Evelyn Leal González (Defensora)

Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
109/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Evelyn Leal González (Defensora)

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida EVELYN LEAL GONZÁLEZ, quien se ostenta como defensora de JESÚS PORTILLA GARCÍA, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 109/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, el promovente reclama a las autoridades señaladas como responsables ordenadoras siguientes: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) CONSEJO GENERAL TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) SUBSECRETARIO DE CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO (AUTORIDAD RESPONSABLE) JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO (AUTORIDAD RESPONSABLE) JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) La orden de traslado del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla al diverso Centro Federal de Reinserción Social Número 15 CPS Chiapas,y la omisión de notificarla Así como la ejecución de esa orden a las autoridades siguientes: DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO Y/0 COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCION SOCIAL NÚMERO 15 CPS CHIAPAS (AUTORIDAD RESPONSABLE) Traslado que, según refiere, se llevó a del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al Centro Federal de Reinserción Social Número 15 CPS Chiapas, el día diecinueve de marzo de dos mil veintidós, sin que le fuera notificado. De lo cual se advierte que el quejoso desconoce si dicha orden pudiera provenir de autoridad judicial o administrativa; empero, pese a no existir certeza de tal circunstancia, en ambos supuestos el juicio de amparo es improcedente contra las órdenes de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De las ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Así como, la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de rubro: " ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." ORDEN DE TRASLADO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL Entonces, de acuerdo con lo expuesto, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. Sin que obste lo anterior, que el quejoso en la demanda señale a diversas autoridades administrativas pertenecientes al ramo Ejecutivo del Estado de Puebla; en virtud de que se advierte que su señalamiento obedece únicamente a la intervención que les resulta -legalmente- como autoridades encargadas o responsables de los Centros de Reinserción Social en el Estado. AUTORIZADA Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a INGRID DENNIS ORGANISTA ACUA, quien tiene registrada su cédula ante el Registro Nacional de Profesiones. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. Por tanto, no se tiene por autorizados para recibir notificaciones a ******************** sino únicamente para imponerse de los autos, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Ramiro Ramírez Y Escobedo, Secretario que autoriza y da fe. *May

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