Evelyn Castro Sánchez
Expediente 1885/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1885/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Evelyn Castro Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. La Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de quince de noviembre del año en curso, dictado en el amparo en revisión número ********************, de su índice, del que se advierte que mediante auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, informó lo referente respecto a la búsqueda que ordenó realizar del tomo de pruebas que le fue solicitado en el presente asunto. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Oficio El Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y, al efecto, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Fundamentación. Artículo 192 de la Ley de Amparo Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Requerimiento cumplido Se tiene por desahogado el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Gestiones Este juzgado federal toma conocimiento de las gestiones realizadas, para los efectos legales conducentes. Requerimiento A fin de contar con los elementos suficientes para hacer el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento ordenado en la ejecutoria de mérito, requiérase a la Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, para que en el término de CINCO DÍAS, informe si obtuvo respuesta por parte del Secretario Auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, al efecto, el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, le devolvió el exhorto número 192, enviado a fin de que se emplace a la demandada, aquí quejosa, ----, al juicio ejecutivo mercantil 192/2020, o bien, respecto del trámite que le haya dado. Apercibimiento En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en autos, que se reitera en este momento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la primera certificación secretarial de la que se advierte que el plazo de tres días concedido al tercero interesado en auto de seis de octubre de dos mil veintidós, a fin de que exhibiera cuatro copias del escrito por el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió del catorce al dieciocho de octubre del año en curso, toda vez que fue notificado vía electrónica el trece de octubre actual; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, recibido en este Juzgado de Distrito el cinco de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, toda vez que de autos no se desprende que las demás partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual por una parte se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió el amparo en el juicio en que se actúa; como se advierte de la imagen siguiente: En consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Requiere cumplimiento. De conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, para que en el plazo de tres días, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, es decir, realice lo siguiente: Apercibimiento. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá remitir a este Juzgado Federal, dentro del mismo plazo, las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Superior Jerárquico. Además, dígase a la citada autoridad que no es el caso requerir a ningún otro funcionario como su superior jerárquico, en virtud de que al tratarse la autoridad responsable de un órgano que realiza una función jurisdiccional, cuyo ejercicio no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Penas que pueden imponerse a las autoridades. Se le hace saber a la autoridad obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, que las penas que se le podrán imponer en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Incidente de Inejecución. Asimismo, se apercibe a la autoridad constreñida al cumplimiento, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Apercibimiento en caso de cumplimiento extemporáneo. Se precisa a la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Responsabilidades que pueden atribuirse a las autoridades. Hágase saber a la autoridad constreñida a acatar la sentencia de amparo, que de incurrir en evasivas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se situaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y el diverso 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando dejen el cargo que actualmente ostentan, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvieran al frente de él, de manera que podrán ser consignadas, aunque dejen de ser titulares obligados. Escrito. El tercero interesado Adelfo Paredes Hernández, pretende desahogar la prevención formulada en auto de seis de octubre del año en curso, y al efecto exhibe cuatro copias del escrito de presentación y agravios del recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Además, señala que el acuerdo por medio de cual se le requirieron copias para el traslado relacionadas al recurso de revisión que intenta no se le ha notificado formalmente, lo que expone del siguiente modo: Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Dígase al ocursante que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez que como se desprende de la certificación de cuenta, transcurrió en su integridad el término concedido a la parte quejosa en auto de seis de octubre de dos mil veintidós, sin que la parte promovente haya desahogado las prevenciones ahí formuladas dentro del plazo otorgado para dicho efecto. Esto, tomando en cuenta que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído seis de octubre de dos mil veintidós, transcurrió el catorce al dieciocho de octubre del año en curso, toda vez que ese acuerdo se le notificó vía electrónica el trece de octubre actual, y dicha notificación surtió sus efectos ese mismo día, de conformidad con lo establecido en los numerales 30, fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sin que dentro del plazo el catorce al dieciocho de octubre del año en curso presentara escrito alguno para cumplir con lo requerido por este Juzgado de Distrito. De este modo, el hecho de que el ocursante manifieste en su escrito de cuenta, que estima que no le ha sido notificado formalmente el proveído de seis de octubre del presente año, el cual se ordenó notificar vía electrónica, como se advierte de las certificaciones que constan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; conlleva una apreciación inexacta de las reglas para las notificaciones vía electrónica que están claramente definidas en el numeral 31, III, de la Ley de Amparo, por lo que esto no constituye impedimento para estimar que el plazo no ha transcurrido. El precepto invocado establece lo siguiente: Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: III. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico. Acorde con lo anterior del Acuse de Generación de Notificación del auto de seis de octubre del año que transcurre, al tercero interesado Adelfo Paredes Hernández, se advierte que dicho proveído fue notificado el siete de octubre de la presente anualidad, y se tuvo por realizada la notificación el trece de octubre siguiente, al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo; como se aprecia de la constancia de notificación que a continuación se inserta. Notifíquese y electrónicamente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Gabriela Toxtle Limón, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dicta la siguiente: SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 182/2022, promovido por Pascual Velasco Bautista contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla. ANTECEDENTES 1. Demanda. Por escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, Pascual Velasco Bautista demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Precisión del acto reclamado, consiste en la resolución dictada el cinco de enero de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil 721/2013, a través de la cual el Juez responsable declaró procedente la tramitación de dicho recurso y confirmó el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, por no causar ningún agravio al recurrente. 2. Trámite. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional desechó la demanda presentada por Pascual Velasco Bautista. Mediante resolución dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro de la queja 59/2022, declaró fundado el recurso de queja y encomendó proveer sobre la admisión de la demanda presentada por la parte quejosa. Recibida la ejecutoria, por proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, originándose la formación del juicio número 182/2022, la cual se tramitó según aparece de autos. 3. Audiencia constitucional. Previos los trámites de ley, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES A.- COMPETENCIA 4. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como en el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a la jurisdicción de este juzgado. B.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 5. Con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 721/2013 que remitió el Juez responsable como justificación de su informe, quedó acreditada la existencia del acto reclamado; constancias cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 217, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. C.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 6. Este Juzgado de Distrito no transcribirá los conceptos de violación expresados, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a ello y, por otra, basta con resolver las cuestiones efectivamente planteadas, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, lo que es acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" D- ESTUDIO DE FONDO 7. Los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces. En efecto, para así considerarlo, previamente, cabe precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo indirecto, consiste en la resolución pronunciada el cinco de enero de dos mil veintidós, por el Juez de lo Civil de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil 721/2013, a través de la cual el Juez responsable declaró procedente la tramitación de dicho recurso y confirmó el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, por no causar ningún agravio al recurrente. Ahora, la parte quejosa, como concepto de violación, expresa los argumentos siguientes: Que la resolución reclamada es violatoria de derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que el Juez responsable hizo una incorrecta interpretación del artículo 1414 del Código de Comercio, al aplicar de manera supletoria una disposición contenida en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, ya que lo relativo a la vigencia del avalúo no es materia de supletoriedad porque no se trata de un incidente. Asimismo, argumenta que el remate en el juicio ejecutivo mercantil no se encuentra regulado de manera deficiente, que pudiera decirse que se encuentra ante una insuficiencia y, por ende, se requiera la aplicación de la ley adjetiva de manera supletoria. De igual forma, señala que en el tiempo transcurrido desde que se realizó el avalúo del inmueble embargado haya variado, dicha situación podría afectar tanto al ejecutado como al ejecutor, pues el inmueble puede aumentar su valor por mejoras al mismo, pero también puede disminuir su valor por cualquier circunstancia y cualquiera de los casos resultaría en perjuicio de las partes. De la misma manera, señala que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, exhibió el avalúo y con fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve solicitó la venta del inmueble embargado; sin embargo, el demandado interpuso demanda de amparo indirecto, recurso de revisión, asuntos que mediaron entre el año dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, por lo que resulta injusto que se le imponga una carga más en presentar un nuevo avalúo, beneficiando al demandado, cuando el demandado fue responsable del retardo del procedimiento al promover dichos asuntos. Ahora bien, en oposición a lo que se argumenta en sus conceptos de violación, la resolución reclamada sí fue emitida en un procedimiento en el cual se dio cumplimiento a las formalidades esenciales que lo rigen y que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Formalidades que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Se afirma lo anterior, porque de las constancias de autos se advierte que el Juez responsable sí dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, en relación con los diversos 1334 y 1335 del Código de Comercio, en cuanto a las disposiciones del recurso de revocación. Así es, habida cuenta que la parte actora en el juicio ejecutivo civil 721/2013, (aquí quejosa) obtuvo sentencia favorable, por lo que resulta evidente que desde el inicio la parte quejosa conoció el procedimiento y sus consecuencias. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y tres, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De igual forma, es incuestionable que la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues el Juez responsable hizo referencia a los motivos y causas particulares que consideró para confirmar el auto recurrido en revocación, apoyando su determinación en lo dispuesto en los artículos 1334, 1335, 1410, 1411, 1412 y 1413del Código de Comercio, así como los numerales 481, 484, 492, 493 y 494 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos sí son aplicables a la Litis, pues hacen referencia al recurso de revocación. Aunado a lo anterior, por lo que hace a la motivación, el Juez responsable expuso los argumentos por los que consideró confirmar el auto recurrido, que son los siguientes: Expuso los agravios del recurrente. Citó los artículo 1410, 1411, 1412 y 1413del Código de Comercio, así como los numerales 481, 484, 492, 493 y 494 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Señaló que, con base a los fundamentos que citó, los conceptos de violación del recurrente resultaban infundados, debido a que el auto recurrido lo remitía al auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se le hizo saber que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de llevar a cabo la audiencia de remate, debido a que no guardaba estado los autos para decretar dicha fase procesal. Determinó que bastaba imponerse de autos, para advertir que faltaban requisitos por cumplir para decretar el remate, como el de actualizar el avalúo del bien inmueble embargado, debido a que el avalúo exhibido se encontraba vencido en su vigencia, toda vez que a la fecha en que se solicitó el remate habían transcurrido más de un año con cuatro meses y que tal como lo establece el artículo 484, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el avalúo para ser considerado en el remate debía tener un antigüedad máxima de un año. Especificó que el avalúo podría definirse como el procedimientos por el que se determina el precio de los bienes objeto de remate, mediante dictámenes elaborados por expertos en auxilio de las partes y del órgano jurisdiccional, que sirve de base para su venta en pública almoneda, por lo que era evidente que el actor debía cumplir con esa carga procesal de exhibir el avalúo actualizado y que el mismo al momento de solicitar el remate no debía tener una antigüedad máxima de un año. Para sustentar su determinación citó la tesis de rubro: "AVALÚOS DE INMUEBLES EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA ESTABLECER EL PLAZO DE SU VIGENCIA DEBE APLICARSE LA LEY PROCESAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE". Así, arribó a la conclusión de confirmar el auto recurrido, ya que no le causaba agravio al recurrente. Por tanto, contrario a lo que se duele la quejosa, de la revisión exhaustiva de las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, se advierte que sí fundó y motivó la resolución reclamada; de ahí que no trasgreda en perjuicio de la parte quejosa garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 204, visible en la página ciento setenta y seis, Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" También, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y dos, materia común, tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la Litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." De igual forma, es inconcuso que sí se cumplió con los principios de tutela judicial y de acceso a la justicia, que contempla el segundo párrafo del artículo 17, de nuestra Carta Magna y que se traducen en: 1) Que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 2) Resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 3) Servicio gratuito, y 4) Prohibidas las costas judiciales. Lo anterior, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Tal postulado descansa a su vez en los siguientes principios: 1. Justicia pronta: Conforme a la cual las autoridades se encuentran constreñidas a dirimir los conflictos sometidos bajo su potestad, dentro de los términos y plazos que para tal efecto prevean las leyes; 2. Justicia completa: La autoridad que conoce del asunto, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, resuelve si asiste razón al gobernado sobre los derechos en disputa, analizando todos y cada uno de los puntos debatidos; 3. Justicia imparcial: Descansa en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado de que el fallo que se emita en la controversia de la cual forma parte, esté apegado a derecho y no exista inclinación hacia alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita: Radica en que los órganos del Estado y los funcionarios encargados de su impartición, no cobrarán a las partes en contienda contribución alguna. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia Constitucional, página 209, cuyo rubro y texto dice: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5, de rubro y texto: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. En el mismo orden de ideas, en contra de lo que argumenta la parte quejosa, la resolución reclamada, mediante la cual confirmó el auto recurrido en revocación, sí cumple con los principios de congruencia interna y externa que toda resolución debe contener. Es así, ya que en dicha resolución se analizaron todos los puntos en cuestión, tan es así, que la autoridad responsable determinó confirmar el auto recurrido al determinar que faltaban requisitos por cumplir para decretar el remate, como el de actualizar el avalúo del bien inmueble embargado, debido a que el avalúo exhibido se encontraba vencido en su vigencia, toda vez que a la fecha en que se solicitó el remate habían transcurrido más de un año con cuatro meses y que tal como lo establece el artículo 484, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el avalúo para ser considerado en el remate debía tener un antigüedad máxima de un año. Además, no existe incongruencia o falta de exhaustividad, ya que la Juez responsable tomó en consideración las manifestaciones de las partes, planteó la litis y consideró confirmar el auto recurrido en revocación. Por tanto, se advierte que la responsable atendió al contenido del propio artículo 17, de la Carta Magna, respetando aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, sin que del contenido de la resolución reclamada se advierta que exista incongruencia y parcialidad; en consecuencia, el concepto de violación que se analiza deviene infundado. Por otra parte, respecto al argumento de la parte quejosa en el sentido de que el Juez responsable hizo una incorrecta interpretación del artículo 1414 del Código de Comercio, al aplicar de manera supletoria una disposición contenida en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, ya que lo relativo a la vigencia del avalúo no es materia de supletoriedad porque no se trata de un incidente. Dicho argumento, resulta infundado, ya que el Juez responsable para sustentar su determinación de que el avalúo se encontraba vencido y el actor debía exhibir uno actualizado con fundamento en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, citó el criterio jurisprudencial: AVALÚOS DE INMUEBLES EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA ESTABLECER EL PLAZO DE SU VIGENCIA DEBE APLICARSE LA LEY PROCESAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE"; mismo que lo faculta a invocar de manera supletoria dicho código adjetivo, por tanto, este órgano jurisdiccional concurre con la resolución dictada por el Juez responsable, toda vez que como se advierte entre el avalúo y la solicitud de remate ha mediado un lapso sumamente considerable, esto es, un año cuatro meses y, dado que el transcurso del tiempo impacta positiva o negativamente en el valor de los objetos de comercio, como reflejo o consecuencia de los procesos inflacionarios o de pérdida del valor adquisitivo de la moneda, resulta necesaria la exhibición de un avalúo actualizado. Sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1826, Registro digital: 177694, Novena Época, Tesis: VI.2o.C.424 C, de rubro y texto siguiente: AVALÚO EN MATERIA MERCANTIL. PUEDE ACTUALIZARSE EL PRACTICADO PARA FIJAR EL PRECIO DEL BIEN SUJETO A REMATE SI ENTRE SU REALIZACIÓN Y LA FECHA DE LA VENTA JUDICIAL HA MEDIADO UN LAPSO CONSIDERABLE O ACONTECEN SUCESOS QUE IMPACTAN EN EL VALOR DEL OBJETO EMBARGADO. La interpretación sistemática de los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio, permite concluir de que el remate tiene como propósito principal vender los bienes embargados para con su producto hacer pago al acreedor del importe de su crédito, o bien que éste se cubra a través de la adjudicación de lo embargado. Por su parte, el avalúo se puede definir como el procedimiento mediante el cual se determina o fija el precio de los bienes objeto del remate, a través de dictámenes que expertos elaboran en auxilio de las partes y del órgano jurisdiccional, el cual servirá de base para su venta en pública almoneda, o en su caso, para la adjudicación al ejecutante. De tal manera que si el avalúo es el instrumento utilizado para la fijación del precio de la cosa que ha de rematarse, nada impide que ese precio pueda actualizarse, en atención a que el valor de las cosas es dinámico, pero ello siempre y cuando concurran causas que incidan en su valor y lo justifiquen. Uno de esos motivos es el transcurso del tiempo, un desastre natural o el daño o deterioro del bien embargado; considerar lo contrario, haría nugatorio el propósito buscado con el procedimiento de determinación y fijación del precio del bien objeto de ejecución. Así por ejemplo, en el caso de que disminuya el valor de la cosa con motivo de un siniestro, el ejecutante se vería en la necesidad de actualizar el precio de ese bien, y si se le niega esa posibilidad, entonces también se le estaría negando el derecho a recibir el pago del total del importe de su crédito; o bien, tratándose del demandado si entre la fecha del avalúo y la de remate ha mediado un lapso sumamente considerable y sobre ese precio se intenta llevar a cabo la venta judicial, también se le privaría del derecho a que se determine el valor real de lo embargado, pues es de dominio público que el transcurso del tiempo impacta positiva o negativamente en el valor de los objetos de comercio, como reflejo o consecuencia de los procesos inflacionarios o de pérdida del valor adquisitivo de la moneda. De igual manera, los restantes conceptos violación resultan infundados, pues el hecho de que se haya interpuesto amparo y recurso de revisión, no es motivo para dejar de cumplir con el requisito de actualizar el avalúo del bien inmueble embargado en el juicio de origen, pues sostener lo contrario haría nugatorio el propósito buscado con el procedimiento de determinación y fijación del precio del bien objeto de ejecución. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 615, Registro digital: 204117, Novena Época, Tesis: I.4o.C.6 C, de rubro y texto siguiente: REMATE EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CASO EN QUE PROCEDE NUEVO AVALUO. (APLICACION SUPLETORIA DEL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 511 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El contenido del segundo párrafo del artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que prevé el nuevo avalúo de un bien que se va a rematar, por haber variado el precio ya determinado, debido al transcurso del tiempo o a mejoras, resulta aplicable, supletoria y analógicamente, al procedimiento de remate de un bien embargado en un juicio ejecutivo mercantil, cuando entre la fecha en que se efectúa el avalúo y la en que se pretende realizar el remate, transcurre un tiempo considerable. La aplicación supletoria del precepto opera, debido a que el Código de Comercio, en su artículo 1054, autoriza la supletoriedad de las leyes de procedimientos locales en los juicios mercantiles; también prevé la figura del procedimiento de remate de un bien secuestrado, previo avalúo, en los juicios ejecutivos mercantiles, en los artículos 1410 a 1412, pero lo hace de manera incompleta, entre otras cuestiones, respecto a los avalúos, pues no resuelve todas las situaciones que se pueden presentar, como por ejemplo, cuando las partes fijan previamente una suma de dinero para que sirva de base al remate, o si cambian los precios de los bienes notoriamente, por cualquier motivo; y el contenido del párrafo segundo del artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece la actualización del precio del bien a rematar, no contraría las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, pues lo que se pretende con el avalúo, dentro del procedimiento de remate, es que el bien se venda con base en un valor real, vigente a ese momento, propósito coincidente con los fines perseguidos por el Código de Comercio. La aplicación es analógica, porque existe la misma razón para dar idéntica solución al caso previsto y al no contemplado por la ley, pues la razón que sustenta al artículo 511, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al 1410 del Código de Comercio, consiste en que, para proceder a la venta judicial, se practique un avalúo cierto y actual del bien embargado, a fin de que se remate a un precio vigente, como garantía, para el ejecutante, respecto de su crédito, y para el ejecutado, respecto de su derecho de propiedad sobre el bien embargado, y su consecuente derecho a liberarse de la deuda, con el producto de la venta judicial, y a recibir el remanente del precio obtenido en la enajenación, y evitar así que el remate resulte un acto injusto y una fuente de enriquecimiento fundada en la necesidad de quienes no tienen dinero en efectivo para cumplir sus obligaciones. Existe similitud entre el caso previsto legalmente y el no regulado en la legislación mercantil, porque en ambos se puede dar la hipótesis de la existencia de un precio ya determinado para el remate, por las partes o en un avalúo anterior; el transcurso de un tiempo considerable, y la variación del precio del bien, por el transcurso del tiempo o por mejoras. Algunos podrían considerar que no cabe la mencionada aplicación analógica, porque si el legislador no extendió la norma relativa a la fijación del precio para el remate por segunda o ulterior ocasión, fue porque no lo quiso hacer; sin embargo, se estima que no es así, pues la actividad legislativa se realiza ordinariamente, en el campo del deber ser y no en el campo contrario; es decir, al establecer una disposición legal, se coloca en la hipótesis de que las otras normas se cumplen, y no en el supuesto de que se incumplen y se producen situaciones irregulares, sobre todo cuando se trata de normas cuyo cumplimiento se encomienda a una autoridad. Entonces, si los plazos previstos por la ley mercantil para concluir un procedimiento de remate son muy breves, el legislador no se colocó en la necesidad lógica de emitir reglas para cuando tales plazos no se acaten y los procedimientos se prolonguen desmedidamente; por lo que es válido adoptar la solución dada al caso análogo. Lo expuesto no desvirtúa la celeridad que caracteriza al juicio ejecutivo mercantil, porque el supuesto para tal reavalúo sólo se puede actualizar cuando se ha dejado de cumplir por el juez y las partes, con los términos exigidos para conseguir esa celeridad, permitiendo así el cambio de las circunstancias que deben existir al momento del remate. En ese sentido, este órgano jurisdiccional converge con lo dicho por el Juez responsable en cuanto a que el actor debe exhibir el avalúo del bien inmueble embargado actualizado, debido a que el avalúo para ser considerado en el remate debe tener una antigüedad máxima de un año. Por todo lo anterior, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación NO AMPARA NI PROTEGE a Pascual Velasco Bautista, contra la resolución dictada por el Juez responsable en el juicio de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercero interesada. Así lo resolvió y firma Francisco René Olivo Loyo, juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Guillermo Uscanga Salgado, que autoriza y además certifica que esta sentencia se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.EL SUSCRITO GUILLERMO USCANGA SALGADO, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL JUICIO DE AMPARO 182/2022. CONSTE.
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