Evelia Ibarra Plascencia
Expediente 404/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/03/2021
Partes del expediente
- Evelia Ibarra Plascencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación de los plazos y términos en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que mediante sentencia, dictada en autos, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Evelia Ibarra Plascencia, para los efectos siguientes: - "Se desincorpore de su esfera jurídica lo previsto por los numerales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos, hasta su modificación." - ".El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte a su favor por la inscripción de documento público o privado, así como por el crédito hipotecario, que ampara el documento exhibido en este juicio, en el entendido de que tal restitución sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, es decir, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final del artículo 22, fracción I, y la cuota mínima que prevea la fracción XVIII del indicado numeral, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. - Cantidad sobre la cual dicha autoridad deberá recalcular las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit y en el mismo sentido devolver a la quejosa la suma que resulte a su favor." Esto es, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, tenía que devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) -$290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto del artículo 22, fracción I y $280.00 (dos cientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto del artículo 22, fracción XVIII- de la cantidad $19,037.02 (diecinueve mil treinta y siete pesos 02/100 moneda nacional. En este punto cabe aclara que la cantidad antes citada, se integra también por el diverso pago que realizó la parte quejosa consistente en la cantidad de $613.00 (seiscientos trece pesos 00/100), sin embargo, respecto esta última cantidad no procede su devolución toda vez que no fue materia de concesión en la ejecutoria emitida en el presente juicio, así como los impuestos adicionales relativos a dicha cantidad -fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit-. En cumplimiento a ello, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el treinta de enero de dos mil veinte, acompañó copia de la transferencia bancaria de veintiocho de enero de dos mil veinte, de la Institución de Crédito BANORTE, por la cantidad de $17,535.26 (diecisiete mil quinientos treinta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional), restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Estado de Nayarit, y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, y el con sede en esta Ciudad, informaron lo propio; restituyendo de esa manera a la quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación de los plazos y términos en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que mediante sentencia, dictada en autos, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Evelia Ibarra Plascencia, para los efectos siguientes: - "Se desincorpore de su esfera jurídica lo previsto por los numerales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos, hasta su modificación." - ".El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte a su favor por la inscripción de documento público o privado, así como por el crédito hipotecario, que ampara el documento exhibido en este juicio, en el entendido de que tal restitución sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, es decir, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final del artículo 22, fracción I, y la cuota mínima que prevea la fracción XVIII del indicado numeral, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. - Cantidad sobre la cual dicha autoridad deberá recalcular las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit y en el mismo sentido devolver a la quejosa la suma que resulte a su favor." Esto es, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, tenía que devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) -$290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto del artículo 22, fracción I y $280.00 (dos cientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto del artículo 22, fracción XVIII- de la cantidad $19,037.02 (diecinueve mil treinta y siete pesos 02/100 moneda nacional. En este punto cabe aclara que la cantidad antes citada, se integra también por el diverso pago que realizó la parte quejosa consistente en la cantidad de $613.00 (seiscientos trece pesos 00/100), sin embargo, respecto esta última cantidad no procede su devolución toda vez que no fue materia de concesión en la ejecutoria emitida en el presente juicio, así como los impuestos adicionales relativos a dicha cantidad -fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit-. En cumplimiento a ello, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el treinta de enero de dos mil veinte, acompañó copia de la transferencia bancaria de veintiocho de enero de dos mil veinte, de la Institución de Crédito BANORTE, por la cantidad de $17,535.26 (diecisiete mil quinientos treinta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional), restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Estado de Nayarit, y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, y el con sede en esta Ciudad, informaron lo propio; restituyendo de esa manera a la quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual informa su periodo vacacional y que con motivo del mismo, así como del cierre del ejercicio fiscal, canceló el movimiento de pago en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, dígasele que eso no es motivo para dilatar el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de nueva cuenta requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, se sirva informar respecto el cabal cumplimiento dado al fallo protector concedido en autos, pues el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal es de orden público e interés social y debe atenderse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, para salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado; máxime que una sentencia ejecutoriada constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes. En el entendido que de no cumplir sin causa justificada el requerimiento que se le realiza se hará acreedora a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Luego, agréguese a sus autos para surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta por la parte quejosa Evelia Ibarra Plasencia, y en atención a lo que solicita dígasele que se esté a lo acordado al párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TÉNGASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SE MENCIONA, INFORMANDO QUE SE ENCUENTRA EN VÍAS DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR PRONUNCIADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTUA. NOTIF.
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- Validación de identidad
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