Evelia Abigail Medina Amaro

Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
203/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Evelia Abigail Medina Amaro

Actuaciones

  1. Principal

    SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. Del estado de autos se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que reciba el oficio por el cual se le notifique el presente proveído, informe el cumplimiento dado a la sentencia concesoria o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con el citado requerimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Evelia Abigail Medina Amaro, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 203/2022-II y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, del contenido de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el oficio LEÓN-EIL-E2C5-198/2022, dictado dentro de la carpeta de investigación 568/2022, a través del cual la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula II-5, con sede en esta ciudad, ordenó la retención de un teléfono celular "marca LG, color negro", que aduce la quejosa es de su propiedad, para ser ingresado a la bodega de indicios. El aludido acto no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: La de investigación, que abarca las fases de: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y, La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la búsqueda de indicios y la citación del imputado, testigos, peritos, demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la quejosa, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la búsqueda de indicios, como el caso acontece con la custodia del teléfono móvil de la quejosa, es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectiva y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de trato, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Miguel Hidalgo número 2707 colonia Valle de León de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Escobar Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo se tiene como autorizada en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Ricardo Aguilera Valtierra y Brenda Angélica Luna Macías, pues con independencia de que no tienen el registro de su cédula profesional en el Sistema al que se ha hecho alusión, en el escrito de autorización se omitió el señalamiento de los datos con los que dichas personas acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA.- Vista la demanda de amparo promovida por Evelia Abigail Medina Amaro, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 203/2022-II y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, del contenido de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en el oficio LEÓN-EIL-E2C5- 198/2022, dictado dentro de la carpeta de investigación 568/2022, a través del cual la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula II-5, con sede en esta ciudad, ordenó la retención de un teléfono celular "marca LG, color negro", que aduce la quejosa es de su propiedad, para ser ingresado a la bodega de indicios. El aludido acto no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y, b) La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la búsqueda de indicios y la citación del imputado, testigos, peritos, demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. ????????????? En ese sentido, el acto reclamado, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la quejosa, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la búsqueda de indicios, como el caso acontece con la custodia del teléfono móvil de la quejosa, es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectiva y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso, por las consideraciones que sustenta, la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE ENSU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de Bernardo Pérez Martínez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.ea 08/03/24 16:24:31 ??????????????? interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de trato, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Miguel Hidalgo número 2707 colonia Valle de León de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Escobar Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo se tiene como autorizada en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Ricardo Aguilera Valtierra y Brenda Angélica Luna Macías, pues con independencia de que no tienen el registro de su cédula profesional en el Sistema al que se ha hecho alusión, en el escrito de autorización se omitió el señalamiento de los datos con los que dichas personas acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes ?????????????? realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 8:30 a 14:30 hrs. de 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación Correo Electrónico 4jdo16cto@corre o.cjf.gob.mx. Lunes a Viernes denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar ??????????????? mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

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