Evaristo Jasso Galván
Expediente 409/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Evaristo Jasso Galván
- Juez Ocatavo de Distrito En el Estado de Michocán de Ocampo, Uruapan
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede; y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Toda vez que no fue impugnado el auto de veinte de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS. Sin que sea el caso, ordenar a las partes que acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar documentos originales, mucho menos realizar el apercibimiento respectivo; toda vez que de la revisión de las constancias del asunto, se advierte que no se exhibieron documentos de esa naturaleza. 2.2. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado expediente; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente a este Juzgado, se obtuvo el registro 407/2023, correspondiente a la demanda de amparo promovida con data diecinueve de junio del año en curso, por Evaristo Jasso Galván, en la que reclamó de la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, lo que se transcribe a continuación: "IV. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión dictada en mi contra dentro de la causa penal 2/2021-I, por la supuesta comisión del delito de homicidio, en agravio de 42 cuarenta y dos personas. Esta orden de aprehensión fue dictada el día 02 dos de mayo de 2023 dos mil veintitrés, en supuesto cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión 338/2022, dictada por el tribunal colegiado en materia penal de este circuito, revisión que derivó del juicio de amparo indirecto 557/2021 del juzgado quinto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán." Por otra parte, se aprecia que por auto de esa misma fecha, se admitió la referida demanda de amparo, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Que ********************, ********************, ********************, ******************** ********************, ******************** y ********************, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación; no así ******************** ********************. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Conste. En esta misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede; y, con una demanda de amparo, presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio 7810. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Evaristo Jasso Galván, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 409/2023. 1.2. Precisión del acto reclamado. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión dictada en mi contra dentro de la causa penal 2/2021-I, por la supuesta comisión del delito de homicidio, en agravio de 42 cuarenta y dos personas. Esta orden de aprehensión fue dictada el día 02 dos de mayo de 2023 dos mil veintitrés, en supuesto cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión 338/2022, dictada por el tribunal colegiado en materia penal de este circuito, revisión que derivó del juicio de amparo indirecto 557/2021 del juzgado quinto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán." Bajo ese contexto, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse en esencia de los actos reclamados consistentes en: La orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 2/2021-I, del consecutivo del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. En suma de lo anterior, este órgano de control constitucional procede al pronunciamiento en relación con la acción de amparo. 1.3. Causa de improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, y a efecto de proveer respecto de la acción de amparo, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En relación a lo anterior, se obtiene que deviene improcedente, pues el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso numeral 113, de la Ley de Amparo. De dicho precepto legal se advierte que los elementos que conforman el citado supuesto de improcedencia, son: a) Que el amparo haya sido promovido por el mismo quejoso. b) Contra las mismas autoridades; y, c) Por el propio acto reclamado. Así, se actualiza cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. En el caso particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, porque de la certificación secretarial de cuenta se aprecia que, con data diecinueve de junio del año en curso, Evaristo Jasso Galván, promovió demanda de amparo indirecto (407/2023) en contra de un acto del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 2/2021-I, del consecutivo del referido Juzgado Federal; demanda de que se ordena recabar copia y glosar a los presentes autos para que surta sus efectos legales; lo anterior, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Actos que ahora de nueva cuenta reclama en la demanda que nos ocupa (409/2023). Así mismo, se advierte que en el diverso juicio de amparo 407/2023, se admitió la demanda y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De modo que, como en el caso existe otro juicio constitucional promovido por el mismo quejoso, contra el acto que se ha precisado y que reclama a la misma autoridad responsable, la cual se admitió y por lo tanto se encuentra pendiente de resolución; de ahí que, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Apoya lo anterior, el criterio sustentado en la tesis I.11o.C.31 K (10a.), publicada en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Así como la Jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Motivo por el cual, resulta inconcuso que los actos que se reclaman en el presente juicio 409/2023, son materia del diverso juicio de amparo 407/2023, del índice de este Juzgado. En tales condiciones y al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Se estima aplicable la Jurisprudencia visible en la página 142, Volumen 205-216, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". De igual forma, la tesis visible en la página 260, del Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. 1.4. Domicilio, autorizados y usuario electrónico. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ********************, ******************** ********************, ******************** y ********************, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredita como licenciados en derecho. Además, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** ********************, hasta en tanto cuenten con dicho requisito. Finalmente, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales que le resulten en lo subsecuente, le sean practicadas de forma electrónica al usuario "********************"; por tanto, se instruye al actuario respectivo para que registre el referido usuario. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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