Evaristo Serrano Lara
Expediente 370/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Evaristo Serrano Lara
- Lidia Lagunes Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por un parte de sobreseyó el presente asunto y por otra se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunes Fernández, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 205/2019 de su índice, a partir de la radicación, diligencias de emplazamiento de doce de agosto de dos mil nueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de los demandados. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que radique el juicio y ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión." En esas condiciones, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla. Seguidamente, en auto de tres de mayo siguiente, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio 985 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 205/2019/I de su índice. Ahora de la citada resolución de veintitrés de abril del año en curso, se advierte que el Juez responsable ordenó dejar insubsistentes todo lo actuado en el juicio hipotecario 205/2019/I promovido por Jorge Alberto Ochoa Uscanga, apoderado legal de la persona moral denominada Sociedad de Fomento Local Tepeyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto Múltiple entidad no regulada. Igualmente, ordeno deja insubsistente, la radicación del citado juicio hipotecario, así como la diligencia de emplazamiento de doce de agosto de dos mil diecinueve, practicada por personal del Juzgado Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte. Asimismo, se destaca que ordenó dejar sin efectos el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la citada sentencia, por ser consecuencia de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de los aquí quejosos. En ese mismo acto, ordenó la reposición del procedimiento, así como realizar nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunés Fernández, lo anterior en términos de los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora del auto remitido en copia certificada, el Juez responsable, destacó lo estipulado por el artículo 76 de la legislación del Estado de Veracruz, en relación con los diversos artículos 451-A, 451-B y 451-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, lo anterior a efecto de establecer las formalidades que se deben seguir en la diligencia de emplazamiento en el Juicio Especial Hipotecario, esto es, se debe correr traslado al demandado con las pruebas que se acompañaron, entre las que se destaca copia del instrumento público que contiene el contrato de crédito con garantía hipotecaria, por tratarse de un documento que necesariamente debe anexarse al escrito de demanda y que fue el que le permitió al Juez de primera instancia admitir la demanda, así la persona que será emplazada tendrá conocimiento del escrito de demanda en relación con lo pactado en el documento base de la acción lo que permite oponer las excepciones a que se refiere el citado artículo 451-C, Además, tal forma de proceder a que en emplazamiento se corra traslado al demandado con la copia del documento base de la acción, permite a que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, en el sentido de otorgar al demandado una adecuada y oportuna defensa. Finalmente, y tomando en consideración lo anterior requirió a la parte actora para dentro de plazo de tres días, exhiba copia de la demanda, así como copia de todos los documentos anexados a la misma a efecto de estar en aptitud de emplazar a los demandados y estar en posibilidades de libar el despacho respectivo en los términos ordenados en auto de tres de julio de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, se aprecia que los efecto de la sentencia de amparo, fueron llevados a cabo al analizar el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 205/2019/I, de cual se aprecia que el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ordenó dejar insubsistente, dejar insubsistentes todo lo actuado en el juicio hipotecario, esto es, la radicación, la diligencia de emplazamiento de doce de agosto de dos mil diecinueve, y la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, asimismo, ordenó reponer el procedimiento y realizar nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunés Fernández. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que el juicio de amparo 370/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por un parte de sobreseyó el presente asunto y por otra se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunes Fernández, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 205/2019 de su índice, a partir de la radicación, diligencias de emplazamiento de doce de agosto de dos mil nueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de los demandados. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que radique el juicio y ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión." En esas condiciones, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla. Seguidamente, en auto de tres de mayo siguiente, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio 985 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 205/2019/I de su índice. Ahora de la citada resolución de veintitrés de abril del año en curso, se advierte que el Juez responsable ordenó dejar insubsistentes todo lo actuado en el juicio hipotecario 205/2019/I promovido por Jorge Alberto Ochoa Uscanga, apoderado legal de la persona moral denominada Sociedad de Fomento Local Tepeyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto Múltiple entidad no regulada. Igualmente, ordeno deja insubsistente, la radicación del citado juicio hipotecario, así como la diligencia de emplazamiento de doce de agosto de dos mil diecinueve, practicada por personal del Juzgado Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte. Asimismo, se destaca que ordenó dejar sin efectos el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la citada sentencia, por ser consecuencia de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de los aquí quejosos. En ese mismo acto, ordenó la reposición del procedimiento, así como realizar nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunés Fernández, lo anterior en términos de los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora del auto remitido en copia certificada, el Juez responsable, destacó lo estipulado por el artículo 76 de la legislación del Estado de Veracruz, en relación con los diversos artículos 451-A, 451-B y 451-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, lo anterior a efecto de establecer las formalidades que se deben seguir en la diligencia de emplazamiento en el Juicio Especial Hipotecario, esto es, se debe correr traslado al demandado con las pruebas que se acompañaron, entre las que se destaca copia del instrumento público que contiene el contrato de crédito con garantía hipotecaria, por tratarse de un documento que necesariamente debe anexarse al escrito de demanda y que fue el que le permitió al Juez de primera instancia admitir la demanda, así la persona que será emplazada tendrá conocimiento del escrito de demanda en relación con lo pactado en el documento base de la acción lo que permite oponer las excepciones a que se refiere el citado artículo 451-C, Además, tal forma de proceder a que en emplazamiento se corra traslado al demandado con la copia del documento base de la acción, permite a que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, en el sentido de otorgar al demandado una adecuada y oportuna defensa. Finalmente, y tomando en consideración lo anterior requirió a la parte actora para dentro de plazo de tres días, exhiba copia de la demanda, así como copia de todos los documentos anexados a la misma a efecto de estar en aptitud de emplazar a los demandados y estar en posibilidades de libar el despacho respectivo en los términos ordenados en auto de tres de julio de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, se aprecia que los efecto de la sentencia de amparo, fueron llevados a cabo al analizar el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 205/2019/I, de cual se aprecia que el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ordenó dejar insubsistente, dejar insubsistentes todo lo actuado en el juicio hipotecario, esto es, la radicación, la diligencia de emplazamiento de doce de agosto de dos mil diecinueve, y la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, asimismo, ordenó reponer el procedimiento y realizar nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunés Fernández. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese a las partes en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por un parte de sobreseyó el presente asunto y por otra se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunes Fernández, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 205/2019 de su índice, a partir de la radicación, diligencias de emplazamiento de doce de agosto de dos mil nueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de los demandados. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que radique el juicio y ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión." En esas condiciones, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla. Seguidamente, en auto de tres de mayo siguiente, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio 985 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 205/2019/I de su índice. Ahora de la citada resolución de veintitrés de abril del año en curso, se advierte que el Juez responsable ordenó dejar insubsistentes todo lo actuado en el juicio hipotecario 205/2019/I promovido por Jorge Alberto Ochoa Uscanga, apoderado legal de la persona moral denominada Sociedad de Fomento Local Tepeyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de objeto Múltiple entidad no regulada. Igualmente, ordeno deja insubsistente, la radicación del citado juicio hipotecario, así como la diligencia de emplazamiento de doce de agosto de dos mil diecinueve, practicada por personal del Juzgado Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte. Asimismo, se destaca que ordenó dejar sin efectos el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la citada sentencia, por ser consecuencia de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de los aquí quejosos. En ese mismo acto, ordenó la reposición del procedimiento, así como realizar nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunés Fernández, lo anterior en términos de los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora del auto remitido en copia certificada, el Juez responsable, destacó lo estipulado por el artículo 76 de la legislación del Estado de Veracruz, en relación con los diversos artículos 451-A, 451-B y 451-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, lo anterior a efecto de establecer las formalidades que se deben seguir en la diligencia de emplazamiento en el Juicio Especial Hipotecario, esto es, se debe correr traslado al demandado con las pruebas que se acompañaron, entre las que se destaca copia del instrumento público que contiene el contrato de crédito con garantía hipotecaria, por tratarse de un documento que necesariamente debe anexarse al escrito de demanda y que fue el que le permitió al Juez de primera instancia admitir la demanda, así la persona que será emplazada tendrá conocimiento del escrito de demanda en relación con lo pactado en el documento base de la acción lo que permite oponer las excepciones a que se refiere el citado artículo 451-C, Además, tal forma de proceder a que en emplazamiento se corra traslado al demandado con la copia del documento base de la acción, permite a que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, en el sentido de otorgar al demandado una adecuada y oportuna defensa. Finalmente, y tomando en consideración lo anterior requirió a la parte actora para dentro de plazo de tres días, exhiba copia de la demanda, así como copia de todos los documentos anexados a la misma a efecto de estar en aptitud de emplazar a los demandados y estar en posibilidades de libar el despacho respectivo en los términos ordenados en auto de tres de julio de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, se aprecia que los efecto de la sentencia de amparo, fueron llevados a cabo al analizar el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio especial hipotecario 205/2019/I, de cual se aprecia que el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ordenó dejar insubsistente, dejar insubsistentes todo lo actuado en el juicio hipotecario, esto es, la radicación, la diligencia de emplazamiento de doce de agosto de dos mil diecinueve, y la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, asimismo, ordenó reponer el procedimiento y realizar nuevamente el emplazamiento a juicio de los demandados Everardo Serrano Lara y Lidia Lagunés Fernández. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada el proveído de tres del mes y año en curso, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Décimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el oficio y anexo con registro 5615, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
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