Evaristo Eloy Morales Reyes
Expediente 1434/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 53 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Evaristo Eloy Morales Reyes
- Asamblea General de Ejidatarios del ejido de Villa de San Juan Teotihuacan, del Municipio de San Juan Teotihuacan, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, sin que ninguna de las partes lo haya hecho; por tanto, se declara que dicha determinación ha quedado firme; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Incidental
se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, sin que ninguna de las partes lo haya hecho; por tanto, se declara que dicha determinación ha quedado firme; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado en el que se encuentran los presentes autos, de los que se advierte que el acto que de manera destacada reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se hace consistir en las determinaciones derivadas de la asamblea general de ++++++++++++++++++++++++++++++, de nueve de abril de dos mil y su ejecución; particularmente las siguientes: 1. El acuerdo mediante el cual delimita el polígono ejidal, en su colindancia por el lado sur, con la propiedad privada de los quejosos inmueble denominado CIENEGA situada en la Villa de San Juan Teotihuacán, Municipio de Teotihuacán, Estado de México. 2. El acuerdo mediante el cual se aprueba el plano interno general del ejido, así como del plano polígono número 3/6 que contiene la Zona 1, del área parcelada ejidal del Ejido de Villa de San Juan Teotihuacán, Municipio de Teotihuacán, Estado de México. 3. La orden de desposesión de una fracción de terreno de nuestra propiedad denominado CIENEGA situada en la Villa de San Juan Teotihuacán, Municipio de Teotihuacán, Estado de México. 4. La inscripción y registro en el libro respectivo a Polígono número 3/6, que contiene la zona 1 del área parcelada ejidal del Ejido de Villa de San Juan Teotihuacán del Municipio de Teotihuacán, Estado de México en el que se encuentra inmersa la superficie de 546.83 metros cuadrados del terreno denominado CIENEGA de su propiedad. Luego, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que se consientan tácitamente en razón de no promover el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En efecto, para acreditar la causa de improcedencia que se analiza, conviene transcribir el artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su fracción XIV, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De igual manera, cabe destacar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los artículos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el peticionario de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito artículo legal 17, prevén las excepciones a la regla general, esto es: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado que se analiza en el presente apartado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del citado artículo. En ese contexto, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado, corrió al menos del dieciséis de julio al tres de agosto de dos mil dieciocho (sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de julio de la citada anualidad, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo), dado que en la primera fecha indicada los aquí quejosos presentaron demanda a juicio agrario en contra del Comisariado Ejidal del Ejido de Villa de San Juan Teotihuacán del Municipio de Teotihuacán, en el Estado de México. Lo anterior, habida cuenta que de las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se advierte que los aquí quejosos promovieron el juicio agrario 772/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 en Texcoco, Estado de México; en el cual señalaron como prestaciones las siguientes: "A) Del Ejido de VILLA DE SAN JUAN TEOTIHUACÁN del Municipio de TEOTIHUACAN, en el Estado de México y del órgano registral. La Nulidad parcial de los acuerdos adquiridos Durante la Asamblea General de Ejidatarios celebrada en el Ejido de VILLA DE SAN JUAN TEOTIHUACÁN del Municipio de TEOTIHUACAN, en el Estado de México, el día 9 de abril de 2000, sólo y por cuanto hace al ilegal acuerdo de Asamblea que determina la delimitación de su polígono Ejidal, en su colindancia por el lado Sur con nuestra propiedad privada, denominada Predio la Cienega situada en Villa de San Juan Teotihuacán, municipio de Teotihuacán, Estado de México, propiedad plena de los suscritos EVARISTO ELOY MORALES REYES Y ZEUS PIÑA SOBERANIS. Toda vez que con dicha delimitación incluyeron la superficie de 546.83 metros cuadrados de nuestra propiedad en el polígono ejidal privándonos con ello de su titularidad, dejándonos respecto de la misma, en completo estado de indefensión ante la controversia posesoria, violentando el órgano máximo del ejido en nuestro perjuicio, o que establecen los numerales 14, 16 y 27 constitucionales, al haber lesionado en nuestros derechos, sin hacer sido sometidos a un procedimiento previamente establecido, sin otorgarnos nuestra garantía de audiencia, sin debido proceso como lo estatuyen los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, en correlación al 1 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que al cambiarle de destino de propiedad privada de nuestro terreno a ejidal, de mutuo propio, nos causa perjuicio patrimonial. B) Del mismo ejido y del órgano registral agrario. La Nulidad del Plano interno General del ejido como del plano del Polígono número 3/6 que contiene la Zona 1, del área parcelada Ejidal, del ejido de VILLA DE SAN JUAN TEOTIHUACÁN del Municipio de TEOTIHUACAN, México, en el que se encuentra inmersa la superficie denominada Predio la Cienega situada en Villa de San Juan Teotihuacán, municipio de Teotihuacán, Estado de México, propiedad plena de los suscritos EVARISTO ELOY MORALES REYES Y ZEUS PIÑA SOBERANIS, al haberse incluido en ellos ilegalmente como propiedad del ejido. C) Del mismo ejido sea declarado por el Tribual Agrario que la superficie de 546.83 metros cuadrados, denominada Predio la Cienega situada en Villa de San Juan Teotihuacán, municipio de Teotihuacán, Estado de México, y que es propiedad plena de los suscritos EVARISTO ELOY MORALES REYES Y ZEUS PIÑA SOBERANIS, NO FORMA PARTE DE LA SUPERFICIE DOTADA AL EJIDO VILLA DE SAN JUAN TEOTIHUACÁN del municipio de TEOTIHUACÁN, México, por resolución presidencial de fecha 16 de mayo de 1925. D) Del mismo ejido y del órgano registral, declarado procedente lo anterior, sea ordenado por el Tribunal que la superficie de 546.83 metros cuadrados objeto de esta controversia, al corresponder a la propiedad privada de los suscritos SEA EXCLUIDA DE LOS POLÍGONOS EJIDALES del núcleo agrario demandado y se ordene al Registro Agrario Nacional en el Estado de México, proceda a tildar, certificar y/o hacer las inscripciones marginales correspondientes en los planos y productos cartográficos del ejido, que establezcan que la superficie 546.83 metros cuadrados, corresponde a la propiedad privada de los suscritos amparada por la escritura pública número 8725, volumen 176 de fecha 29 de marzo de 2001, o en su defecto proceda a la elaboración de los nuevos planos que lo excluyan de la superficie total del ejido" Bajo esas circunstancias, se acredita que los quejosos Evaristo Eloy Morales Reyes y Zeus Piña Soberanis, tuvieron pleno conocimiento de los actos reclamados al menos desde el trece de julio de dos mil dieciocho; fecha en la cual presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, Texcoco, Estado de México, demanda en contra del Ejido de Villa de San Juan Teotihuacán del Municipio de Teotihuacan, en el Estado de México, en la cual reclaman la nulidad parcial de la Asamblea general de Ejidatarios del Ejido de Villa San Juan Teotihuacán, de nueve de abril de dos mil y su ejecución, la cual quedó registrada con el número de juicio agrario 772/2018. Es aplicable, por analogía, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 232213, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". De ahí que, se estime que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el plazo para presentar demanda de amparo contra los actos que se analizan en el presente apartado, comenzó a transcurrir a partir del día siguiente, a aquél en que se tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es el: trece de julio de dos mil dieciocho, data en la cual presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, Texcoco, Estado de México, demanda en contra del Ejido de Villa de San Juan Teotihuacán del Municipio de Teotihuacan, en el Estado de México, en la cual reclaman la nulidad parcial de la Asamblea general de Ejidatarios del Ejido de Villa San Juan Teotihuacán, de nueve de abril de dos mil y su ejecución, la cual quedó registrada con el número de juicio agrario 772/2018. Por tanto, al haberse presentado la demanda de origen del presente juicio, hasta el día uno de febrero de dos mil diecinueve, es inconcuso que su presentación resulta extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 291, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, con número de registro 204707, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Asimismo, de lo anterior, es claro advertir que en el caso en concreto, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XIX del numeral 61, de la misma ley, que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente, cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa, propuesto por la parte quejosa, que pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar la resolución que constituye el acto reclamado. En ese contexto, visto los actos de los que se duelen los quejosos en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, mismos que fueron establecidos en párrafos precedentes, se advierte con claridad que los peticionarios de protección constitucional se sometieron pro su propia voluntad al juicio agrario, siendo por tanto actualizable la causa de improcedencia señalada, toda vez que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo se encontraba en trámite la autoridad jurisdiccional competente un medio de defensa propuesto por los amparistas, que tiene por efecto modificar o revocar los actos reclamados. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, ya que los quejosos promovieron un diverso medio de defensa previsto en la Ley Agraria. En esas condiciones, se consideran actualizadas respecto de los actos reclamados las causas de inejercitabilidad de la acción previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XIX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, en términos de lo establecido en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento en mención; puesto que la misma es manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtuaría. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda". Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para esta data; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que si bien se dio vista de forma general con las actuaciones a ++++++++ en su carácter de sucesor del tercero interesado +++++++++, quien fue emplazado el doce de diciembre de dos mil veintiuno, lo cierto es que no se le ha corrido traslado con los puntos sobre los cuales versa la prueba pericial de ingeniería, topografía y geodesia que se admitió en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, así como de los puntos que le fueron adicionados en escrito del Comisariado Ejidal responsable presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, para que estuve es posibilidad de ampliarlos, así como de ofrecer perito de su parte. En ese sentido y a efecto de no vulnerar derecho alguno de la parte tercera interesada, córrase traslado a ++++++++++++ en su carácter de sucesor del tercero interesado +++++++++++++, con los puntos sobre los cuales versa la prueba de ingeniería, topografía y geodesia, que se admitió en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, así como de los puntos que le fueron adicionados en escrito del Comisariado Ejidal responsable presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar los puntos sobre los que versará el referido dictamen, así como de ofrecer perito de su parte o bien manifieste si se asocia al nombrado por este Juzgado de Distrito. Para dar margen a lo ordenado en párrafos precedentes, y con la finalidad de evitar posibles violaciones procesales, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan, las once horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la misma.
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