Evelyn Ivette Sosa Ceballos
Expediente 1428/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Evelyn Ivette Sosa Ceballos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, y habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, mediante el cual remite diversas constancias del expediente laboral 178/2014, de su índice. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la omisión por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, al no dictar proveído alguno respecto de los escritos de veintiuno de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil veinte, y ocho de enero, catorce de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentados por la parte quejosa ante la responsable, en los que solicita que la responsable dicte auto de ejecución contra la demandada Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, y de no comisionar al actuario de su adscripción para requerir a la demandada el cumplimiento del laudo , en el expediente laboral 178/2014, de su índice. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, al no dictar proveído alguno respecto de los escritos de veintiuno de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil veinte, y ocho de enero, catorce de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentados por la parte quejosa ante la responsable, en los que solicita que la responsable dicte auto de ejecución contra la demandada Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, y de no comisionar al actuario de su adscripción para requerir a la demandada el cumplimiento del laudo, en el expediente laboral 178/2014, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, con su informe justificado, mismas que se glosaron en este auto, se desprende que el veinte de agosto que transcurre, dictó un proveído donde se pronunció respecto de lo solicitado por la parte quejosa en los referidos escritos de veintiuno de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil veinte, y ocho de enero, catorce de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas se accedió a la solicitud de la parte quejosa para la ejecución del laudo y requerimiento de pago, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, a fin de que se sirva dar cumplimiento al laudo en dicho procedimiento de origen 178/2014, de su índice. Ahora bien, si bien es cierto que la parte quejosa también reclamó como acto el no comisionar al actuario de su adscripción para requerir a la demandada el cumplimiento del laudo, sin embargo, del informe justificado de la responsable se advierte que en el acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno dictado por la misma, no comisionó materialmente al Actuario para requerir a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán el cumplimiento al laudo, sin embargo requirió a la misma mediante oficio informe sobre el cumplimiento, lo que prácticamente se traduciría en el mismo fin, que es, que la parte demanda en el juicio laboral de origen se le requiera con el cumplimiento del laudo dictado, y cumpla cabalmente con el mismo. En el entendido que las documentales exhibidas por la autoridad responsable, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dictó un proveído donde se pronunció respecto de los escritos presentados por la parte quejosa, ante la responsable el veintiuno de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil veinte, y ocho de enero, catorce de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el procedimiento de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el proveído relativo a los escritos presentados por la parte promovente del amparo, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de veinte de agosto que transcurre en donde se acordó lo conducente. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable se pronunció respecto de los escritos presentados, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con veintisiete minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, mismo que obra agregado en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendido en tiempo y forma, el informe previo de la responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, celébrese la audiencia incidental relativa. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas de referencia, atento a su propia y especial naturaleza jurídica, hecho lo anterior, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra dicha etapa. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III.1428/2021, promovido por EVELYN IVETTE SOSA CEBALLOS, contra actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En la correspondiente demanda de amparo, EVELYN IVETTE SOSA CEBALLOS solicitó la suspensión definitiva contra la autoridad y por los actos consistentes en: La negativa y omisión de la autoridad responsable de no dictar el auto de ejecución en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, como lo solicitó la quejosa mediante escritos presentados el veintiuno de septiembre y veintiocho de octubre ambos de dos mil veinte, ocho de enero, catorce de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 178/2014. La omisión de no comisionar al actuario para requerir a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN el cumplimiento del laudo de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 178/2014. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de doce de agosto del año en curso, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, por duplicado; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo este día, previo diferimiento, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 139 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran en los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que los quejosos quisieron decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo EVELYN IVETTE SOSA CEBALLOS reclama: La negativa y omisión de la autoridad responsable de no dictar el auto de ejecución en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, como lo solicitó la quejosa mediante escritos presentados el veintiuno de septiembre y veintiocho de octubre ambos de dos mil veinte, ocho de enero, catorce de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 178/2014. La omisión de no comisionar al actuario para requerir a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN el cumplimiento del laudo de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 178/2014. TERCERO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, en la etapa respectiva, se dio cuenta con las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por la parte quejosa; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva atento a lo expresado por la autoridad en su informe previo, las pruebas admitidas y la naturaleza de los actos reclamados. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto aquí reclamado. Ahora, no obstante la certeza del acto reclamado, respecto de la suspensión definitiva solicitada, no ha lugar a conceder dicha medida cautelar toda vez que dichos actos por su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna, por lo que es improcedente otorgar respecto de los mismos tal medida, en términos de la tesis bajo el rubro siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Se afirma lo anterior ya que sólo puede ser suspendido lo que se viene desarrollando en forma positiva, en esas condiciones es incuestionable que no existe materia de suspensión cuando lo que se combate, como en el caso, son abstenciones de la autoridad señalada como responsable. En efecto, la suspensión que tiene por objeto evitar la consumación del acto con el consecuente perjuicio irreparable para la quejosa; en ese sentido la abstención o acto negativo, por su naturaleza misma, entraña la imposibilidad de consumación y, por lo tanto, decretar la suspensión de los mismos, no produciría efecto alguno, máxime que de concederse sería dar efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función, como ya se dijo, es únicamente la de conservar la materia de amparo. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta Jueza, R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a EVELYN IVETTE SOSA CEBALLOS, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud de los razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe previo rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia incidental relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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