Evelin Socorro Carrasco Flores
Expediente 854/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Evelin Socorro Carrasco Flores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual devuelve las copias certificadas del presente juicio de amparo que le fueran remitidas por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte. DESTINO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS Con relación a las copias que remite el homologo oficiante, se ordena destruir en virtud que son copias de las constancias que obran en autos. Ahora, visto el estado procesal de autos se advierte que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo; por tanto, se ordena su devolución al archivo físico de este juzgado federal. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones y Unidad de Atención al Derechohabiente, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "De inmediato emitan una respuesta fundada y motivada, respecto de la solicitud de pago de pensión relativo al dictamen CP/79502/2022. Se realicen las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación le correspondan al quejoso, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/79502/2022 de uno de julio de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el mismo. Asimismo, las cantidades adeudadas a partir de la fecha en que la quejosa tuvo el derecho de recibir el pago de su pensión, deberán entregarse actualizadas legalmente. Notifique dicha respuesta de forma personal a la parte solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de aceptación de pensión."
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de amparo que promueve ******, por propio derecho, fórmense los expedientes físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 854/2023-II-A. AUTORIDAD RESPONSABLE Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. ACTO RECLAMADO La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada el tres de mayo de dos mil veintitrés, con número de folio 471.464.174-43100. DESECHAMIENTO En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso, se advierte que la peticionaria de garantías, reclama lo siguiente: La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada el tres de mayo de dos mil veintitrés, con número de folio 471.464.174-43100. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Sin embargo, el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el trámite administrativo realizado por la parte quejosa ante en el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Para evidenciarlo, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. En esa guisa, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, en lo que interesa, establece: "ARTICULO 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Por otra parte, el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, establece: "ARTICULO 75. [.] El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, para lo que interesa, que la autoridad responsable cuenta con un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la hecha por la parte quejosa. Ahora, en el presente asunto, como se advierte del acuse de recibo de solicitud de pensión, recibido en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); se colige que realizó una petición por escrito el tres de mayo de dos mil veintitrés; del cual se evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, el ocho de junio de dos mil veintitrés, solo han transcurrido veinticinco días hábiles; motivo por el cual, no se han trasgredido lo dispuesto en los artículos 8° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diversos 73 y 75, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio y del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, respectivamente. Pues de una consulta a la página oficial del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) Calendario de pagos | ISSEMyM, se advierten los días laborables e inhábiles para dicho instituto, los cuales, en el caso, fueron el cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, y tres y cuatro de junio de la presente anualidad, tal como se demuestra en la imagen siguiente: Con lo anterior, es evidente que el plazo de treinta días que tiene la autoridad responsable para dar contestación a la petición de la quejosa respecto a su pensión, está trascurriendo del cuatro de mayo al quince de junio de dos mil veintitrés, descontando días inhábiles. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza (actos omisivos), es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; máxime que del contenido de la demanda no se aprecia que exista una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en las listas de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. Asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica para tal efecto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la parte promovente indica que tiene registrado el usuario "DANAEMH", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una vez corroborados los mismos, con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, esta Juzgadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, autoriza la consulta del expediente electrónico, sin que ello incluya el acceso a los acuerdos y determinaciones emitidos sino hasta que hayan sido notificados en los términos ordenados en párrafos que anteceden, por lo que se instruye a los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional tener en consideración lo aquí acordado al momento de notificar a las partes. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 257, 261 y 262 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes, etc., para consulta electrónica y no física de éstos). De igual forma, se requiere a la Secretaria y Oficial Judicial, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta e inmediata a sus destinatarios. Aunado a lo anterior y de conformidad con los artículos 2°, fracción II y 253, del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", se requiere a los oficiales Administrativos, Actuarios Judiciales y Secretarios, para que conforme al Manual de puestos y funciones, se cumpla en su integridad con el expediente electrónico que dio origen al sumario en que se actúa. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
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