Evelia Rodríguez Galván

Expediente 310/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
310/2016
Año
2016
Actuaciones
35
Última actuación
29/11/2017

Partes del expediente

  • Evelia Rodríguez Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de treinta de octubre del año en curso, por el que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído queda firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y se negó la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas que integran la carpeta de investigación **********, que como justificación a su informe anexó la Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente de las citadas constancias. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 18591 del índice de este tribunal; al respecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y en obvio de mayores dilaciones procesales, además atento a los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia, reenvíese la comunicación de referencia al Agente del Ministerio Público a la Unidad Especializada en el Combate al Narcomenudeo, con residencia en Guanajuato, capital.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe allegó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa señaló como actos reclamados: El aseguramiento de dieciséis de enero de dos mil dieciséis, decretado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de en Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ********** de su índice, del bien inmueble ubicado en calle ********** número **********, esquina con segunda privada **********, colonia ********** de Apaseo el Alto, Guanajuato; y, El auto de cinco mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de en Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ********** de su índice, mediante el cual dejó sin efectos el aseguramiento decretado del referido bien inmueble y se lo devolvió a la aquí quejosa en calidad de depositaria. De acuerdo a las constancias que remitió la autoridad responsable se desprende que: El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos el acuerdo de aseguramiento de dieciséis de enero del año próximo pasado, así como el diverso de cinco de mayo del mismo año, y le devolvió en propiedad a la aquí quejosa, el inmueble ubicado en calle ********** número **********, esquina con segunda privada **********, colonia ********** de Apaseo el Alto, Guanajuato. Por tanto, es evidente que los actos que se tildan de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse dejado sin efectos los actos que dieron origen al presente juicio de amparo, dado que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de en Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dejó sin efectos el aseguramiento y devolvió en propiedad el inmueble antes descrito a la aquí quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe allegó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa señaló como actos reclamados: El aseguramiento de dieciséis de enero de dos mil dieciséis, decretado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de en Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ********** de su índice, del bien inmueble ubicado en calle ********** número **********, esquina con segunda privada **********, colonia ********** de Apaseo el Alto, Guanajuato; y, El auto de cinco mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de en Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ********** de su índice, mediante el cual dejó sin efectos el aseguramiento decretado del referido bien inmueble y se lo devolvió a la aquí quejosa en calidad de depositaria. De acuerdo a las constancias que remitió la autoridad responsable se desprende que: El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos el acuerdo de aseguramiento de dieciséis de enero del año próximo pasado, así como el diverso de cinco de mayo del mismo año, y le devolvió en propiedad a la aquí quejosa, el inmueble ubicado en calle ********** número **********, esquina con segunda privada **********, colonia ********** de Apaseo el Alto, Guanajuato. Por tanto, es evidente que los actos que se tildan de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse dejado sin efectos los actos que dieron origen al presente juicio de amparo, dado que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada de en Investigación de Robo de Vehículos en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, dejó sin efectos el aseguramiento y devolvió en propiedad el inmueble antes descrito a la aquí quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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