Evelia Vargas Madrid
Expediente 1204/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Evelia Vargas Madrid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1204/2022, promovido por Evelia Vargas Madrid, por propio derecho; contra actos de la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación en el Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnada a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Evelia Vargas Madrid, por propio derecho; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A, de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veinte de junio de dos mil veintidós, por una parte, se desechó el acto futuro e incierto respecto de la omisión emplazar a la parte demandada dentro del juicio de origen; y por otra, se admitió la demanda por el acto reclamado consistente en la omisión de la junta responsable, de avocarse al conocimiento de la demanda interpuesta y señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 3989/2021; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación en el Estado de Jalisco, le reclama: El acto reclamado consistente en la omisión de la junta responsable, de avocarse al conocimiento de la demanda interpuesta y señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 3989/2021. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. La autoridad responsable la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación en el Estado de Jalisco; fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello y haber transcurrido el plazo que se le otorgó, como se advierte del acuse de sello de recibo del oficio 25788/2022, agregado en el expediente electrónico, por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye; tal como se ilustra en la imagen que a continuación se insertan: De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 106, volumen 193-198, Primera Parte, registro 232226, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso; este resolutor considera que, en relación al acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que la quejosa no acreditó su interés jurídico necesario para acudir a esta vía, al no demostrar su calidad de parte en el juicio natural, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. ." Atento a lo previamente transcrito el agravio que resienta el gobernado debe ser personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. En tal tesitura, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, que dice así: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. De igual forma, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser el titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, cabe recordar, que el acto atacado por la parte quejosa, es la omisión de la junta responsable de dictar auto de avocamiento en el juicio laboral de origen 3989/2021; para lo cual la propia parte inconforme sustenta su pretensión en el hecho de que es parte en el juicio de origen y que se ha retardo indebidamente el juicio. No obstante lo anterior, la parte inconforme omite acreditar que, por lo menos, le asiste el carácter de parte en el juicio de origen, precisamente, porque no propuso elemento dirigido a acreditar el extremo de que se trata, lo que, desde luego, es un requisito sine qua non para el interés jurídico en la vía que nos ocupa. En ese sentido, la parte quejosa no exhibió pruebas para demostrar el carácter de parte en el juicio de origen, y controvertir las omisiones reclama. De ahí que, si tratándose de procedimientos jurisdiccionales, como en este caso ocurre con el juicio génesis del acto atacado que nos ocupa, el interés jurídico para impugnar algún acto deriva del carácter de parte de la relación jurídico-procesal correspondiente. Cierto, como parte en un juicio la actividad que se lleva a cabo consiste en someter una pretensión ante la autoridad judicial, siendo el juzgador el que debe resolver lo conducente de acuerdo con los elementos de prueba desahogados en el proceso, de modo que cuando alguna parte ve desestimada su pretensión o existe alguna actuación contraria a sus intereses en el juicio, sufre una afectación en su calidad de parte en la relación procesal, respecto de lo cual, sin duda, está en condiciones de reclamar transgresión al derecho al debido proceso que se ejerce para evitar la autotutela prohibida por el artículo 17 constitucional. En tal virtud, tratándose de actos meramente jurisdiccionales basta con que una persona intervenga como parte en el juicio de que se trate, para así considerar que cuenta con el interés jurídico necesario para controvertir las actuaciones vinculadas al propio juicio, ya sea desde una óptica jurídica como fáctica. Esto no sucede en el caso que nos ocupa. Cierto, basta imponerse de las constancias existentes en este juicio de amparo, para claramente advertir que la parte quejosa no demostró que, en realidad, formar parte de la relación jurídico-procesal del juicio de donde deriva el acto reclamado en esta vía, tal como inexactamente lo quiere hacer ver. Incluso, ya en el mejor de los casos la parte impetrante no demostró haber presentado la demanda ante la autoridad responsable, que permita dilucidar la temporalidad entre su presentación y la falta u omisión del avocamiento que reclama. Tampoco señala cómo es que la junta ha incurrido en una dilación y tardanza tal, que repercute en el derecho de tutela jurisdiccional y acceso a la justicia. Por lo demás, es evidente que los actos reclamados en el juicio de amparo que nos ocupa, no son inconstitucionales en sí mismos, lo cual también es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se tiene presente que un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar, con ningún medio de convicción, que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto en la Ley Fundamental, lo que, se insiste, no sucede en el caso. Sobre ese particular, cabe citar las tesis sustentadas por la entonces integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación rubro y texto, son los siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Tesis: 765. Página: 847. "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL. La presunción de ser ciertos los actos reclamados, establecida por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no libera al quejoso del deber de probar su inconstitucionalidad." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Tercera Parte, XCIX. Página: 11.) Siendo así, no hay duda que el acto reclamado en este juicio, por sí, no causa a la parte impetrante un perjuicio actual y directo en su esfera jurídica, por no estar demostrado que irrumpe en su individualidad al grado de generarle un agravio en su esfera de derechos, de manera actual y directa, lo cual, como se dijo, es un requisito para efecto de la procedencia del juicio de amparo, que, por cierto, no se satisface en la especie, de ahí que, desde luego, opera la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: P./J. 23/2014 (10a.). Página: 206.) "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." (Instancia Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 11, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988. Página: 224.) Tampoco se desatiende que aun cuando en la actualidad, el tercer párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el tribunal deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; esta obligación solamente surge cuando el juez constitucional, previo examen de los actos reclamados, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dichos actos, o bien, cuando en el expediente de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, tanto la citada autoridad responsable y la parte quejosa, omitieron exhibir constancia alguna que acredite la existencia de la omisión reclamada, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, y asumir un criterio contrario equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia, es decir, que ante la falta del informe justificado de las autoridades responsables, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia ochocientos siete, sustentada por el entonces Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ochocientos noventa y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera ParteSCJN Sexta Sección-Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor que sigue: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Consiguientemente, dado que la parte quejosa no exhibió prueba fehaciente que acredite su interés jurídico se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. Finalmente, se debe precisar que, similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 69/2021, originado con motivo del recurso interpuesto en contra de la sentencia pronunciada en el juicio 1265/2020, del índice de este juzgado, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Evelia Vargas Madrid, contra el acto reclamado a la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación en el Estado de Jalisco, que precisado quedo en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretario que autoriza y da fe.
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Zapopan, Jalisco, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. I. Motivos por los cuales se difiere la audiencia incidental. Que no se está en aptitud de celebrar la audiencia que nos ocupa en razón de que de una consulta realizada al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que no obra la constancia de notificación por oficio al Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, del proveído dictado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, a efecto de que en rinda su informe justificado. II. Se comisiona al actuario de la adscripción. En obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que, inmediatamente realice las notificaciones referidas o de haberlas realizado, integre las constancias al expediente electrónico. III. Diferimiento de audiencia constitucional. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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Zapopan, Jalisco, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Se hace efectivo el apercibimiento. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que obra en el expediente del presente amparo la constancia de notificación personal a la parte quejosa del auto de trece de mayo del año en curso, en el que se le requirió a efecto de que proporcionara domicilio actual y correcto de los terceros interesados Ilú Andrade Córdova y Héctor Manuel Santibáñez Romero; asimismo que en dicho proveído se le otorgó a la parte quejosa un plazo de tres días para aportar dicha información, con el apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se dictaran las medidas pertinentes con el propósito de localizarlo y si a pesar de ello no se le encuentra, se ordenará su emplazamiento por edictos a su costa. Y que el plazo concedido en el auto de mérito comprendió del diecinueve al veintitrés de mayo del año en curso; sin que hasta el momento haya cumplido con el requerimiento. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, en el entendido que se dictaran las medidas necesarias para emplazar a los terceros interesados Ilú Andrade Córdova y Héctor Manuel Santibáñez Romero, de igual manera que de no ser así, se ordenará el emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Estados de autos. Ahora, visto el estado de autos del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este juzgado el domicilio procesal de los citados terceros interesados Ilú Andrade Córdova y Héctor Manuel Santibáñez Romero. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por tanto, fin de dar oportunidad a que acontezca la anterior, se procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese; y, cúmplase.
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