Evelyn Nayeli Garcia Sanchez

Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
104/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Evelyn Nayeli Garcia Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que, en su primer punto resolutivo, se sobreseyó y, en el segundo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    veintiocho de febrero de dos mil veintidós uis Reynoso Escamilla V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 104/2021 promovido por ++++ ambos por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, ++++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, formó el expediente de amparo 862/2021 y el secretario encargado de despacho por vacaciones del Titular, se declaró legalmente impedido para conocer de ese asunto; cuyo impedimento le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos. +++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales +++ interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el cual no se proveyó sobre la suspensión de plano que tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos, quien lo registró con el número +++ y se declaró infundado el cinco de agosto de dos mil veintiuno. (foja 65 del cuaderno de amparo) El trece de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos, resolvió el impedimento 1/2021 interpuesto por el Secretario encargado de despacho por vacaciones del Titular y declaró improcedente el impedimento. (foja 91 del cuaderno de amparo) En consecuencia, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró impedido para conocer del asunto; y, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos, resolvió fundado el impedimento 2/2021 y lo declaró fundado y legal, por lo cual ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para su returno, del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos. Por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por razón de turno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda con el número 1102/2021. (foja 99 del cuaderno de amparo) En otro orden, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por +++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales +++ registrándola con el número 1132/2021, donde se declaró incompetente y la declinó por conocimiento previo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, donde se radicó con el número 1102/2021. (foja 179 del cuaderno de amparo) Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, registró la demanda con el número 1224/2021, se admitió el conocimiento previo y previno al quejoso para exhibir documento idóneo con el cual acreditara el entroncamiento sanguíneo que guarda con las menores. Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, +++ exhibió las actas de nacimiento de sus hijas. Así, por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, admitió parcialmente a trámite la demanda y decretó la acumulación del juicio de amparo 1224/2021 al diverso 1102/2021. (foja 200 del cuaderno de amparo) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional. (foja 251 del cuaderno de amparo) TERCERO. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de dicho mes y año, concatenado con el punto de acuerdo 120/2021 emitido en misma fecha por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó enviar los autos originales del sumario que nos ocupa a este juzgado federal para el dictado de la sentencia correspondiente. (foja 253 del cuaderno de amparo) CUARTO. Recepción de autos para dictado de sentencia. Así las cosas, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el número de expediente 104/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por la homologo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a diversas autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos. Se advierte que la parte quejosa +++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ reclama la omisión de decretar medidas de convivencia entre la promovente del amparo y sus menores hijas; misma que deriva de la controversia familiar 414/2020 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Asimismo reclama el auto donde ordenó reservar sobre el régimen de visitas y convivencias con su menores hijas. Por su parte, ++++ por si y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ señaló como acto reclamado el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 414/2020, por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que ordena un régimen de convivencias presenciales y virtuales entre sus menores hijas y la madre. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se les atribuyen. (foja 241 del cuaderno de amparo) CUARTO. Causas de improcedencia. Precisado lo anterior, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio, previo al estudio de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional. Sobre el particular, por lo que hace a la incomunicación de las menores con su madre y la omisión de decretar un régimen de convivencias, cuestionado por la quejosa, se advierte del informe justificado rendido por la responsable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia. visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya aplicación resulta por analogía, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Precisado lo anterior, se pone de manifiesto que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesó la incomunicación entre la progenitora con sus menores hijas, y el Juez determinó régimen de convivencias. Tal y como se advierte, del informe justificado que rindió el Juez responsable en el cual sostuvo que mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 414/2020 relativo al Juicio de controversia familiar sobre guarda, custodia provisional en su momento definitiva, así como el otorgamiento de pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales +++ promovido por +++ en contra de +++ se decretó régimen de convivencias ordinarias entre +++ con sus menores hijas de iniciales +++ de la siguiente manera: "DETERMINACIÓN DE REGIMEN DE CONVIVENCIAS ORDINARIAS (.) Por tanto, esta autoridad establece como régimen de CONVIVENCIAS entre +++ con sus menores hijas de iniciales +++ es el siguiente: A partir del fin de semana que abarca del dia veintisiete al veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, así como los dos fines de semana subsecuentes la parte demandada deberá convivir con las menores de referencia a partir del día viernes veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, de las diecisiete horas a las diecisiete horas del día domingo veintinueve de agosto del año en curso, esto es, las infantes deberán pernoctar en el domicilio que habita su progenitora; en consecuencia, ésta deberá recibirlas el día y hora indicado en el domicilio en el que actualmente se encuentran depositadas y reincorporadas a la hora y día señalado en el mismo domicilio. En el entendido de que los dos fines de semana subsecuentes, es decir del tres al cinco de septiembre de dos mil veintiuno y, del diez al doce inclusive del mismo mes y año, la convivencia ordenada se llevará con la misma dinámica; siendo que el fin de semana siguiente a esos dos fines de semana a que se hace referencia, deberán pasarlo con su progenitor y de nueva cuenta, pasando dicho fin de semana, se iniciaran tres fines de semana de convivencia con su progenitora, siguiendo la misma dinámica. Una vez decretadas las convivencias presenciales antes señalada, se requiere a ambas partes a fin de que atendiendo al riesgo sanitario que empera en el Estado, generado por la Pandemia COVID-19, eviten el traslado de las menores a lugares concurridos y siempre respetando la portación de cubrebocas; así como todas las medidas implementadas para evitar la propagación y contagio del virus mencionado. CONVIVENCIAS VIRTUALES Ahora bien, no obstante lo anterior, esta Juzgadora determina que las menores en cita deberán tener convivencia con su señora madre los días martes y jueves de todas las semanas, con un horario de dieciséis a diecisiete horas, siendo esta convivencia de manera virtual, por lo que resulta necesario requerir a la actora incidentista para que dentro del plazo legal de TRES DÍAS proporciones el número del medio electrónico en el cual deban llevarse a cabo dichas convivencias, atendiendo a la edad de las niñas. Sin que haya lugar a requerir al demandado incidentista el número de teléfono del cual se llevarían a cabo las convivencias virtuales señaladas, toda vez que éste proporciona dicho dato en el ocurso de cuenta registrado bajo el número 6761." Por tanto, si el Juez responsable emitió pronunciamiento respecto a las convivencias ordinarias, entre la madre con sus hijas, revela que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse vulnerado con aquélla, lo que actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, se debe sobreseer en el juicio respecto del aludido acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el presente apartado, se abordará el análisis de los conceptos de violación vertidos por ++++ ambos por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ mismos que no se transcriben por no ser necesarios para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" +++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ De la lectura integral de la demanda, se tiene que +++ por si y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ señala que el Juez responsable fue omiso en resolver el régimen de visitas y convivencias, fundando una de las tantas omisiones en los artículos 111 y 113 del Código adjetivo aplicable. Lo anterior se considera infundado. En efecto, la autoridad responsable mediante auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, ordenó reservar el acuerdo respectivo al escrito signado por la aquí quejosa, hasta en tanto tuviera verificativo la audiencia de conciliación y depuración, por ello en la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, admitió el incidente de reclamación respecto de las medidas provisionales decretadas en auto admisorio relativas a la guarda, custodia y alimentos, relativas a las menores, de conformidad con el numeral 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Por lo anterior, contrario a lo que estima la parte quejosa, si bien, mediante auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la autoridad reservó proveer sobre las medidas provisionales, en audiencia celebrada el veintidós de junio siguiente admitió el incidente de reclamación respecto de las medidas provisionales decretadas en el auto admisorio relativas a la guarda, custodia y alimentos; de ahí, que el auto emitido por la autoridad responsable se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que citó los preceptos legales que el caso en concretó requería y tomó en consideración el contenido del escrito para admitir el incidente de reclamación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del epígrafe y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" En otro aspecto, señala la quejosa que el juez responsable inobservó aplicar el control difuso y control de convencionalidad EX OFICIO, para fijar un régimen de visitas y convivencias con su progenitora. Esto se considera infundado. De acuerdo con la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once, en aras de proteger los derechos humanos del gobernado, los órganos jurisdiccionales deben ejercer el control convencional difuso, bajo el principio de interpretación conforme (acceso efectivo a la justicia), para lograr la armonización sobre los derechos nacional e internacional; técnica hermenéutica mediante la cual los derechos y postulados constitucionales son armonizados con valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por los Estados, para obtener su mejor eficiencia y protección. Por otro lado, el artículo 4o., párrafo octavo, constitucional consagra el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, cuestiones respecto de las cuales los ascendientes, tutores y custodios están obligados a preservar, siendo el Estado quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de dichas prerrogativas. En ese sentido, si el planteamiento de la litis en el juicio natural consiste en determinar la procedencia de la convivencia de un menor con sus progenitores, tanto con quien ejerce su custodia, como con el demandante de la controversia familiar relativa, es necesario ejercer el control de convencionalidad difuso y revisar los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con la comunidad internacional, para lo cual, debe acudirse a los artículos 9, numeral 3 y 10, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, que prevén que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. Además, de la interpretación armónica del pacto internacional y la Carta Magna, se concluye que en caso de la separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, siempre que no exista algún factor grave que ponga en riesgo su seguridad o adecuado desarrollo. A partir de estas premisas, las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores, pues de acuerdo con el pacto internacional aludido, los Estados Partes deberán respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Ahora en el caso, se considera que el Juez responsable si atendió el interés superior de las menores, y determinó un régimen de convivencia en forma presencial y libre con su madre (no custodia) con la finalidad de que las menores tengan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres. De tal manera, se considera que el juez si atendió el interés superior de las menores, por encima del conflicto de intereses de los padres que se contraponen con los derechos de las menores; por lo anterior procede negar el amparo solicitado. Ahora procede analizar los motivos de inconformidad, vertidos por +++ por si y en representación de sus menos hijas de Iniciales +++ De la lectura integral de la demanda, se tiene que el quejoso +++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ aduce de manera sustancial que por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 414/2020, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ordenó un régimen de convivencias entre sus hijas y su madre, consistente en convivencias presenciales y virtuales, lo que pone en riesgo la salud y vida de sus hijas por la pandemia de Covid-19. Ello es infundado, porque las convivencias a distancia mediante el uso de medios electrónicos, debe privilegiarse como una medida de protección reforzada de la vida y la salud física del menor de edad, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, sin embargo, ello no puede adoptarse como un criterio vinculante que necesariamente deba ser aplicado en todos los casos, en forma generalizada, sino que únicamente debe acudirse a él como una medida preventiva, de naturaleza precautoria, en aquellos asuntos en que, al proveer sobre las convivencias, no cuente con los elementos suficientes que le permitan conocer cuál es la situación específica del menor de edad involucrado, y no se encuentre en aptitud para poder establecer con certeza cuál es el escenario que representa el mayor beneficio para el menor de que se trate, conforme a las circunstancias que le rodean. Apoya esta consideración, la tesis CCCLXVIII/2014 (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, pagina 600, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio" Conforme lo anterior, se estima que en efecto, se pueden privilegiar los medios electrónicos para las convivencias de los menores con los progenitores no custodios, sin embargo, también debe atenderse a mantener y estrechar el lazo familiar entre los hijos y sus padres, pues resultan derechos fundamentales para el bienestar general de los menores de edad, que deben ser protegidos y garantizados, pues se considera que ello es acorde con su interés superior, de tener lazos estrechos y afectivos, especialmente con sus progenitores, pues para acceder a una postura diversa, tendría que justificarse que la convivencia directa con la madre, pudiere ser perjudicial para su sano desarrollo o su salud; máxime si radican a una distancia que razonablemente les permita convivir y entregarlas en los términos determinados por la autoridad responsable. Máxime que la responsable proveyó en el mismo acto reclamado que las convivencias deberán ser evitando lugares concurridos, con cubrebocas y tomando las medidas para evitar la propagación del virus Covid-19, lo cual además se estima apegado a derecho, atendiendo el interés superior del menor, en lo relativo a su salud. De ahí, que la pandemia por Covid-19 no se estima suficiente por si sola, para suspender las convivencias presenciales de los progenitores no custodios con sus menores hijos, sino que debe ser analizada de forma individualizada para fijar las condiciones y supuestos para la convivencia. En tal orden de ideas, es procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por +++ por sí y en representación de sus menos hijas de Iniciales ++++ en los términos establecidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ++++ por si y en representación de sus menos hijas de Iniciales +++ contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos y consideraciones expresadas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; personalmente.

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