Evaristo Hernández Domínguez

Expediente 917/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
917/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Evaristo Hernández Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual informa que la multa impuesta a Alberto Aguirre Rivera, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, quedó controlada con el número de crédito 26761/2017. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 917/2017, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Evaristo Hernández Domínguez, por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 3. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 4. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 5. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 6. Coordinador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA 7. Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS La orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. La demanda de amparo fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 917/2017 y previo desahogo de la prevención de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, fue admitida el veinticinco de octubre del año en curso; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Negativa del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye, consistente en la emisión de una orden de captura girada en contra del quejoso Evaristo Hernández Domínguez. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, el quejoso no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos que reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquellos tuvieron. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. TERCERO. El Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de habérsele solicitado con toda oportunidad, según se advierte de la constancia de notificación relativa al oficio número 24290/2017, por medio del cual se le requirió y que obra agregada al sumario en la foja treinta y uno; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado consistente en la emisión de una orden de aprehensión en contra del quejoso. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso. Así tenemos que devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen en líneas subsecuentes. El acto reclamado se hizo consistir en una orden de aprehensión cuya emisión se atribuye al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cual se tuvo presuntivamente por cierto, ante la omisión en rendir su informe justificado. No obstante, tomando en consideración que la emisión de las resoluciones y actuaciones combatidas se atribuye a autoridades jurisdiccionales especializadas en materia penal, y que, por ese motivo, no son de aquellos actos que pudieran ser violatorios de derechos en sí mismos, sino que, su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que éstas se hayan fundado para su dictado, la carga de la prueba para demostrar su inconstitucionalidad quedó a cargo del quejoso, conforme con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 117, de la ley de la materia. En tal virtud, si el quejoso no allegó al juicio medio de convicción alguno para demostrar la violación de derechos que alega, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para determinar si dicho acto presenta los vicios por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por ese motivo que se estiman infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda, lo que da pauta para negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita en contra de la referida orden de aprehensión. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establezca que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que la responsable reconozca en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyó el juez responsable para emitir la resolución impugnada, y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio; pero es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues como ya se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Tiene aplicación al caso particular en la parte conducente, por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Ahora, de la parte final de esta jurisprudencia, se deslinda expresamente que la regla de recabar constancias oficiosamente, no se aplica cuando la presunción de certeza del acto deriva de la falta de informe, y ésta tesis no admite alguna excepción que dé lugar a considerar que, si la naturaleza del acto reclamado se proyecta sobre la libertad personal, se justifica recabar constancias pues es enfática la afirmación en el sentido de que "corresponde al quejoso la carga de la prueba". De éste modo, al existir jurisprudencia del Pleno de la Corte, que es obligatoria para este Juzgado de Distrito, no es posible considerar un criterio de interpretación distinto, incluso con base en el principio pro personae, pues implicaría desatenderla, a pesar de que no se ha emitido resolución que la interrumpa, o la sustituya (esta última hipótesis siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 230 de la Ley de Amparo). En estas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. QUINTO. Como el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificado para ello, según se indicó en líneas anteriores, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impone, una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual asciende a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100), la cual da como resultado de la multiplicación de cien unidades por el importe de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), En tal virtud, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Servicio de Recaudación de Guerrero "1", con sede en Guerrero, en esta ciudad, para que proceda, o bien, ordene a quien corresponda hacer efectiva la multa impuesta a Alberto Aguirre Rivera, quien ocupa el cargo de Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en calle Dr. Sergio GArcía Ramírez, sin número, colonia Las Cruces, código postal 39700, en esta ciudad, adjuntándole copia certificada de las constancias necesarias. Es aplicable la jurisprudencia 41/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EL HECHO DE QUE QUEDE SIN MATERIA, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO IMPONGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA MULTA PREVISTA EN EL NUMERAL 260, FRACCIÓN IV, DEL MISMO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la finalidad u objeto de la multa en comento no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que impone a la responsable el artículo 178 de la Ley de Amparo, sino sancionar, en lo que aquí interesa, la falta de trámite de la demanda de amparo. Además, su naturaleza jurídica no es la de una medida de apremio o de una corrección disciplinaria, pues no deviene de un mandato del órgano de control constitucional, ni se encamina a la preservación del orden o respeto en un juicio, sino la de una sanción, pues constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a un mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es previo para la autoridad responsable. Por ello, aun cuando la finalidad de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se, sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, sea en un apartado de la resolución que se emita al resolver la queja, o en una diversa resolución, incluso un auto emitido por el Magistrado que presida el tribunal colegiado que conozca del asunto, pues la sanción opera ante el solo hecho de que se haya materializado el supuesto correlativo de infracción a la ley. En esa medida, aun ante el hecho de que el recurso de queja en comento pudiera estimarse que habría de quedar sin materia, por la atención ulterior que la autoridad responsable efectúe de los lineamientos que le impuso el legislador en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, y que se llegara a demostrar en el informe de queja que debe rendir en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 101 de ese mismo ordenamiento; legalmente no puede permitirse que por ese mero y eventual cumplimiento, que, de cualquier modo, aconteció fuera de plazo, se permita a la autoridad responsable evadir la imposición de la multa condigna que le debe ser impuesta por haberse ubicado previamente en el supuesto de infracción que el legislador expresamente ha dispuesto sancionar, al haber dejado de actuar en su debida oportunidad, en plena concordancia a los lineamientos relativos que le impone el numeral 178 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe agregar que la observancia ulterior de tales lineamientos, sólo implica que en el caso particular de que se trate, ya no se le exija a la autoridad responsable, mas en modo alguno, puede seguirse de ello una dispensa de la sanción prevista para el caso de inobservancia de esa disposición legal. No puede desatenderse que el obstáculo a la prosecución de la instancia de amparo entraña infracción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ni que el artículo 1º de esta, por un lado impone a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y; por otro, su mandato en el sentido de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada a pie de página en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 917/2017, promovido por Evaristo Hernández Domínguez, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Evaristo Hernández Domínguez, por las consideraciones vertidas en el cuarto considerando de esta sentencia. TERCERO. Por los motivos que se precisan en el último considerando de este fallo, se impone una multa de cien unidades de medida y actualización, a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Coordinador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 917/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO.- El quejoso , solicitó la suspensión definitiva de los actos y autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1. Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. 2. Coordinador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. EJECUTORA: 2.- Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión, así como su cumplimiento. SEGUNDO.- Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Antes de proveer sobre la procedencia de la medida cautelar, se advierte de la lectura de la demanda de amparo, que el incidentista reclama, la orden de aprehensión y su cumplimiento. SEGUNDO. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como, el Coordinador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, del Distrito Judicial de Tabares y el Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes previos negaron los actos que se les atribuyen, los cuales quedaron precisados en líneas precedentes; por tanto, tomando en consideración que en el sumario no obra medio de convicción alguno del que se advierta lo contrario, pues el incidentista no aportó prueba tendente a acreditar la existencia del mismo, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se niega la suspensión definitiva solicitada por no existir materia sobre cual decretarla. TERCERO. El Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe previo, pese a estar debidamente notificado, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142, de la Ley de Amparo, se le tiene por presuntivamente cierto el acto que le atribuyen los incidentistas. CUARTO. Ahora bien, al estimar que se satisfacen los requisitos previstos por los artículos 128 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, se concede al incidentista, la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en cuanto hace a su libertad personal se refiere, y a disposición de la autoridad responsable que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. Ahora bien, si la orden de captura implica privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, por delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, se concede la suspensión provisional para el sólo efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentre recluido, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Asimismo, si dicha orden de aprehensión es dictada contra delitos que según la legislación penal aplicable no impliquen prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el fondo del amparo. Esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de esta interlocutoria, no cumple con las medidas de aseguramiento que a continuación se indican, las cuales se establecen en uso de la facultad discrecional y acorde con lo dispuesto por los artículos 136 y 168, fracción II, de la Ley de Amparo: 1. Exhibir garantía en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), o en cualquiera de las formas previstas por la ley, pero de elegir que aquella la constituirá en billete de depósito, en éste se deben indicar que será para que surta sus efectos la suspensión definitiva, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le conceda el amparo. Monto que se fija atendiendo a la naturaleza restrictiva del acto reclamado, sin que se cuente con elementos que permitan conocer la modalidad y características del delito que se le imputa, dado que reclama tal acto de manera genérica y al haberse señalado una autoridad ordenadora y una ejecutora; se estima que es mayor el interés que pueda tener en sustraerse de la acción de la justicia. 2. El incidentista deberá comparecer ante el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, a efecto de que se someta a su jurisdicción para continuar el proceso legal, debiendo acreditarlo ante este Juzgado Federal con las constancias relativas dentro del término de tres días siguientes al que le surta efectos la notificación del auto en que se tengan por recibidos dichos informes. Se apercibe al incidentista que de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal. En el entendido de que esta medida suspensional no surtirá efecto alguno, si: A. Se pretende privar de la libertad al quejoso en la comisión de flagrante delito. B. La orden restrictiva de la libertad que reclama emana de autoridad jurisdiccional distinta a las aquí señaladas como responsables ordenadoras. C. Es dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. D. Se infringe el Reglamento de Bando de Policía y Gobierno. Sin perjuicio además, de que la responsable ordenadora pueda citar al incidentista para la práctica de diligencias quien queda obligado a comparecer cuantas veces sea requerido para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se niega a , la suspensión definitiva que solicitó, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se concede al incidentista la suspensión definitiva solicitada, contra la autoridad responsable citada en el tercer considerando y en los términos expuestos en el último considerando. Notifíquese.

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