actual Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, esencialmente, lo siguiente: a) La expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones, incluso contradictorias, si se toma en cuenta, por ejemplo, que en la Quinta Época la entonces Cuarta Sala sostuvo la improcedencia del amparo indirecto contra el reconocimiento de la personalidad del actor en el juicio laboral. b) Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación".  La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.  La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. c) El legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. d) Las dos condiciones que el legislador impuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento son: 1. Se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. 2. Estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las sintetizadas consideraciones se encuentran visibles en la ejecutoria que generó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo expuesto permite advertir que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio es necesario que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y que este derecho sea sustantivo, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Ahora bien, como se adelantó, en la especie la parte quejosa reclama la omisión de dictar el acuerdo en el que señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015, notificar esa determinación y acordar el escrito presentado ante el tribunal responsable el diez de marzo de dos mil dieciséis, en el que la impetrante solicitó se señalara día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley y se expidiera copia certificada de diversas constancias del juicio natural. Bajo esa óptica, debe estimarse que los actos cuestionados por la parte peticionaria de amparo no afectan derechos sustantivos de la solicitante de protección federal, ya que, en realidad únicamente tienen efectos procesales que pueden extinguirse en la realidad en caso de obtener sentencia favorable en el juicio natural, por lo que no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Cierto, partiendo del criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que uno de los requisitos que caracterizan a los actos de imposible reparación es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, motivo por el cual cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Las anteriores consideraciones generaron la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ejecutoria que se invoca por constituir un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, tal como se prevé en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 2181 Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, de la Décima Época, que a la letra establece: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión.." Entonces, conforme a lo expuesto, al ser el juicio de amparo indirecto un medio de defensa extraordinario que únicamente procede contra actos dictados dentro del juicio que sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos del gobernado, debe estimarse que en el caso no se actualiza esta hipótesis y consecuentemente lo procedente es sobreseer en el juicio. Ello, es así, pues de las manifestaciones realizadas por la quejosa las cuales adquieren la calidad de confesión expresa con valor probatorio pleno en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles y las constancias remitidas por las responsable como apoyo a su informe de ley con igual valor probatorio de conformidad con los dispositivos previamente invocados, se sigue que los actos cuestionados no constituyen omisiones autónomas; en realidad, son parte de un procedimiento que debe sujetarse a determinadas reglas y plazos, por lo que sus consecuencias se limitan a cuestiones adjetivas que con posterioridad podrían ser reparadas, sin que por el momento se pueda estimar que afectan directamente algún derecho sustantivo de la impetrante. Además, de las constancias que integran el presente juicio constitucional no se advierte que exista una abierta dilación al juicio natural o paralización total del mismo, lo que invariablemente genera que deba estimarse que las omisiones reclamadas no tienen la característica de imposible reparación indispensable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados sólo constituyen una infracción procesal que no afecta derechos sustantivos. Incluso, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo en el que señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015 se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de ese acto. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por las responsables, se colige que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis se emitió el acuerdo correspondiente en el que se señaló las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber señalado las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015 cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis señaló las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento materia de análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y por el Jefe de Actuarios adscrito al anterior con el que rinde su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la quejosa Evelyn Rojas Serrrano, por escrito presentado el siete de abril de dos mil dieciséis [fojas 2 a 5], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al anterior: 1. La omisión de dictar el acuerdo en el que señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015, y notificar esa determinación. 2. La omisión de acordar el escrito presentado ante el Tribunal responsable el diez de marzo de dos mil dieciséis, en el que la parte quejosa solicitó se señalara día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley y se expidiera copia certificada de diversas constancias del juicio natural. Ahora bien, en el informe justificado el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente y Actuario Adscrito al anterior reconocen la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante el Tribunal responsable el diez de marzo de dos mil dieciséis; sin embargo, precisan que no es cierto el diverso relativo a la omisión de dictar el acuerdo en el que se señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015, pues al respecto, aducen que en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis se señalaron las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para dicha audiencia. Así, la última de las negativas citadas, se desvirtúa con las propias manifestaciones vertidas por las responsables y con las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado con valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Empero, aun considerando ciertos los actos cuestionados, en el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la nueva Ley de Amparo, ya que aquéllos no constituyen un acto de imposible reparación, necesario para la procedencia del juicio de amparo. A fin de evidenciar la anterior afirmación, conviene traer a contexto lo dispuesto en los numerales invocados, los cuales son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. De los preceptos citados es posible advertir que el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se reclamen actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre ese contexto, si el acto reclamado sólo produce una violación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En efecto, con relación al concepto de actos de imposible reparación en términos de la actual Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, esencialmente, lo siguiente: a) La expresión actos de imposible reparación data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones, incluso contradictorias, si se toma en cuenta, por ejemplo, que en la Quinta Época la entonces Cuarta Sala sostuvo la improcedencia del amparo indirecto contra el reconocimiento de la personalidad del actor en el juicio laboral. b) Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación  La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.  La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. c) El legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. d) Las dos condiciones que el legislador impuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento son: 1. Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. 2. Estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las sintetizadas consideraciones se encuentran visibles en la ejecutoria que generó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Lo expuesto permite advertir que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio es necesario que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y que este derecho sea sustantivo, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Ahora bien, como se adelantó, en la especie la parte quejosa reclama la omisión de dictar el acuerdo en el que señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015, notificar esa determinación y acordar el escrito presentado ante el tribunal responsable el diez de marzo de dos mil dieciséis, en el que la impetrante solicitó se señalara día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley y se expidiera copia certificada de diversas constancias del juicio natural. Bajo esa óptica, debe estimarse que los actos cuestionados por la parte peticionaria de amparo no afectan derechos sustantivos de la solicitante de protección federal, ya que, en realidad únicamente tienen efectos procesales que pueden extinguirse en la realidad en caso de obtener sentencia favorable en el juicio natural, por lo que no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Cierto, partiendo del criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que uno de los requisitos que caracterizan a los actos de imposible reparación es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, motivo por el cual cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Las anteriores consideraciones generaron la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Ejecutoria que se invoca por constituir un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, tal como se prevé en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 2181 Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, de la Décima Época, que a la letra establece: HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE., Ello, es así, pues de las manifestaciones realizadas por la quejosa las cuales adquieren la calidad de confesión expresa con valor probatorio pleno en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles y las constancias remitidas por las responsable como apoyo a su informe de ley con igual valor probatorio de conformidad con los dispositivos previamente invocados, se sigue que los actos cuestionados no constituyen omisiones autónomas; en realidad, son parte de un procedimiento que debe sujetarse a determinadas reglas y plazos, por lo que sus consecuencias se limitan a cuestiones adjetivas que con posterioridad podrían ser reparadas, sin que por el momento se pueda estimar que afectan directamente algún derecho sustantivo de la impetrante. Además, de las constancias que integran el presente juicio constitucional no se advierte que exista una abierta dilación al juicio natural o paralización total del mismo, lo que invariablemente genera que deba estimarse que las omisiones reclamadas no tienen la característica de imposible reparación indispensable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados sólo constituyen una infracción procesal que no afecta derechos sustantivos. Incluso, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo en el que señale la fecha para la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-175/2015 se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de ese acto. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por las responsables, se colige que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis se emitió el acuerdo correspondiente en el que se señaló las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber señalado las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015 cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis señaló las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente laboral D-175/2015. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento materia de análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos la copia del oficio signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República con residencia en la ciudad de Puebla, por medio del cual informa las gestiones realizadas para que Sofía Alejandra Salinas Chavira en su carácter de perito oficial adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la citada Procuraduría, emita de manera puntual su dictamen que se le está requiriendo dentro del presente juicio constitucional, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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