Evelia Olvera Hernández

Expediente 506/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
506/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Evelia Olvera Hernández
  • Primera Sala Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta, se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que en el presente asunto no falta notificación alguna y no contiene relevancia documental ni documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente en los puntos de acuerdo decimoprimero, vigésimo y vigesimoprimero, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, ni es catalogado de relevancia documental, histórica o jurídica. Por tanto, transcurridos cinco años de archivado el presente expediente procédase a su depuración.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES: En seis de agosto de dos mil diecinueve, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México, seis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el catorce de noviembre de dos mil dieciocho; y, por auto de presidencia de diez de enero de dos mil diecinueve, se declaró que en contra de la aludida resolución no se interpuso recurso de revisión, por lo que mediante oficio de la misma fecha se requirió a la sala responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el caso, la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y b) En su lugar, emitiera una nueva en la que se pronunciara en forma exhaustiva sobre todos los agravios sometidos a su consideración, hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. Así, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante oficio 160 de diecisiete de enero de dos mil diecinueve informó que ese día dictó un auto en el cual dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta de mayo de dos mil dieciocho, turnó los autos para elaborar el nuevo proyecto de sentencia y solicitó se le concediera un plazo adicional de quince días para dar cumplimiento al fallo protector; petición que se acordó favorable por auto de presidencia de veintitrés de enero siguiente. Posteriormente, mediante oficio 267 de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de la nueva resolución dictada en esa fecha, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la especie, la resolución con la que la responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo se hizo del conocimiento de la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, para que en un término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en el cual solo la parte quejosa manifestó su conformidad con el cumplimiento, sin que la tercera interesada hiciera uso de ese derecho. En ese contexto, es necesario indicar que en acatamiento a la sentencia constitucional, la responsable debía pronunciarse en forma exhaustiva sobre todos los agravios sometidos a su consideración, razón por la cual, este tribunal procedió a verificar su cabal cumplimiento. Así, mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó que en la resolución dictada el treinta y uno de enero anterior, la sala responsable no había dado cumplimiento cabal a los efectos concedidos en la sentencia pronunciada por este tribunal, motivo por el cual, se le requirió nuevamente para que en un plazo de tres días subsanara las deficiencias que fueron señaladas e informara a esta autoridad federal el cumplimiento que diera a la ejecutoria de referencia. En ese sentido, por oficio 585 de catorce de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable informó a este tribunal que en esa fecha dejó insubsistentes las sentencias de treinta de mayo de dos mil dieciocho, así como la diversa de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictadas en el toca de apelación 197/2018; asimismo, solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento por quince días más, misma que fue concedida por este órgano jurisdiccional en auto de diecinueve de marzo siguiente. Bajo esa tesitura, por oficio 856 de ocho de abril de dos mil diecinueve, la sala responsable remitió a este tribunal colegiado, copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha, referente al toca de apelación 197/2018, con las cuales sostiene el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En once de abril de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera. La quejosa *********manifestó su desacuerdo con el cumplimiento que la autoridad responsable diera a la ejecutoria de amparo. En acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó que el fallo protector aún no se encontraba cumplido en su totalidad, por lo cual, requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días diera cabal cumplimiento a lo ordenado. En consecuencia, mediante oficio 1256 de treinta de mayo de dos mil diecinueve, la responsable informó a este Tribunal que en auto de esa fecha dejó insubsistente la sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho, así como la diversa de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictadas en el toca de apelación 197/2018, en ese sentido, solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento por quince días más. Luego, en acuerdo de tres de junio posterior, este órgano colegiado no acordó favorable dicha solicitud, en virtud de la existencia previa de un auto que tuvo por no cumplida la protección constitucional otorgada por este tribunal, en ese sentido, se solicitó a la sala responsable que remitiera copia certificada de la nueva resolución antes de que concluyera el término concedido. Derivado de lo anterior, por oficio 1313 de diez de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma data, relativa al toca de apelación citado, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional. Posteriormente, en proveído de once junio siguiente, se ordenó dar vista a la quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. En acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por desahogada la vista ordenada por parte de la quejosa, en la cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector. Así, en auto de veintiocho de junio siguiente, se ordenó proveer y emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento ordenado. En tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a verificar el cabal cumplimiento de la sentencia constitucional de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el sentido de corroborar si la sala responsable se ocupó de la totalidad de los agravios sometidos a su consideración, al tenor de los lineamientos siguientes: AGRAVIOS VERTIDOS POR *********. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. "- Que el a quo se abstuvo de analizar y estudiar en debida forma mi acción reconvencional de nulidad del contrato de compraventa de veinticuatro de abril de dos mil trece, exhibido por las ahora apeladas como documento base de su acción de rescisión del mismo, así como tampoco a todas y cada una de mis pretensiones deducidas oportunamente en el juicio de origen; - Que en el estudio de la acción reconvencional de nulidad la existencia de la relación contractual entre las partes intervinientes en el contrato de compraventa con reserva de dominio de veinticuatro de abril de dos mil trece, el juzgador omitió tomar en consideración que si bien reconoció como suya la aludida firma, también es que desconoció el contenido del indicado documento, tal y como lo expresó en todos y cada uno de los puntos de contestación que dio a los hechos de la demanda entablada en su contra, argumentando que el inmueble objeto de ese supuesto contrato basal es diverso al que ********* me entregó en propiedad, por ser la suscrita asociada de dicha asociación civil, y no así el inmueble al que se refiere el a quo, máxime que contrario a lo sostenido por este último, su calidad de asociada de la aludida asociación actora quedó debidamente demostrada con la confesión expresa de ********* y *********, al dar contestación al hecho dos de mi escrito de demanda reconvencional mediante el cual ejerció la acción de nulidad del multirreferido basal de la acción en el principal del juicio de origen, así como con las contestaciones afirmativas que dieron a las posiciones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del pliego absuelto en la audiencia de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, como consta en el acta de dicha audiencia que obra agregada a los autos del juicio natural, contestando también afirmativamente las posiciones 3, 4, 6, 8, 9 y 10 que le fueron formuladas en forma verbal en la propia audiencia de referencia. Siendo que *********, también contestó afirmativamente las posiciones 2 y 13 del pliego de posiciones que absolvió en la audiencia de la misma fecha de referencia; - Que en el sumario del juicio natural quedó demostrado plenamente con la pericial en agrimensura aportada por la suscrita que el inmueble a que se refiere el contrato basal de la acción en el principal del juicio de origen, es distinto de la casa que ********* me entregó en posesión y propiedad, pues así quedó demostrado con el dictamen pericial rendido por el perito arquitecto *********que obra agregado en el juicio natural, concretamente, que el número ********* no existe y que no corresponde a la referida casa que me entregó en posesión y propiedad la repetida *********, mismo dictamen pericial cuyo contenido solicito atentamente de esa alzada se tenga en este apartado por reproducido en su integridad como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones innecesarias para todos los efectos legales a que haya lugar. Contestación de demanda y prueba pericial de referencia que el a quo ilegalmente y sin fundar ni motivar debidamente sus consideraciones omitió estudiar, analizar y valorar en su integridad y en la forma planteada, pues de haberlo hecho, hubiera arribado a la conclusión de que el inmueble objeto del hipotético contrato de compraventa base de la acción exhibido en el principal del juicio de origen, es diverso al que me fue entregado en posesión y propiedad *********, y por ser la suscrita, asociada de dicha asociación civil actora, en cumplimiento al objeto social de la misma y al que me referí en todos y cada uno de los puntos de contestación de la demanda incoada en mi contra, y mismos puntos de contestación que en este apartado solicito atentamente de esa sala se sirva tener aquí por reproducidos en su integridad como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias para todos los efectos legales conducentes; - Que adicionalmente y suponiendo sin conceder, de ninguna manera resultaría válido que la propia asociación de la cual soy asociada me vendiera un inmueble, porque la misma no es propietaria del terreno que se compró con las cuotas que aportaron todos los asociados de la misma ni es propietaria de las construcciones existentes en dicho predio, pues en todo caso, los asociados somos copropietarios de una parte alícuota de dicho inmueble, merced a la calidad de asociados que tenemos en ella, tal y como lo manifesté en mi aludido escrito contestatorio de demanda; máxime que con todos y cada uno de los documentos que ofrecí como prueba en el sumario del juicio natural y a los cuales el a quo se abstiene de estudiar, analizar y valorar en debida forma, se acreditó plenamente que el terreno en que se encuentra construida la casa que me fue entregada en posesión y propiedad por *********, fue adquirido con las aportaciones de la que suscribe, así como con las aportaciones del resto de los asociados que conformamos dicha asociación, y máxime, se insiste, que el inmueble a que se refiere el contrato base de la acción en el principal del juicio natural es distinto del que me fue entregado por la tantas veces mencionada asociación actora en el juicio de origen, y porque en las relatadas circunstancias, las confesiones de la que suscribe indicadas por el a quo no tienen el alcance probatorio que pretende atribuirles dicho juzgador; - Que las respuestas afirmativas que señala el juez no tienen el alcance probatorio que se les pretende atribuir, en tanto que las mismas no fueron formuladas conforme a derecho, puesto que por lo que hace a la referida posición 9, esta contiene diversos hechos y por lo mismo debió haber sido desechada y nunca se debió formular a la que suscribe, de ahí que aun y cuando, según el a quo se haya contestado afirmativamente, se reitera, no tienen tales respuestas los alcances probatorios que se les pretende atribuir, y por lo mismo resultan inaplicables los criterios federales que invoca el a quo bajo los rubros: "PRUEBA CONFESIONAL"; "PRUEBA CONFESIONAL. NATURALEZA DE LA" y "PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA." - Que tanto en mi escrito de contestación a la demanda entablada en mi contra, así como en los hechos de mi acción reconvencional de nulidad manifesté que el inmueble precisado en el contrato basal de la acción en el principal del juicio de origen es distinto y diverso de la casa que me fue entregada en posesión y propiedad por *********, y no como ilegalmente lo sostiene el a quo; - Que ********* y *********, contestaron afirmativamente las posiciones que se les formularon y las cuales ya han quedado señaladas con antelación, así como la propia confesión expresa de las mismas al hecho número 2 de mi escrito de reconvención de nulidad ya indicado con anterioridad en este ocurso, con lo que, contrario a lo sostenido por el juez, se demostró mi calidad de asociada de *********, así como que la casa que esta me entregó en posesión y propiedad es diversa al inmueble precisado en el básico de la acción en el principal del juicio natural, pues, concretamente, se demostró que no existe el número ********* al cual dicho documento se refiere. La sala responsable adujo que, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones y las demás pretensiones deducidas por las partes; asimismo, apreció que en la sentencia apelada, el juez sí estudió la acción reconvencional, declarando la improcedencia de la misma y, consideró que la apreciación realizada por la apelante respecto al debido análisis y estudio de su acción reconvencional, era una afirmación subjetiva, por lo cual, calificó dicho agravio como ineficaz. La autoridad responsable llevó a cabo un análisis sobre la regulación de la nulidad, establecida en el Código Civil del Estado de México y, precisó que en relación a la nulidad absoluta del contrato de compraventa que la apelante aducía haber firmado, pero del cual no reconocía su contenido, ello sería abordado posteriormente en el agravio que combatía la identidad de dicho inmueble, a través de la prueba pericial en agrimensura. Bajo esa tesitura, refirió que existe compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un bien o de un derecho, y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero, por lo cual, a pesar de que la apelante hizo hincapié en la demostración de su calidad de socia de la entonces actora, no refutó las facultades de la misma para enajenar y, finalmente, sobre el estudio de este agravio, añadió que la recurrente se abstuvo de precisar cuáles eran los alcances probatorios que se les debía conceder a las confesionales que invocó, por lo cual el tribunal de alzada se encontraba en imposibilidad de practicar un nuevo análisis. La sala responsable adujo que este agravio era fundado, pero inoperante, pues no trascendía en el sentido del fallo. Ello, pues señaló que los puntos de contestación de la demanda que involucraban la excepción opuesta por la recurrente respecto a la falta de identidad del inmueble, no fue acreditada en autos. Puntualizó que, si bien la quejosa argumentó que la identidad del inmueble se acreditaba con el dictamen pericial rendido por el Arquitecto *********, la misma no realizó razonamientos lógico-jurídicos con los cuales la sala responsable pudiera coincidir con su apreciación, ya que incurrió en la omisión de referir que, además de la valoración presentada por su perito, también existieron los dictámenes periciales de la actora, de la demandada en la reconvención y de la tercero en discordia designada por el órgano jurisdiccional, quienes coincidieron en sus conclusiones y establecieron que el inmueble mencionado en el contrato de compraventa, correspondía al mismo que la apelante tenía en posesión. Precisó que estos puntos de agravio se analizarían en forma conjunta, dada la relación que guardaban entre sí. Así pues, recalcó que el Código Civil prevé que hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un bien o derecho, y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero, además, que si bien la apelante demostró su calidad de socia, no refutó las facultades de la colectiva para enajenar. En ese sentido, puntualizó, que aun con los documentos que la apelante ofreció como prueba y que el juez se abstuvo de estudiar, con los cuales pretendía acreditar que el terreno en que se encontraba construida la casa que le fue entregada en posesión y propiedad, fue adquirido con sus aportaciones, así como con las del resto de los asociados; ello no desvirtuaba la existencia de la celebración de la compraventa, pues además, la falta de pago por parte de la recurrente había quedado evidenciada en autos, lo cual había motivado la procedencia de la rescisión contractual. Ahora bien, la sala responsable señaló que la recurrente refería que sus confesiones indicadas por el juez, no tenían el alcance probatorio que pretendía atribuirles, al no haber sido formuladas conforme a derecho y contener diversos hechos. Al respecto, estimó que la aseveración de la recurrente no era propiamente un agravio porque omitió exponer las razones lógico-jurídicas por las que afirmaba que carecía de dicho alcance probatorio, por lo cual tal agravio devenía inoperante por insuficiente e inatendible. Asimismo, estableció que el agravio referente a que la posición 9 no fue formulada conforme a derecho, porque contenía diversos hechos, también se tornaba inoperante por insuficiente, pues de igual manera, la recurrente había incurrido en la omisión de exponer las razones por las cuales dicha posición no había sido formulada conforme a derecho, además de no haber identificado los diversos hechos que en su concepto, contenía tal posición. Resaltó que para no dejar inaudita a la recurrente, convenía expresar que del análisis de la posición número 9, se desprendía que había sido calificada de legal y articulada conforme a derecho en términos del artículo 1.271 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, pues había sido formulada en términos claros, precisos, de manera aseverativa, sobre hechos propios, no era insidiosa, no contenía más de un hecho, no era contradictoria, se concretaba a hechos objeto del debate, no se refería a hechos de la absolvente que constaran en documentos públicos o privados, no contenía términos técnicos ni se refería a hechos que ya constaran en el proceso. Así, precisó que la posición 9 no contenía diversos hechos porque en realidad solo se refería a uno, relativo a que la absolvente se había negado sistemáticamente a finiquitar el pago del inmueble que había venido poseyendo. Finalmente, indicó que en cuanto a que los criterios federales invocados por el juez a quo resultaban inaplicables, dicho agravio se tornaba inoperante, pues la recurrente no había expuesto razones lógico-jurídicas por las cuales hiciera tal afirmación. Puntualizó que este agravio resultaba infundado, porque al analizar la excepción de falta de acción y derecho, el juez adujo que la demandada no cumplió con la carga procesal impuesta por el artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en el sentido de no haber justificado con los medios de prueba que ofreció que el bien inmueble careciera de identidad respecto al perseguido por la parte actora. Indicó que la apelante no combatía toralmente dicha consideración del juez, toda vez que se limitaba a afirmar que el bien inmueble descrito en el contrato de compraventa base de la acción era diverso al que le fue entregado en posesión y propiedad, sin exponer las razones lógico-jurídicas que condujeran a establecer de manera clara y contundente la acreditación de tal aserto, lo que originaba la inoperancia de su argumento por insuficiente. Estableció que contrario a lo aseverado por la recurrente, las demandadas en la reconvención no se encontraban confesas respecto de los hechos aducido en el agravio hecho valer. Destacó que específicamente en la contestación del hecho 3, negaron que la reconvencionista tuviera el carácter de asociada, de acuerdo con el acta constitutiva de la asociación; asimismo, negaron que hubiera otorgado las aportaciones que aducía haber realizado para la compra del inmueble y reiteraron que no cumplió con las aportaciones y los recibos que presentaba por diverso conceptos. Recalcó que en la contestación del mismo hecho 3, calificaron falsa la asignación de vivienda que ella aseguraba, en virtud de que las mismas fueron a elección del cliente y el domicilio que refería era erróneo, según constaba en la declaración segunda que hizo la compradora en el capítulo correspondiente del contrato de compraventa multicitado. Apuntó que de ello se advertía que no existía confesión expresa alguna por parte de las demandadas en la reconvención. Concluyó que quedaba corroborado que tanto en la contestación a la reconvención como en el momento de absolver posiciones, ********* y *********, no se encontraban confesos de los hechos aducidos por la recurrente, y que por el contrario, quedó corroborado que el bien inmueble entregado en posesión y propiedad coincidía con el que era objeto del contrato de compraventa, de acuerdo con la prueba pericial en materia de agrimensura previamente citada. Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento cabal del fallo protector emitido por este tribunal, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Finalmente, en relación con el escrito de desahogo suscrito por la impetrante, no ha lugar a acordar de conformidad lo contenido en su texto, dado que la sala responsable ajustó su actuar a la ejecutoria de amparo; por tanto, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. Por tanto, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Ricardo Romero Vázquez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza. Doy fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    La quejosa********************, estando en tiempo, desahoga la vista ordenada en auto de once de junio pasado, realizando argumentos en los que manifiesta su inconformidad con el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este tribunal tiene por desahogada dicha vista.

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