Evaristo Humberto Anaya Olvera

Expediente 1269/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1269/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Evaristo Humberto Anaya Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por *** en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo; en su atención y como lo solicitó en escrito de veintiséis del mes próximo pasado, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, procédase a devolverle los documentos que exhibió en autos, dejando en su lugar copia certificada que obre en autos, autorizado para recibirlas a la profesionista que señala, previa razón de recibo. En el entendido que para su entrega deberá tramitar la cita correspondiente, en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, en día y hora hábil, de no ser así no podrá realizarse dicho trámite, lo anterior en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Evaristo Humberto Anaya Olvera en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por *** en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo; a través del cual, solicita la devolución de los documentos que exhibió en autos. Al respecto, hágase de su conocimiento que una vez que cause estado la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se proveerá la devolución de documentos que solicita. Notifíquese.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los escritos signados por ****** en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo, por medio del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de agosto del año en curso; por lo que, se acuerda lo siguiente. DESECHAMIENTO Visto el escrito de demanda signado por ****, por propio derecho y en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo; por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Hidalgo y otras autoridades. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: El oficio CNF/PDF-HGO/1016/2022 de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el que requieren al Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo, el reintegro de la cantidad de $177,000.00 como consecuencia del incumplimiento a las obligaciones pactadas en el convenio de concertación de veintidós de junio de dos mil veinte. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia comprendida en la fracción XX, del artículo de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El citado dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." El artículo en cita, pone de manifiesto que el amparo es un juicio extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente en contra de actos definitivos. Es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Luego, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. A contrario sensu, cuando se reclamen actos respecto de los cuales no se haya agotado el principio de definitividad, el amparo será improcedente. De ahí que la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola los derechos humanos y garantías, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de impugnación previstos en la ley ordinaria, en virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Por su parte, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal de la República, actualmente vigente, dispone literalmente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] (REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) .IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]". El dispositivo constitucional transcrito, dispone que el amparo en materia administrativa, procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Sin embargo, la procedencia de esta vía de amparo denominado indirecto del cual conoce el Juez de Distrito, se halla condicionado a la interposición de los recursos o medios de defensa que deben agotarse siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Pero también se debe subrayar que esos recursos o medios de defensa él particular no está obligado a agotarlos, cuando el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. En la jurisprudencia que a continuación se reproducirá, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el supuesto normativo antes citado, establece la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, siempre que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Esto es, sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. La tesis comentada es la Jurisprudencia, 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del tomo X, octubre de 1999, Materia Administrativa - Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página: 448, que es de la literalidad siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Además, la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, también establece excepciones al principio de definitividad como lo impone el artículo 107, fracción IV de la Ley Fundamental a partir de su reforma, si se toma en cuenta que la agraviada no debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, o en su defecto, el acto reclamado adolezca de total fundamentación y motivación, lo que infiere una violación directa a la Constitución. Lo anterior conforme al criterio aislado 2a. LVI/2000, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Julio de 2000, Materia Común, página 156, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En este sentido, el principio de que se trata en su doble connotación, es una regla de aplicación general, por lo que la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece ciertas excepciones atendiendo particularmente a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado; de tal suerte que no será necesario agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, del Tomo XXIII, marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de la literalidad siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En el caso, el promovente del amparo impugna el oficio CNF/PDF-HGO/1016/2022 de veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitida por el Titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Hidalgo, dirigido a Evaristo Humberto Anaya Olvera en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo, en el cual se declaró por unanimidad de votos el incumplimiento de la persona beneficiaria Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo, (aquí parte quejosa), con folio de apoyo MTUHAP1820130002, por el concepto de apoyo MFCCV.1.18, transferencia de Tecnología 2020, motivo por el cual, le solicitan la devolución de los recurso económicos no ejercidos, consistente en $177,000.00. En este contexto constitucional y legal descrito en los párrafos que preceden, en el caso, respecto de dicho acto, la parte quejosa previo a promover el juicio de control constitucional, debió impugnar dichas determinaciones mediante el recurso de revisión, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, que establece: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN." De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado. Precisado lo anterior, y para una mejor comprensión del asunto en estudio, es pertinente transcribir los artículos 83 a 86 de la referida Ley, los cuales establecen, literalmente lo siguiente: "TITULO SEXTO DEL RECURSO DE REVISION CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES" "ART. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente". "ART. 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva". "ART. 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra". "ART. 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar: El órgano administrativo a quien se dirige; El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones; El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; Los agravios que se le causan; En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales". De los numerales transcritos, se advierte que el recurso de revisión en cita, procede contra los actos de trámite en un procedimiento administrativo, así como en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, el cual es optativo agotarlo, pues también pueden ocurrir en la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. Esto es, conforme a los preceptos reproducidos, se colige que ante actos de la naturaleza como la que nos ocupa, es factible controvertirlos de manera optativa, a través del recurso de revisión en la vía administrativa, pero dada su optatividad, también procede el juicio contencioso administrativo, y es precisamente ese medio ordinario de defensa el que la quejosa debió agotar previo acudir al presente juicio de amparo. Lo anterior, es así pues el requerimiento de devolver la cantidad antes indicada, no lo exime de agotar los medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Por ello, se reitera que es a través del medio ordinario de defensa que la parte quejosa puede obtener la modificación, revocación o nulificación del oficio reclamado; por lo que, previo al presente juicio de amparo, estaba obligada a interponer los medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para salvaguardar sus derechos; sin que en el caso concurra alguna de las hipótesis de excepción mencionadas, pues se estima que con el medio ordinario de defensa, la parte promovente pudo obtener la suspensión del acto que le agravia, mediante la satisfacción de los mismos requisitos que se exigen para el juicio de amparo. Ello, porque el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece lo siguiente: "ART. 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: Lo solicite expresamente el recurrente; Sea procedente el recurso; No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión". De lo anterior se sigue que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece; pues existe obligatoriedad para este órgano jurisdiccional, conforme a la Jurisprudencia PC.XXII. J/2 A (10a.), con registro digital 2013972, emitida por el Pleno de este Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Asimismo, orientan lo anterior las Jurisprudencias 2a./J. 19/2015 y 130/2013, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Al tenor de dichos criterios, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del recurso de revisión en cita, o bien vía jurisdiccional administrativa, según opte el inconforme, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, debe concluirse que el oficio CNF/PDF-HGO/1016/2022, de veintinueve de julio de dos mil veintidós, es susceptible de ser modificado, nulificado o revocado. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 82/2000, Septiembre de 2000, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN."; pues de su contenido se advierte que el numeral 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya fue analizado y se concluyó que dicho numeral no impone mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Precisando que si bien la jurisprudencia en comento data de septiembre de dos mil veinte, cierto es que el contenido del numeral 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente en esa época, es del mismo contenido que el que se encuentra vigente a esta fecha; por tanto, dicha jurisprudencia es aplicable al presente asunto. En ese sentido, no se actualizan los casos de excepción al principio de definitividad que señala la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se mencionó en párrafos precedentes, el plazo que el recurso o medio de defensa legal exige para conceder la suspensión provisional, no es mayor al establecido en la Ley de Amparo y dicho recurso o medio de defensa se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no en un reglamento; asimismo, de la demanda de amparo no se advierte que el promovente del amparo, solo alegue violaciones directas a la constitución ni que los actos carezcan de fundamentación, pues el oficio reclamado y su ejecución, se advierte que la autoridad responsable estableció los dispositivos legales aplicables y los motivos por los cuales emitió el mismo. Asimismo, del contenido del oficio reclamado la responsable hizo saber al promovente que el acto administrativo era recurrible y se citaron los precepto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén tal medio de impugnación, que en el caso, se trata del medio de defensa de carácter optativo al que se hizo alusión en párrafos precedentes -revisión-, con la consecuente factibilidad de acudir al juicio contencioso administrativo, como lo prevé el propio numeral 83 de dicha legislación. En consecuencia, la parte quejosa antes de promover el presente juicio, debió agotar el recurso de revisión o bien el juicio contencioso administrativo, conforme al cual podría nulificar, revocar o modificar los actos reclamados. Por ello, se reitera, si los mencionados medios de defensa no fueron intentados por la parte quejosa, antes de promover el juicio de amparo respecto de los actos de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio, pues en el caso particular la parte quejosa, no es un tercero extraño a juicio, esto es, se trata de actos administrativos en los que no existe un controvertido al que no se le haya llamado a deducir sus derechos. Orienta lo expuesto, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de ese Máximo Tribunal del país, que puede consultarse con el registro digital 2017117, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, Materia Común, de rubro y contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Asimismo, como se evidenció en párrafos que anteceden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución. Del mismo modo, como ya se dijo, los actos reclamados no importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República, pues como los actos son meramente de carácter administrativo. De igual forma, en la especie no se impugna una ley que se estime inconstitucional con motivo de su primer acto de aplicación, lo que se evidencia con la descripción de los actos reclamados en el apartado correspondiente. A su vez, los actos reclamados no se tratan de aquellos que importen peligro de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo que se advierte de la precisión de los actos reclamados que se hizo en el segundo considerando de la presente resolución. Finalmente, por lo que hace al último de los requisitos, no obstante que el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece que no es obligación del quejoso agotar los recursos o medios de defensa cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución; de ahí que si la parte promovente solamente alegara violaciones directas a la Constitución Federal, entonces esta autoridad federal conocería de la demanda de amparo; empero, el promovente únicamente recurre el contenido del oficio en comento. Es por ello que se afirma que la impetrante debió acudir a la vía ordinaria a alegar las infracciones que a su parecer fueron cometidas en los actos reclamados, por lo que es en el medio de impugnación relativo, donde tendrá la oportunidad de defender sus intereses. Es aplicable la jurisprudencia XX. J/1 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 94, Tomo I, abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente". Afirmar lo contrario implicaría analizar el fondo del asunto por el solo hecho de que en la demanda de amparo se señalen violaciones directas a la Carta Magna, es decir, quedaría al arbitrio del promovente la opción entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece. Cobra aplicación, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De esa manera, si la parte quejosa plantea en la demanda de amparo, de manera simultánea violaciones directas a la Constitución y de legalidad; previo al juicio de amparo, se debió promover el recurso o medio de defensa establecidos en la ley ordinaria. Consecuentemente, no se actualiza alguna de las excepciones en las cuales podría proceder el juicio de amparo, previo a agotar el recurso o medio de defensa ordinario. Cuestión distinta sería que la parte quejosa únicamente hubiese alegado violaciones directas a los artículos 14 y 16 Constitucionales, esto es, violación al derecho de audiencia y carencia de fundamentación de competencia de la autoridad responsable para ordena la inspección con facultades de clausura; ello es así, pues en el caso se trata de actos administrativos en los que no existe un controvertido al que no se le haya llamado a deducir sus derechos. Es decir, la parte promovente no se ciñe a alegar cuestiones estrictamente constitucionales, sino que incorporó únicamente argumentos de legalidad. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Evaristo Humberto Anaya Olvera en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Acatlán, Municipio de Acatlán, Hidalgo, contra actos que reclama del Titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Hidalgo. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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