Evaristo Fernández Perez
Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Evaristo Fernández Perez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula de este expediente que es destruible y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que dice: "Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa III Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en San Luis Potosí, S.L.P., por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 258/2019-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que reclama la resolución dictada en la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZC/SLP/11254/19, que dicta el no ejercicio de la acción penal por los hechos que la ley señala como delitos de peculado, falsificación de documento en general, asociación delictuosa y uso de objeto o documento falso alterado. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ." Asimismo, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece: Artículo 258.- Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del numeral transcrito, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución, caso en el cual se convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con citación de la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió la contradicción de tesis 233/2017, y señaló que una interpretación funcional de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Además de que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, tratándose de la determinación ministerial en la que se resuelve la indagatoria concluyendo el no ejercicio de la acción penal, la autoridad judicial rectora puede revocar tal determinación y, en consecuencia, que el Ministerio Público realice la actuación o determinación correspondiente o valore en cierto modo alguna prueba. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar la determinación de la autoridad ministerial del no ejercicio de la acción penal a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258. Lo cual es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, aquella determinación de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que determine lo conducente. Por lo tanto, se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En el presente caso, el quejoso reclama la resolución de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Mesa III Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en San Luis Potosí, dentro de la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZC/SLP/11254/19, a través del cual determinó el no ejercicio de la acción penal. En ese contexto, al estar previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recogido a su vez en el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un medio de impugnación ante el Juez de Control para analizar la resolución de no ejercicio de la acción penal de un agente del Ministerio Público, como la que en el caso se reclama, sin que previamente a la promoción del presente juicio constitucional se haya instado, en consecuencia se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Apoya lo expuesto por las razones que la informa, la tesis 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Tomo I, Libro 57, Agosto de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En esa tesitura, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa III Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en San Luis Potosí, S.L.P., por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 258/2019-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que reclama la resolución dictada en la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZC/SLP/11254/19, que dicta el no ejercicio de la acción penal por los hechos que la ley señala como delitos de peculado, falsificación de documento en general, asociación delictuosa y uso de objeto o documento falso alterado. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ." Asimismo, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece: Artículo 258.- Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del numeral transcrito, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución, caso en el cual se convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con citación de la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió la contradicción de tesis 233/2017, y señaló que una interpretación funcional de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Además de que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, tratándose de la determinación ministerial en la que se resuelve la indagatoria concluyendo el no ejercicio de la acción penal, la autoridad judicial rectora puede revocar tal determinación y, en consecuencia, que el Ministerio Público realice la actuación o determinación correspondiente o valore en cierto modo alguna prueba. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar la determinación de la autoridad ministerial del no ejercicio de la acción penal a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258. Lo cual es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, aquella determinación de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que determine lo conducente. Por lo tanto, se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En el presente caso, el quejoso reclama la resolución de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Mesa III Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en San Luis Potosí, dentro de la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZC/SLP/11254/19, a través del cual determinó el no ejercicio de la acción penal. En ese contexto, al estar previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recogido a su vez en el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un medio de impugnación ante el Juez de Control para analizar la resolución de no ejercicio de la acción penal de un agente del Ministerio Público, como la que en el caso se reclama, sin que previamente a la promoción del presente juicio constitucional se haya instado, en consecuencia se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Apoya lo expuesto por las razones que la informa, la tesis 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Tomo I, Libro 57, Agosto de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En esa tesitura, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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