Evelin Nohemi Ronzón Montiel

Expediente 507/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
507/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Evelin Nohemi Ronzón Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d) y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo origen del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto, con posterioridad al CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    DESECHAMIENTO.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dieciséis de 11 octubre de dos mil veinte. 12 Vista la demanda de amparo 13 promovida por Evelin Nohemí Ronzón 14 Montiel contra actos del Director del 15 Centro de Reinserción Social, Zona I, 16 Xalapa, con sede en Pacho Viejo, 17 Veracruz y otra autoridad; háganse las 18 anotaciones respectivas en el libro de 19 gobierno y regístrese con el número 20 507/2020, que le corresponde. 21 Ahora bien, analizada la demanda 22 de amparo origen de este juicio, se 23 considera procedente efectuar el 1 pronunciamiento siguiente. 2 DESECHAMIENTO 3 En primer término, debe decirse que 4 el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé 5 la facultad del Juez de Distrito de examinar 6 la demanda de amparo y, en caso de que 7 encuentre un motivo manifiesto e 8 indudable de improcedencia, desecharla 9 de plano. 10 Así, debe tenerse en cuenta que lo 11 manifiesto se da cuando el motivo de 12 improcedencia se advierte en forma 13 patente y absolutamente clara de la 14 lectura del líbelo y lo indudable resulta de 15 la certidumbre y plena convicción que 16 se tenga de que la causa de 17 improcedencia en estudio es operante en 18 el caso concreto. 19 De tal modo que aun cuando se 20 admitiera la demanda y se substanciara 21 el procedimiento, no resultara factible 22 formarse una convicción diversa, 1 independientemente de los elementos que 2 eventualmente pudieran allegar las partes. 3 Tal consideración encuentra 4 sustento, por identidad de razón, en la 5 jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por 6 el Primer Tribunal Colegiado en Materia 7 Administrativa del Primer Circuito, visible 8 en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, 9 del Semanario Judicial de la Federación y 10 su Gaceta, con número de registro 11 196196, de rubro siguiente: 12 DESECHAMIENTO DE LA 13 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 14 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 15 INDUDABLE. 16 En el caso, contra el acto reclamado, 17 se estima actualizada la causa de 18 improcedencia prevista en el artículo 61, 19 fracción XX, de la Ley de Amparo, como 20 se explica a continuación. 21 De acuerdo con la disposición 22 referida, antes de acudir al juicio de 23 amparo contra actos de autoridades 1 distintas de los tribunales judiciales, 2 administrativos o del trabajo, los 3 solicitantes de la protección constitucional 4 deben agotar previamente algún recurso 5 o medio de defensa legal por virtud del 6 cual dichos actos puedan ser 7 modificados, revocados o nulificados. 8 Lo anterior, siempre que conforme 9 con las mismas leyes se suspenda el 10 efecto de dicho acto de oficio o mediante 11 la interposición del juicio, recurso o medio 12 de defensa legal que haga valer el 13 promovente, con los mismos alcances que 14 los que prevé la Ley de Amparo y sin 15 exigir mayores requisitos que los que la 16 misma consigna para conceder la 17 suspensión definitiva, ni plazo mayor que 18 el que establece para el otorgamiento de la 19 suspensión provisional, 20 independientemente de que el acto en sí 21 mismo sea considerado, o no, susceptible 22 de ser suspendido de acuerdo con esa ley. 1 Al respecto es aplicable la tesis de 2 jurisprudencia marcada con el número 3 I.6o.C. J/37, Novena Época del Semanario 4 Judicial de la Federación y su Gaceta, del 5 tomo XV mayo de 2002, página 902, cuyo 6 rubro dispone: 7 "AMPARO. PARA SU 8 PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO 9 AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS 10 DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN 11 ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL 12 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE 13 RIGE EN EL JUICIO 14 CONSTITUCIONAL." 15 Por otra parte, debe decirse que los 16 artículos 1, 2, 9, 30, 74 a 78, 107 a 116 y 17 130 a 135 de la Ley Nacional de 18 Ejecución Penal, cuyo ámbito de 19 aplicación es para todas las personas 20 privadas de la libertad, sin importar el 21 estado en que se encuentre su proceso 22 penal; prevén un mecanismo de control 23 que incide respecto de las condiciones 1 de internamiento de las personas en 2 reclusión. 3 El cual, otorga la posibilidad de 4 formular peticiones administrativas y que 5 cumple con todas las características de un 6 medio de defensa sencillo, rápido y 7 eficaz; por lo que, los internos se 8 encuentran facultados para reclamar sin 9 mayores formalismos, ante la autoridad 10 penitenciaria o el juez respectivo, las 11 omisiones inherentes a sus 12 condiciones de internamiento. 13 Condiciones relacionadas con su 14 salud, lugar de reclusión, cambio de 15 módulos, estancias, dormitorios, 16 alimentación, entrega de vestimenta y 17 artículos personales y, en general, con 18 todos los actos que afecten sus 19 condiciones de vida digna y segura en 20 reclusión. 21 Además, el citado instrumento ofrece 22 una asistencia continua y personalizada al 23 recluso, pues en ciertos supuestos, podrá 1 acudir de manera directa a la autoridad 2 penitenciaria a explicarle su petición, la 3 razón de ésta y a ofrecer las pruebas que 4 estime conducentes para apoyarla. 5 De igual manera, la autoridad 6 penitenciaria, con la finalidad de proteger 7 los derechos del interno, deberá allegarse 8 oficiosamente de las pruebas necesarias 9 para responder de manera óptima la 10 petición. 11 También, ofrece la posibilidad que la 12 violación reclamada sea reparada por la 13 autoridad penitenciaria y que la persona 14 privada de su libertad impugne ante el 15 juez de ejecución o control, según 16 corresponda, la respuesta de la citada 17 autoridad si estima que es contraria a sus 18 intereses; o bien, la omisión de dar 19 contestación a la petición relativa. 20 Pues dispone que si la petición no 21 fuera resuelta dentro del plazo legal, el 22 peticionario del amparo estaría en 23 posibilidad de agotar el procedimiento y 1 los medios de impugnación 2 específicamente determinados por la Ley 3 Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez 4 de Ejecución. 5 Quien tiene la facultad de conocer 6 de controversias relacionadas, entre 7 otras cosas, con las condiciones de 8 internamiento y cuestiones 9 relacionadas con las mismas. 10 Asimismo, establece la posibilidad 11 de apelar la determinación del juez en 12 caso de considerar que ésta es contraria a 13 sus derechos. 14 Del mismo modo, el mecanismo de 15 control establece que cuando el acto 16 omisivo constituya un caso urgente, el 17 interno tendrá la posibilidad de acudir 18 directamente ante el juez 19 correspondiente, quien previamente a 20 resolver en definitiva, suspenderá de 21 oficio y de inmediato el acto de ser 22 positivo, o bien, si es un acto omisivo, 23 ordenará a la autoridad penitenciaria, 1 también de oficio y de inmediato, que 2 realice las acciones positivas 3 correspondientes. 4 Igualmente, dicho mecanismo de 5 control otorga la facultad a la parte 6 legitimada para que sea ella quien decida 7 optar por la petición administrativa no 8 urgente, o bien, la petición 9 administrativa por caso urgente, así 10 como la posibilidad real y efectiva de que 11 el acto omisivo, de ser procedente, sea 12 suspendido e incluso que las autoridades 13 administrativas realicen las acciones 14 positivas necesarias a fin de que la 15 omisión reclamada cese de inmediato o 16 deje de existir. 17 Atento a lo expuesto, quien se 18 duele de la afectación de un derecho, 19 primero debe ejercer su acción en la 20 instancia jurisdiccional, ante quien solo 21 basta la simple petición de la suspensión 22 del acto reclamado y, solo en el caso que 23 agotado el trámite la decisión final no le 1 satisfaga, puede acudir a la instancia 2 constitucional. 3 Ahora bien, en el caso, del escrito de 4 demanda de amparo, se advierte que la 5 quejosa reclama de las autoridades 6 responsables la omisión de proporcionarle 7 atención médica integral y medicamentos 8 para controlar la alteración de salud que 9 padece, consistente en presión baja, así 10 como de practicarle los estudios clínicos 11 necesarios para tal padecimiento. 12 En ese sentido, se estima que los 13 actos reclamados por la quejosa, en 14 esencia, lo constituyen omisiones que 15 se atribuyen a las autoridades 16 carcelarias, las cuales inciden 17 directamente en sus condiciones de 18 internamiento, contra las cuales, al estar 19 interna la peticionaria de amparo en un 20 centro de reclusión, puede interponer a su 21 favor, sin mayores formalidades y 22 auxiliadas por la propia autoridad 23 carcelaria, petición administrativa. 1 Petición que la autoridad 2 penitenciaria tiene la obligación de atender 3 dentro de las veinticuatro horas 4 siguientes y, una vez allegada de la 5 información necesaria, resolverá sobre el 6 fondo de la cuestión planteada dentro del 7 término de cinco días. 8 Asimismo, si la petición fuera resuelta 9 en sentido contrario a los intereses de la 10 peticionaria o fuera del término legal, 11 esta puede formular controversia ante el 12 Juez de Ejecución dentro de los diez 13 días siguientes a la fecha de la 14 notificación de la resolución recurrida. 15 Supuesto en el que el Juez de 16 Ejecución, de oficio, suspenderá de 17 inmediato el hecho o acto que motivó la 18 petición, así como los efectos que tuviere, 19 hasta en tanto se resuelva en definitiva y, 20 tratándose de omisiones, el Juez de 21 Ejecución determinará las acciones a 22 realizar por la Autoridad Penitenciaria. 1 Motivo por el cual, antes de 2 promoverse la instancia constitucional, 3 debe asistirse ante el Juez de ejecución 4 competente. 5 Es aplicable al caso, por las 6 consideraciones que la sustentan, el criterio 7 sostenido por el Segundo Tribunal 8 Colegiado en Materia Penal del Tercer 9 Circuito, en la tesis III.2o.P.135 P (10a.), 10 visible en la página 3318, Libro 52, Marzo 11 de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del 12 Semanario Judicial de la Federación, con 13 número de registro 2016370, de rubro: 14 "ACTOS RELACIONADOS CON 15 LAS CONDICIONES DE 16 INTERNAMIENTO DE PERSONAS 17 PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO 18 AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES 19 NECESARIO AGOTAR EL 20 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 21 LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 22 PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY 23 NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 1 PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO 2 DE AMPARO INDIRECTO." 3 Sin embargo, al no acreditarse que la 4 quejosa agotó el procedimiento 5 previamente referido, esto es, debido a que 6 no se advierte que previo a la promoción de 7 este asunto, hubiese efectuado la petición 8 administrativa ante las autoridades 9 penitenciarias o, en su caso, haber acudido 10 ante el Juez de Ejecución a hacer valer el 11 medio de defensa que la Ley de Ejecución 12 le concede, se deduce que este juicio es 13 improcedente. 14 Ahora bien, no se soslaya el hecho 15 que la promovente refiera que la omisión 16 de que se duele sea referente a la falta de 17 atención médica y de estudios clínicos, así 18 como suministro de medicamentos, atenta 19 contra su derecho a la salud. 20 Sin embargo, no se considera que la 21 omisión reclamada constituya un acto 22 prohibido por el artículo 22 Constitucional, 23 para que se actualice la procedencia del 1 juicio de amparo, pues de lo manifestado 2 por la promovente no se advierte que por el 3 momento existan condiciones que pongan 4 en riesgo su vida, salud o integridad 5 física. 6 Resulta aplicable a lo anterior, en 7 sentido contrario, la tesis III.2o.P.136 P 8 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal 9 Colegiado en Materia Penal del Tercer 10 Circuito, publicada en el Semanario Judicial 11 de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, 12 Tomo IV, página 3319, con número de 13 registro 2016371, de rubro: 14 "ACTOS RELACIONADOS CON 15 LAS CONDICIONES DE 16 INTERNAMIENTO DE PERSONAS 17 PRIVADAS DE SU LIBERTAD. SI 18 AFECTAN DIRECTAMENTE DERECHOS 19 SUSTANTIVOS, CON CONSECUENCIAS 20 IRREVERSIBLES O FATALES, SE 21 ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL 22 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA 23 EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 1 JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 2 PROMOVIDO EN SU CONTRA." 3 De ahí, que si antes de asistir al 4 juicio de amparo a impugnar actos 5 relacionados con las condiciones de 6 internamiento, como son las omisiones 7 atribuidas a las responsables, la quejosa 8 debía agotar el procedimiento 9 administrativo, así como los medios de 10 impugnación previstos en su contra, en 11 la ley aplicable sin que lo hiciera; se 12 colige que se inobservó el principio de 13 definitividad, que rige la materia de amparo. 14 Luego, si bien la causa de 15 improcedencia prevista en el artículo 61, 16 fracción XX de la Ley de Amparo, prevé 17 una hipótesis de excepción, lo cierto es 18 que este juzgado estima que la misma 19 no se actualiza, por las consideraciones 20 siguientes. 21 En principio, cabe destacar que la 22 Ley Nacional de Ejecución Penal, entró en 23 vigor desde el diecisiete de junio de dos 1 mil dieciséis, esto es, con posterioridad a 2 la entrada en vigor de la Ley de Amparo 3 vigente, publicada en el Diario Oficial de la 4 Federación el dos de abril de dos mil 5 trece. 6 Ahora bien, de la lectura integral de 7 dicha Ley Nacional, se advierte que la 8 intención del legislador, fue la de crear un 9 órgano (Juez de Ejecución) encargado de 10 garantizar que las personas privadas de la 11 libertad, gocen durante el tiempo que deba 12 durar la medida de internamiento 13 decretada, de los derechos y garantías 14 fundamentales que le reconoce la 15 Constitución, los Tratados Internacionales, 16 demás disposiciones legales y esa ley, ello 17 de conformidad con lo dispuesto en los 18 artículos 25, fracción I del citado cuerpo de 19 leyes. 20 Dicha autoridad que además, tiene 21 la obligación de promover, respetar, 22 proteger y garantizar dichos derechos 1 humanos, conforme a lo previsto por el 2 numeral 73 de la citada ley. 3 Por otra parte, no debe perderse de 4 vista que, aun cuando el juicio de amparo 5 es un medio extraordinario de defensa que 6 garantiza la protección de los derechos 7 humanos, lo cierto es que, solamente 8 está para cuando no existe alguna 9 autoridad con facultades 10 constitucionales para remediar dichas 11 violaciones a esos derechos humanos, 12 como en el caso, que el legislador 13 mexicano decidió otorgar la facultad de 14 garante como Juez Natural de esos 15 derechos fundamentales previstos en la 16 Constitución y los Tratados Internacionales 17 de Derechos Humanos, al Juez de 18 Ejecución. 19 Además de que, dicha herramienta 20 prevista en la citada Ley Nacional, 21 favorece en gran medida a los internos y 22 partes legitimadas para promoverla, 23 debido a que su tramitación es mucho más 1 breve que la de un juicio de amparo 2 indirecto. 3 Máxime que, el legislador en la Ley 4 Nacional de Ejecución Penal, previó una 5 mayor protección de derechos humanos 6 que la propia Ley de Amparo, en virtud de 7 que, en el amparo únicamente la 8 protección es relativa, esto es, solo para 9 quien promueve el juicio de amparo. 10 Sin embargo, el legislador en el 11 artículo 128 de dicha Ley Nacional, le 12 otorgó al Juez de Ejecución, la 13 herramienta de protección erga homnnes 14 a través de realizar una declaratoria de 15 un estado de cosas inconstitucional, es 16 decir, con efectos no solo para el quejoso 17 o quien promueve la petición 18 administrativa o el recurso, sino también 19 para otros que no promovieron el medio 20 de defensa. 21 En tal sentido, como ya se precisó, 22 se debe de acudir ante las autoridades 23 penitenciarias, quienes tienen la obligación 1 de promover, respetar, proteger y 2 garantizar los derechos humanos 3 consagrados en la Constitución y los 4 Tratados Internacionales de los que el 5 Estado mexicano sea parte, por lo que por 6 reserva de ley, no se actualiza el caso de 7 excepción previsto por el segundo 8 párrafo de la fracción XX del numeral 9 citado. 10 Aunado a que, conforme a lo 11 ordenado en el artículo 1° Constitucional, 12 debe privilegiarse el mayor beneficio de 13 la persona, que se consigue aplicando, 14 en este caso específico, la Ley Nacional 15 de Ejecución Penal. 16 En consecuencia al actualizarse la 17 causa de improcedencia anunciada, con 18 fundamento en el artículo 61, fracción XX, 19 en relación con el diverso 113, ambos de 20 la Ley de Amparo, SE DESECHA DE 21 PLANO LA DEMANDA, origen de este 22 juicio. 23 Sirve de apoyo a lo anterior la 1 jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), 2 emitida por la Primera Sala de la Suprema 3 Corte de Justicia de la Nación, visible en la 4 página 230, de la Gaceta del Semanario 5 Judicial de la Federación, Libro 61, 6 Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): 7 Común, Penal, Décima Época, registro: 8 2018548, que señala: 9 OMISIONES INHERENTES A LAS 10 CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. 11 PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA 12 PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE 13 AGOTAR EL MECANISMO DE 14 CONTROL PREVISTO EN LA LEY 15 NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 16 ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE 17 AMPARO INDIRECTO. 18 Lo anterior, además, guarda 19 congruencia al considerar que admitir y dar 20 trámite al juicio a nada jurídicamente 21 práctico llevaría, razón por la cual es mejor 22 que el quejoso tenga conocimiento desde 23 el inicio del resultado del análisis 1 preliminar de la demanda de amparo y, a 2 su vez, se evite la práctica de un trámite 3 innecesario en atención a lo establecido 4 por la garantía de prontitud en la 5 impartición de justicia prevista en el 6 artículo 17 Constitucional, lo que, incluso, 7 permite que el promovente interponga 8 oportunamente los medios ordinarios para 9 defender sus derechos. 10 Sirve de apoyo a lo anterior la 11 Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena 12 Época, con número de registro 174737, 13 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 14 en Materia Civil del Séptimo Circuito, 15 visible en el Semanario Judicial de la 16 Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio 17 de 2006, Materia Común, página 921 de 18 rubro y texto siguiente: 19 "DESECHAMIENTO O 20 SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE 21 AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN 22 DE JUSTICIA NI GENERA 23 INSEGURIDAD JURÍDICA." 1 EXHORTACIÓN A LA PROMOVENTE 2 Por otro lado, a fin de dar 3 cumplimiento con las medidas 4 implementadas por el Consejo de la 5 Judicatura Federal en los Acuerdos 6 Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 7 13/2020 y 21/2020, a fin privilegiar el 8 trabajo a distancia, SE EXHORTA A LA 9 PROMOVENTE, que de ser posible y de 10 contar con las herramientas tecnológicas 11 necesarias, solicite la consulta del 12 expediente electrónico y autorice las 13 notificaciones electrónicas, para efecto 14 de que se continúe con la tramitación de 15 este juicio mediante el esquema de "juicio 16 en línea", de conformidad con los artículos 17 20, 21, párrafo segundo, y 30 de la Ley de 18 Amparo, para lo cual deberá señalar su 19 nombre de usuario y que autoriza que le 20 sean realizadas las notificaciones vía 21 electrónica, pues de no realizar 22 manifestación alguna, el juicio seguirá su 23 curso a través de los medios tradicionales. 1 En el entendido de que deberá 2 realizarlo a través de promoción física o 3 electrónica desde el propio Portal de 4 Servicios en Línea, en términos del 5 artículo 29 del Acuerdo General 21/2020, 6 emitido por el Pleno del Consejo de la 7 Judicatura Federal. 8 DOMICILIO 9 Como lo solicita la parte quejosa, se 10 tiene como su domicilio para oír y 11 recibir notificaciones, el que indica en el 12 proemio de su demanda, de conformidad 13 con el artículo 27, fracción I, de la Ley 14 de Amparo. 15 LEY FEDERAL DE 16 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 17 INFORMACIÓN PÚBLICA. 18 Suprímase en la versión pública que 19 se realice, la información considerada 20 como reservada o confidencial, así como 21 los datos sensibles que pudieran contener 22 las resoluciones y demás constancias que 23 obren en el expediente, con fundamento 1 en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 2 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en 3 relación con los diversos 110, 113 y 118, 4 todos de la Ley Federal de Transparencia 5 y Acceso a la Información Pública. 6 DIGITALIZACIÓN 7 Conforme con lo establecido en los 8 artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, 9 ambos de la Ley de Amparo en vigor, así 10 como en capítulo tercero, del Acuerdo 11 General Conjunto 1/2014, de la Suprema 12 Corte de Justicia de la Nación y del 13 Consejo de la Judicatura Federal, por el 14 que se regula la integración de los 15 expedientes impreso y electrónico, y el 16 acceso a éste, así como las notificaciones 17 por vía electrónica, mediante el uso de la 18 FIREL, a través del Sistema Electrónico 19 del Poder Judicial de la Federación 20 previsto en el artículo 3º de la Ley de 21 Amparo, procédase a la digitalización del 22 expediente. 23 HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS 1 Finalmente, con fundamento en el 2 artículo 282 del Código de Federal de 3 Procedimientos Civiles, de aplicación 4 supletoria a la Ley de Amparo, se 5 habilitan días y horas inhábiles para que 6 los Actuarios Judiciales de la adscripción 7 puedan efectuar las actuaciones y 8 diligencias que deriven de este juicio de 9 amparo, incluso, fuera del horario que para 10 tal efecto dispone la Ley de Amparo. 11 Notifíquese como corresponda. 12 Así lo proveyó y firma 13 electrónicamente José Ezequiel Santos 14 Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito 15 en el Estado de Veracruz, ante María 16 Felícitas Ponce Durán, Secretaria de 17 Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano