Evelia García González

Expediente 798/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
798/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Evelia García González
  • Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: ""Substancie el procedimiento radicado con el número de expediente ******** relativo a la solicitud de concesión de placas del servicio público de transporte, en la modalidad de taxi o colectivo, para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es decir, deberán dar respuesta por escrito en forma inmediata, fundada y motivada, así como de manera congruente a la petición formulada por la quejosa y resuelva el procedimiento administrativo; determinación que deberá notificarla oportunamente". Por su parte, el normativo 196, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Ahora, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. En ese sentido, cabe precisar que las autoridades responsables, mediante oficio ************** de diez de abril de dos mil diecinueve (foja 233), dieron contestación a los escritos de diecinueve y veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, doce de mayo de dos mil tres, dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, veinticinco de marzo de dos mil once y diez de agosto de dos mil dieciocho, formulados por la parte quejosa, mediante los cuales realizó diversas peticiones en el expediente número *********** Informando que después de revisar el expediente número ********** constató que no presenta el oficio de declaración bajo protesta de no ser concesionada en ninguna modalidad del servicio público de transporte del Estado, siendo lo anterior requisito que exige la Ley, por lo que le solicitó integrar la constancia en mención para que quedara debidamente integrado su expediente; asimismo, le informó que por el momento no hay ofertamiento público, por lo que debería estar atento tal y como lo establece el artículo 50 Quater de la Ley de Transportes en Estado de Chiapas y 47 del reglamento de la Ley; y notificó dicha determinación, a la parte quejosa el veinticinco de abril del año en curso (foja 233). Posteriormente, por auto de cuatro de junio del año que transcurre (fojas 239-242), se tuvo por no cumplido el fallo protector de este juicio, toda vez que la responsable emitió la determinación por la que dio contestación a los escritos en comento y notificó a la parte quejosa de la misma el veinticinco de abril del año en curso (foja 233); sin embargo, dicha determinación no se encontraba fundada y motivada. Subsecuentemente, en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (foja 266), se dio vista a la parte quejosa con los oficios********** de siete de junio del actual y ************ de siete de mayo de dos mil diecinueve (sic), remitidos por las autoridades responsables. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por las autoridades responsables y autos se advierte lo siguiente: Mediante oficio ************ de siete de mayo de dos mil diecinueve (sic), lo anterior por advertirse del sello de dicha dependencia que lo correcto es siete de junio de dos mil diecinueve, dio contestación de forma fundada, motivada y congruente a los escritos de diecinueve y veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, doce de mayo de dos mil tres, dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, veinticinco de marzo de dos mil once y diez de agosto de dos mil dieciocho, formulados por la parte quejosa, mediante los cuales realizó diversas peticiones en el expediente número *********** determinación en la que no se resolvió procedimiento administrativo alguno, en razón que la responsable informó que por el momento no hay ofertamiento público. Aunado a lo anterior, mediante auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, este Órgano de Control Constitucional, ordenó al actuario judicial de la adscripción, notificar dicha determinación emitida por la responsable, puesto que con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de la justicia, misma que se llevó a cabo el veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 269). En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Amén que a la responsable no se le obligó a resolver en determinado sentido o de forma favorable al quejoso; de ahí que se determine que no sobrepasó los lineamientos de la ejecutoria de amparo, destacándose que la legalidad de lo expuesto es ajeno a los efectos de la ejecutoria. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. Devolución de documentos a la parte quejosa. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento exhibido en este asunto, que obra agregado en autos, apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación del Secretario, Subsecretario y Director de Concesiones y Autorizaciones dependientes de la Secretaría de Movilidad y Transporte a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la entonces Secretaría de Transportes, ahora Secretaría de Movilidad y Transportes, con residencia en esta ciudad, al que anexa los oficios número ****** de siete de junio del actual y ******, de siete de mayo de dos mil diecinueve (sic) (fojas 263-265); lo anterior, por advertirse del sello de dicha dependencia que lo correcto es siete de junio de dos mil diecinueve, en el expediente número ******de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, con los oficios citados en el párrafo que antecede por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que le corra traslado a la parte quejosa con copia de los oficios número ****** de siete de junio del actual y ******, de siete de mayo de dos mil diecinueve (sic); lo anterior es así, ya que de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento legal en cita, este juzgado federal puede ordenar que se le notifique dicha determinación, puesto que con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia, siendo tal actuación congruente con lo establecido por el precepto legal antes citado, que ordena que el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia protectora, puede dictar las órdenes necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria de que se trate. Tiene aplicación al respecto el criterio sustentado en la Jurisprudencia que se identifica en la página número 122, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época bajo el rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Notifíquese personalmente a la parte quejosa con los oficios número ****** de siete de junio del actual y ******, de siete de mayo de dos mil diecinueve

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación del Secretario, Subsecretario y Director de Concesiones y Autorizaciones dependientes de la Secretaría de Movilidad y Transporte a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la entonces Secretaría de Transportes, ahora Secretaría de Movilidad y Transportes, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, por los motivos que expone. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se amplía el plazo a la referida autoridad, y se le otorga un plazo razonable de cinco días, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive de este acuerdo. Por tanto, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que dentro del término aquí otorgado, deberá dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente, cuya sinopsis es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que el efecto por el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión fue: "Substancie el procedimiento radicado con el número de expediente *******,*******relativo a la solicitud de concesión de placas del servicio público de transporte, en la modalidad de taxi o colectivo, para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es decir, deberán dar respuesta por escrito en forma inmediata, fundada y motivada, así como de manera congruente a la petición formulada por la quejosa y resuelva el procedimiento administrativo; determinación que deberá notificarla oportunamente. Criterio contenido en la jurisprudencia por reiteración emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, fecha de publicación 29 de septiembre de 2017, registro electrónico 2015181, de contenido: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. Materialización que deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional; con lo que se tendrá por cumplido la sentencia". Se informa a las autoridades responsables Secretario, Subsecretario y Director de Concesiones y Autorizaciones dependientes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con residencia en esta ciudad, que les subsiste el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 239 a 242). Notifíquese.

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