Evelyn Margot González Peréz

Expediente 2226/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2226/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Evelyn Margot González Peréz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el cinco de diciembre del año pasado (fojas 112-114), dicha autoridad manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de diciembre del año en curso (foja 115), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el doce de diciembre siguiente (foja 117), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del dieciséis al dieciocho de diciembre del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de tres de abril de dos mil diecinueve (fojas 27-47), por una parte, se determinó sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 287/2019 y mediante ejecutoria emitida el veintiocho de octubre del año en curso, por el diverso Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del entro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se desechó el citado medio de impugnación; y, por tanto dejó firme la resolución recurrida,misma que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: "a) Los artículos 24, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097000338A18901247, realizado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. ." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Así, a través del oficio y anexo presentados el cinco de diciembre curso (fojas 112-114) en este Juzgado de Distrito, la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el dos de diciembre del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1635, la cantidad de $5,314.86 (cinco mil trescientos catorce pesos 86/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $5,242.44 (cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 86/100 moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción de algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve y el veintiocho de noviembre de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero a noviembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue 103.020; y para el mes de octubre de dos mil diecinueve de 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0144. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $5,242.44 (cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 86/100 moneda nacional), menos tres pesos por comisión bancaria $5,239.44 (cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 86/100 moneda nacional), se obtiene la cantidad de $5,314.86 (cinco mil trescientos catorce pesos 86/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $5,314.86 (cinco mil trescientos catorce pesos 86/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE DICIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la razón actuarial asentada por el fedatario judicial adscrito a este juzgado, de la cual se desprende que no ha sido posible notificar a las partes la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de este año en el juicio de amparo 2226/2019, dentro del término establecido en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en razón de las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. En consecuencia, considerando la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para realizar la diligencia encomendada, con fundamento el arábigo 26, fracción I, inciso e, de la ley de la materia, instrúyase nuevamente al servidor público mencionado a efecto de que realice las notificaciones de la sentencia en comento, en los términos indicados en dicho precepto legal. CÚMPLASE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe con justificación rendido por el Secretario General del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña. De igual manera, con sustento en los ordinales 9 de la ley de la materia, 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, por disposición de su numeral 2°, téngase como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la autoridad oficiante el que se indica en el informe de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Nayarit, por las razones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, todas del Gobierno del Estado de Nayarit, consistente en el artículo 22 fracción XVIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

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