Evelyn Recamier Vilaboa
Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- Evelyn Recamier Vilaboa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se evidencia que por auto de veintiséis de mayo de la presente anualidad causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones correspondientes. En acatamiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, este expediente es susceptible de depuración, pues no obstante que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, se concedió la suspensión de plano y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas. Gutiérrez Bravo, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual informa que el veintiséis de abril del año en curso, fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al menor de identidad reservada de iniciales N.A.R. y remite copia simple del comprobante de vacunación; lo anterior, en virtud de que por auto de veintiocho de abril pasado se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 3 DE MAYO DE 2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PRTE QUEJOSA EVELYNN*********************EL AUTO DE 28 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN ESENCIA, DICE: Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que la promovente del amparo ***, no desahogó el requerimiento de veinte de abril de dos mil veintidós, es decir, informar si su menor hija de identidad reservada N.A.R., fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2; en ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se presume como cierto que la referida infante recibió la aplicación de la citada vacuna en su segunda dosis. Sobresee fuera de audiencia En atención a lo anterior, es importante destacar que la parte quejosa reclamó del Secretario de Salud del Estado de México, esencialmente lo siguiente: La omisión de aplicar la vacunar contra el SARS-Cov-2 a la menor quejosa; y, Por cuestión de técnica, en primer lugar se analiza lo relativo a la omisión de aplicar la vacunar al menor quejoso. Este juzgador considera que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARSCoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de dieciséis de marzo del dos mil veintidós, este juzgador admitió la demanda de amparo, concedió la suspensión de plano, en la que ordenó a la autoridad responsable que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevara a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor del menor de identidad reservada N.A.R., la vacuna Pfizer-BioNTech. Así fue que, al haber informado el Director General del Instituto de Salud del Estado de México en el diverso juicio de amparo 165/2022 I-B de la estadística de este Juzgado Federal, las fechas en que se vacunaría a los menores de edad; lo que se consideró como hecho notorio en el presente asunto; por lo que en el referido proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se ordenó citar a la parte quejosa para que acudiera en datas veintitrés o veinticuatro del mes y año en curso, a fin de que les fuera suministrada la primer dosis de vacunación solicitada para el menor en comento. Por lo que en cumplimiento al requerimiento formulado en el citado auto de dieciséis de marzo de la presente anualidad, el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa informó que le fue aplicada a la menor la primera dosis de la vacuna el veintitrés de marzo pasado, circunstancia a la que adjuntó copia simple del comprobante de vacunación. Posteriormente, mediante proveído de veinte del presente mes y año, se ordenó citar a la menor quejosa para que le fuera aplicada la segunda dosis, situación que debían informar dentro de las veinticuatro horas siguientes. No obstante, toda vez que transcurrió dicho término sin que la parte quejosa informara lo conducente sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al menor quejoso, fue por lo que en esta data se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y, por tanto, se tuvo por cierta dicha situación. De manera que, si bien no se cuenta con las constancias con las que el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite la aplicación de la vacuna contra el virus Sars-CoV2 al menor de iniciales N.A.R., en su segunda dosis, lo cierto es que al haberse hecho efectivo el apercibimiento formulado en autos, es dable considerar que ésta fue suministrada, pues correspondía a la parte quejosa -como carga procesal- haber acudido en compañía del menor en comento en las fechas que se indicaron a fin de que le fuera suministrada la vacuna en comento, en el esquema completo de dos dosis, cuya negativa constituía justamente el acto reclamado; lo cual debía haber informado a este Juzgado de Distrito, sin que así hubiese ocurrido. Por ende, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.
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