Evelyn Fabiola García Juárez
Expediente 2226/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Evelyn Fabiola García Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se archiva el presente juicio como asunto concluido
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el complemento al informe justificado rendido por la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, sin que sea necesario dar vista a las partes, por las razones que a continuación se expondrán y que encuentran fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, se tiene como prueba de la referida autoridad, la constancia de notificación del oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, efectuada a la quejosa Evelyn Fabiola García Juárez, vía correo electrónico al usuario fabygj@hotmail.com; medio de contacto señalado por la directa justiciable en el escrito por el cual elevó una petición ante la autoridad responsable. En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".omisión o falta de contestación al escrito de fecha 13 de octubre del año 2022, presentado ante la Secretaría de Educación, Planeación y Evaluación con domicilio en la calle Héroes del 47 s/n. col. Gil y Sáenz, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable en dar contestación al escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, presentado por la quejosa Evelyn Fabiola García Juárez, por el cual solicitó se le informara los fundamentos legales, criterios y/o lineamientos internos de la Secretaría de Educación que sustenten y motiven el reajuste en un centro de trabajo y/o lugar de adscripción, en particular respecto a la antigüedad del docente. Ahora, de las constancias que fue remitida por la autoridad en comento tanto en su informe justificado como el complementario, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa ha cesado en sus efectos. El Artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" (Sic). El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Por tanto, este Juzgado considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en mérito a que de las constancias que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, remitió como apoyo a su informe justificado y complementario, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la aludida ley de la materia, en términos de su artículo 2°; se advierte: Que mediante oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación al escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, presentado por la quejosa Evelyn Fabiola García Juárez, por el cual solicitó se le informara los fundamentos legales, criterios y/o lineamientos internos de la Secretaría de Educación que sustenten y motiven el reajuste en un centro de trabajo y/o lugar de adscripción, en particular respecto a la antigüedad del docente. Oficio que le fue notificado a la quejosa Evelin Fabiola García Juárez, vía correo electrónico al usuario fabygj@hotmail.com, el cinco de enero pasado. Notificación que fue efectuada por la responsable con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de diciembre de dos mil veintidós); en esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos los actos materia de la litis constitucional, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haber contestado el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, mediante oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, al escrito presentado por la parte quejosa el trece de octubre de dos mil veintidós, así como notificarle dicha misiva el cinco de enero del año actual; esto es, durante la tramitación del presente juicio de amparo, hace que los efectos de los actos reclamados desaparezcan, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Segunda Sala, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que pase desapercibido lo dispuesto en la última parte del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a que en tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado y con ello este juzgador deberá dar vista a la parte quejosa; sin embargo, en el caso, el acto reclamado deriva de un derecho de petición, y en estos supuestos el juzgador no está obligado a seguir dicho procedimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 28/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2009127, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia: Común, localizables en la página 1599, que a la letra dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Máxime, que del análisis integral y comparado de lo peticionado por la justiciable en su escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, y la respuesta emitida por la responsable mediante oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, se desprende que dicho pronunciamiento es congruente y guarda una relación lógica con la solicitud planteada por la peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional; por tanto, este juzgador no se encuentra constreñido a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta; es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Dicha afirmación tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 02 de diciembre de 2022,y de registro digital 2025580, el cual a la letra dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Siendo las nueve horas del dieciocho de Enero de dos mil veintitrés, la suscrita actuaria judicial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, hago constar que no se presento a notificarse de manera personal la parte quejosa, en el presente juicio de garantías, a pesar de haberle dejado aviso de notificación, siendo procedente hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo en la diligencia anterior, por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de diez de Enero de dos mil veintitrés, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a las nueve horas del dieciocho de Enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Doy fe. EL CITADO AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Villahermosa, Tabasco, diez de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el complemento al informe justificado rendido por la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, sin que sea necesario dar vista a las partes, por las razones que a continuación se expondrán y que encuentran fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, se tiene como prueba de la referida autoridad, la constancia de notificación del oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, efectuada a la quejosa Evelyn Fabiola García Juárez, vía correo electrónico al usuario fabygj@hotmail.com; medio de contacto señalado por la directa justiciable en el escrito por el cual elevó una petición ante la autoridad responsable. En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".omisión o falta de contestación al escrito de fecha 13 de octubre del año 2022, presentado ante la Secretaría de Educación, Planeación y Evaluación con domicilio en la calle Héroes del 47 s/n. col. Gil y Sáenz, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable en dar contestación al escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, presentado por la quejosa Evelyn Fabiola García Juárez, por el cual solicitó se le informara los fundamentos legales, criterios y/o lineamientos internos de la Secretaría de Educación que sustenten y motiven el reajuste en un centro de trabajo y/o lugar de adscripción, en particular respecto a la antigüedad del docente. Ahora, de las constancias que fue remitida por la autoridad en comento tanto en su informe justificado como el complementario, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa ha cesado en sus efectos. El Artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" (Sic). El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Por tanto, este Juzgado considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en mérito a que de las constancias que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, remitió como apoyo a su informe justificado y complementario, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la aludida ley de la materia, en términos de su artículo 2°; se advierte: Que mediante oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación al escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, presentado por la quejosa Evelyn Fabiola García Juárez, por el cual solicitó se le informara los fundamentos legales, criterios y/o lineamientos internos de la Secretaría de Educación que sustenten y motiven el reajuste en un centro de trabajo y/o lugar de adscripción, en particular respecto a la antigüedad del docente. Oficio que le fue notificado a la quejosa Evelin Fabiola García Juárez, vía correo electrónico al usuario fabygj@hotmail.com, el cinco de enero pasado. Notificación que fue efectuada por la responsable con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de diciembre de dos mil veintidós); en esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos los actos materia de la litis constitucional, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haber contestado el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, mediante oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, al escrito presentado por la parte quejosa el trece de octubre de dos mil veintidós, así como notificarle dicha misiva el cinco de enero del año actual; esto es, durante la tramitación del presente juicio de amparo, hace que los efectos de los actos reclamados desaparezcan, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Segunda Sala, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que pase desapercibido lo dispuesto en la última parte del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a que en tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado y con ello este juzgador deberá dar vista a la parte quejosa; sin embargo, en el caso, el acto reclamado deriva de un derecho de petición, y en estos supuestos el juzgador no está obligado a seguir dicho procedimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 28/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2009127, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia: Común, localizables en la página 1599, que a la letra dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Máxime, que del análisis integral y comparado de lo peticionado por la justiciable en su escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, y la respuesta emitida por la responsable mediante oficio SE/SPyE/UESICAMM/1186/2022, se desprende que dicho pronunciamiento es congruente y guarda una relación lógica con la solicitud planteada por la peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional; por tanto, este juzgador no se encuentra constreñido a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta; es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria. Dicha afirmación tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 02 de diciembre de 2022,y de registro digital 2025580, el cual a la letra dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
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MESA IX. SE DA VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA...
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