Evelin Iannely Hernandez Villarreal

Expediente 894/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
894/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Investigadora de la Fiscalía General de Justicia en el Estadop de Tamaulipas; ciudad
  • Evelin Iannely Hernandez Villarreal
  • Mario Alberto Licea Jr

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le pudo irrogara agravios, haya recurrido el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada en favor de Evelin Ianelly Hernández Villarreal y Mario Alberto Licea Jr; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    En treinta de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. Reynosa, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que a la fecha no se ha logrado la comparecencia de los quejosos directos EVELIN IANNELLY HERNÁNDEZ VILLARREAL y MARIO ALBERTO LICEA JR, a efecto de que ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor por Alberto Licea. Bien, en el caso, resulta oportuno atender el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.". Del precepto transcrito, se evidencia que en caso de que no se logre la comparecencia del quejoso directo, en el juicio de garantías promovido contra los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, y se consignarán los hechos al Ministerio Público, y una vez que transcurra el plazo de un año sin que nadie se apersone en representación de éste, se tendrá por no interpuesta la demanda. En la especie, debe decirse que, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó providencia suspendiendo el procedimiento en el presente juicio de garantías, atento a que no se había logrado la comparecencia de los quejosos directos y se mandó dar la vista correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, como lo dispone el párrafo cuarto del numeral transcrito, tal y como consta en el sumario. En esa tesitura, en el caso ha transcurrido el término de un año que prevé el párrafo quinto del referido numeral 15 de la ley de la materia, sin que se hubiere logrado la comparecencia de los quejosos directos, o de persona alguna en su representación, no obstante las medidas adoptadas por este juzgado de distrito a efecto de que se ratificara la demanda de garantías que motivó la integración del presente asunto, por tanto, procede levantar la suspensión del procedimiento. En consecuencia, y toda vez que sin la ratificación de la demanda de garantías, no existe la manifestación de voluntad de parte agraviada para la continuación del trámite en el juicio de amparo, que es necesaria para cumplir con el principio de iniciativa de parte o instancia de parte agraviada, que prevé la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6° de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el numeral 15 de la ley de la materia, SE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA de que se trata. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que el dieciséis de julio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 423/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-3 Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, con asiento en la localidad, mediante el cual informó que dio inicio a la carpeta de investigación FED/TAMP/REY/0001371/2021, contra quien resulte responsable, por el delito de desaparición forzada de personas, en cumplimiento a lo ordenado en autos, con motivo de la imposibilidad que existe para localizar a los quejosos. Asimismo, se tiene que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a los autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, informando que el promovente de la presente demanda de amparo, les comunicó que la quejosa Evelin Iannelly Hernández Villarreal, se encuentra con su familia y en buen estado de salud, quien por razones de seguridad abandonaría la ciudad, con la cual no han tenido alguna otra comunicación; asimismo, refirió que el diverso quejoso Mario Alberto Licea Jr., no ha sido localizado; siendo, omisos en proporcionar el domicilio, correo electrónico o teléfono en que pueda ser localizada Hernández Villarreal, solicitados en el mencionado acuerdo, a efecto de que se provea sobre la ratificación de la demanda presentada en su favor, o proporcionar nuevos datos para localizar el paradero de Licea Jr. En consecuencia, toda vez que este órgano jurisdiccional no ha logrado la comparecencia del agraviado pese a las medidas realizadas para su localización, con fundamento en el artículo 15, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, SE ORDENA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO, dándose vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social convenga. En la inteligencia, que transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda, en términos del numeral 15, párrafo quinto de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase al Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Tamaulipas, de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe respecto de las medidas implementadas para localizar a los quejosos directos Evelin Iannelly Hernández Villarreal y Mario Alberto Licea Jr.; con lo que se da vista a la parte promovente para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el informe de cuenta, e informando las gestiones referentes a la localización de los directos quejosos. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por los autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista dada en proveído de ocho del mes y año en curso, informan que el promovente de la presente demanda de amparo les informó que la quejosa Evelin Iannelly Hernández Villarreal, se encuentra con su familia y en buen estado de salud, quien por razones de seguridad abandonaría la ciudad, con la cual no han tenido alguna otra comunicación; asimismo, refieren que el diverso quejoso Mario Alberto Licea Jr., no ha sido localizado; en consecuencia, téngaseles informando lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, requiérase a la parte promovente para que, en cuanto tenga conocimiento del paradero quejoso directo Mario Alberto Licea Jr., lo haga del conocimiento de este juzgado de Distrito, para estar en posibilidad de proveer lo que derecho corresponda; de igual forma, para que una vez que tenga comunicación con la directa quejosa Evelin Iannelly Hernández Villarreal, le solicite el domicilio, correo electrónico o teléfono en que pueda ser localizada a efecto de que se provea sobre la ratificación de la demanda presentada a su favor. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria quien autoriza y da fe.

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