Evaristo Payán Sánchez

Expediente 890/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
890/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Evaristo Payán Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio electrónicamente por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, en el que informa la admisión del recurso de queja ******************** interpuesto por la parte quejosa contra auto de dos de los actuales. Circunstancia de la cual se toma el debido conocimiento, y se estará a la espera de lo resuelto por la superioridad. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, para conocimiento del recurso de queja interpuesto, asimismo de la vinculación del expediente electrónica para su substanciación. Se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realice la vinculación correspondiente, para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso tenga acceso a la totalidad de acuerdos y promociones que integran el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no se envían los originales del juicio de amparo en que se actúa, sin embargo, como está ordenado en párrafos supra, se realizó la debida vinculación del expediente electrónico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de queja esté en aptitud de su consulta. Virtud, este Juzgado a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, cesó la integración del expediente físico de las determinaciones judiciales y de las promociones recibidas de manera electrónica, de acuerdo a lo establecido por las fracciones III, VII y XII del numeral 3 y el artículo 253 del citado acuerdo, los cuales establecen: 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: [.] III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. En caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. La persona servidora pública a quien corresponda iniciar el trámite en el órgano jurisdiccional de un asunto turnado por la OCC, deberá validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de dicha oficina mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo. Tratándose de promociones recibidas por escrito directamente en el órgano jurisdiccional, la digitalización deberá realizarse por parte del personal de la Oficialía de Partes; [...] VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor probatorio que los físicos; [.] XII. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, dos de agosto de dos mil veintitrés. I. Promovente. Evaristo Payán Sánchez. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De los preceptos legales trascritos, se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento correspondiente, pudiéndose reclamar de manera conjunta las violaciones cometidas que hubiesen dejado sin defensa al interesado y trascendido en el resultado de la resolución correspondiente. El propio precepto señala que la última resolución en el procedimiento de ejecución es la que aprueba o reconoce incumplimiento a la sentencia o declara la imposibilidad jurídica o material de cumplimiento u ordene el archivo del expediente. En tanto que el procedimiento de remate que se aprueba en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, el juicio de amparo será improcedente si se trata de actos en ejecución de sentencia o de remate y no se trate de la última resolución. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de garantías en la vía indirecta cuando exista afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así lo determinó la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de diez de julio del año en curso, en la que la autoridad responsable celebro la audiencia de remate dentro del expediente 370/2014. De tal manera, como bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo el legislador ordinario determinó que el juicio de garantías indirecto resulta procedente contra actos en juicio que sólo involucre derechos sustantivos, con ello se abandonó el criterio de considerar para la procedencia del juicio de garantía las violaciones procesales que producen afectación en grado predominante o superior, como anteriormente conforme la abrogada Ley de Amparo; de ahí que conforme las reglas de la actual Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra la sentencia de segundo grado que ordena reponer el procedimiento del juicio natural. Por tanto, si como se dijo, la parte quejosa reclama en esencia la determinación de diez de julio del año en curso en la que se celebró la audiencia de remate dentro del expediente 370/2014; es dable sostener que dicho acto reclamado involucra únicamente derechos procesales de la parte amparista, sin inmiscuir derechos de naturaleza sustantiva, pues únicamente se advierte que se celebró la audiencia de remate, por lo que el expediente se encuentra en ejecución de sentencia. En efecto, como se indicó en el marco jurídico expuesto al inicio de este apartado, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución de diez de julio de este año, es un acto en juicio que eventualmente solo trasgrede derechos procesales, no sustantivos; si bien, como ya se precisó, durante la vigencia de la abrogada Ley de Amparo se estimó que produce a las partes afectación en grado predominante y superior, ese criterio se abandonó en la vigente Ley de Amparo para determinar la procedencia del juicio de garantías indirecto, pues éste solo procede contra actos en juicio con efectos de ejecución irreparable, lo cual solo se producen cuando se afectar derechos sustantivos, no procesales. Bajo ese contexto, es dable precisar que el referido acto reclamado, no es la última resolución dictada en ese período conforme a los lineamientos expuestos anteriormente, porque aun cuando ese acto tuvo verificativo en la etapa de ejecución, en momento alguno se señaló o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la imposibilidad jurídica para poder cumplimentarlo y, de igual manera, tampoco se indicó que el asunto ya estuviera terminado, o en su caso, que se hubiera enviado el expediente al archivo como asunto concluido. Por tanto, el acto reclamado es intermedio, ya que el acuerdo combatido no puede considerarse que sea la última resolución que ponga fin al período de ejecución en el expediente de origen, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido en forma total la sentencia dictada; se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o, se ordene el archivo del expediente y en el caso, aún no se dicta esa resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, interpretando en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se cita por analogía al presente asunto el criterio jurisprudencial 2a.L/2015, visible a foja 1069, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados, de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo y la documental anexa a la misma se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del juicio natural desde antes del dictado de la sentencia, por lo que estaba en aptitud de interponer los recursos o medios que conforme a derecho correspondieran, En las relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no es la última resolución del juicio de origen y no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/2330/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, signado por Karina Chimal Barrera como Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario que asiste y da fe.

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