Evaristo Emmanuel Martínez González
Expediente 1100/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Evaristo Emmanuel Martínez González
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista al promovente.
- Principal
México, Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de la cual se advierten los motivos por los cuales la fedataria judicial de la adscripción no pudo notificar el contenido del proveído de veintiséis de octubre del año en curso, el quejoso *****, en virtud de que estando constituida en el domicilio señalado en autos, la persona que la atendió mencionó que bajaría a recibir la notificación, pero después de quince minutos nunca acudió a su llamado. En esas condiciones, dada la negativa de la persona con la que se entendió la diligencia, se ordena notificarle el auto referido, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. "México, Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. El escrito inicial de demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, y recibido el veinticinco del mes y año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. PERSONALIDAD La demanda se promueve *****, por propio derecho, contra actos que reclama de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin que haya lugar a tener como autoridad responsable al Magistrado integrante de la sala responsable, por lo que será ésta quien deberá rendir el informe justificado correspondiente y en su caso remitir las constancias relativas, de conformidad con lo establecido en la contradicción de tesis 99/97, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES LA SALA CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR ELLA EN UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE LA HAYA DICTADO. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1100/2022-V, y con número de NEUN 31086424. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso, reclama en esencia la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca número 1147/2021, por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivada del cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 999/2021, del índice de este juzgado, que resolvió el medio de impugnación interpuesto contra la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de ejecución de convenio derivado del juicio ordinario civil divorcio incausado expediente 1931/2018, seguido por *****, contra el quejoso, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, por el cual revoco la resolución interlocutoria y condenó al impetrante al pago de la cantidad de $68,216.80 (sesenta y ocho mil doscientos dieciséis pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de pago de colegiaturas, inscripciones, uniformes escolares y de karate, útiles escolares, libros y materiales didácticos. Resulta preciso citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterito de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de libertad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1. Que el juicio ordinario civil divorcio incausado expediente 1931/2018, seguido por ******, contra *****, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, las partes suscribieron convenio el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 2. En veintiséis de agosto de dos mil veinte, la actora en el juicio de origen, promovió incidente de ejecución de convenio en el que reclamada diversas prestaciones, resuelto mediante interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno. 3. Inconforme con dicha resolución, la actora interpuso recurso de apelación del cual toco conocer a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, registrado con el número de toca número 1147/2021, resuelto el quince de octubre de dos mil veintiuno. 4. Tal sentencia fue recurrida mediante juicio de amparo indirecto del cual correspondió conocer a este juzgado de distrito, con el número 999/2021, que fue resuelto mediante sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, y confirmada mediante resolución dictada en el amparo en revisión R.C. 219/2022, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que confirmó la sentencia en la se concedió el amparo y protección de la justicia federal al aquí quejoso, asimismo, se tuvo a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informando que emitió la sentencia de seis de septiembre de dos mil veintidós, como parte del cumplimiento dado a la ejecutoria del juicio en comento. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo anterior es así, toda vez que, no obstante que la parte quejosa señaló en la demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el treinta de septiembre de dos mil veintidós, lo cierto es que, como se advierte del juicio de amparo invocado como hecho notorio, se aprecia que tuvo conocimiento desde el nueve de septiembre de dos mil veintidós, que resulta el día siguiente al en que surtió efectos la notificación que se realizó por boletín judicial de la resolución que ahora reclama. En efecto, como se advierte de la certificación de cuenta, en el libro de registro de juicios de amparo de este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 999/2021-IV, promovido por ******, en el cual señaló como acto reclamado la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 1147/2021, por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que revocó la interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el incidente de ejecución de convenio, promovido en el juicio ordinario civil divorcio sin causa 1931/2018; la cual, se resolvió mediante sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, y confirmada mediante resolución dictada en el amparo en revisión R.C. 219/2022, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que confirmó la sentencia en la se concedió el amparo y protección de la justicia federal al aquí quejoso, asimismo, se tuvo a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo 999/2021, con la interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca del índice de la sala responsable, y de la cual tuvo conocimiento el quejoso mediante boletín judicial de siete de septiembre del año en curso, surtiendo sus efectos el ocho de septiembre del presente año. Actuaciones que, constituyen un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número VI.1º.P. J/25, consultable en la página 1199, del Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Así, debido a que el quejoso resulta parte demandada en el procedimiento de origen, se encuentra sujeto a las reglas de notificación que le asiste como parte en dicha contienda, por ende, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada, y no en el momento en que este juzgado le dio vista con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia protectora. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. Esto es así, pues el quejoso comparece a la presente instancia constitucional, reclamando la resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca número 1147/2021, por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la que revocó la resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, y condenó al impetrante al pago de la cantidad de $68,216.80 (sesenta y ocho mil doscientos dieciséis pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de pago de colegiaturas, inscripciones, uniformes escolares y de karate, útiles escolares, libros y materiales didácticos. Lo anteriormente, conduce a determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado por el quejoso, lo que hace prueba plena en su contra de los hechos plasmados en su demanda. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, el amparo indirecto debe promoverse ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o haya de ejecutarse; por su parte, el artículo 107 de la Ley de amparo, establece que el Amparo indirecto se pedirá ante el Juez de distrito. En este sentido es de precisar que en el presente asunto se reclama la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca número 1147/2021, por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la resolución interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca número 1147/2021, por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; luego, si la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México hasta el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, según se advierte del sello fechador de dicha oficina; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió del nueve de septiembre al seis de octubre del presente año. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, a sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del impetrante el que indica. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita." Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE personalmente al quejoso.
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