Evaristo Ortiz Mota
Expediente 943/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Evaristo Ortiz Mota
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del presente expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
...Notifíquese personalmente...
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de los Magistrados que Integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede esta ciudad; en consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio **********. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS Así, en el presente caso, el suscrito advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de derechos fundamentales. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Para lo cual, tales recursos deben estar previstos en la normativa que rige el acto o los actos que se impugnen; y, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario, plasmar lo establecido en los artículos 56 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, los cuales disponen: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuanto entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. (.) Artículo 508. De los decretos y autos del tribunal de segunda instancia puede pedirse la reposición, que se substanciará en la misma forma que la revocación." De los preceptos legales transcritos, se deduce que contra los decretos y autos que hayan sido emitidos por el Tribunal de Alzada, procede el recurso de reposición, cuya finalidad será que la determinación controvertida de ilegal sea susceptible de ser modificada, revocada o nulificada. HECHOS Del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: -El auto de once de septiembre de dos mil diecinueve emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede esta ciudad, en el toca ********** de su índice, mediante el cual declara sin materia el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo dictado el ocho de mayo de este año, pronunciado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, relativo al juicio ordinario civil ********** de su índice. CONCLUSIÓN Ahora bien, de lo antes expuesto, se obtiene que el acto reclamado constituye un auto, contra el cual procede el recurso de reposición, medio de defensa previsto en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que resulta idóneo para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Lo anterior, se corrobora además, con la narración que bajo protesta de decir verdad realiza el promovente en su demanda de amparo, de la cual no se aprecia que haya interpuesto dicho medio ordinario de impugnación, por lo que se considera que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto. En este sentido, si el solicitante del amparo no agotó el aludido medio ordinario de defensa, antes de acudir a esta vía extraordinaria, se estima que el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro: 176643 "REPOSICIÓN EN MATERIA CIVIL. PROCEDE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Sin que el en el caso se actualice alguna de las excepciones previstas por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto que se reclama no es de los previstos por el artículo 22 constitucional, ni tiene incidencia en la libertad del promovente, es decir, no es privativo ni restringe en forma alguna la libertad personal; tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso; ni se acredita que el solicitante del amparo tenga el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de sustento a lo expuesto la jurisprudencia: Registro: 2017117 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que precisa en su escrito de demanda, ubicado en esta ciudad. De igual forma, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, ********** y ********** toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y con las restricciones que impone dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a **********, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, para la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. Notifíquese."
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