Evarista Aurora López Aguirre

Expediente 1865/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1865/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Evarista Aurora López Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    i)Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído del doce de diciembre del presente año (foja 13 a 17), por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I-Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Evarista Aurora López Aguirre, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1865/2018-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso a estudio, por esta vía constitucional se combate la resolución interlocutoria que cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México en los autos del expediente 683/1994, en la que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se ordenó requerir a Arisandy Maya Díaz, María del Carmen García Piña y a María Teresa Reyes Navarrete, a efecto de que depositaran ante el juzgado responsable el fruto de las rentas mensuales de los locales del inmueble ubicado en calle Juárez, Numero Diez (10), Calimaya, Estado de México, inmueble materia del expediente de origen, en cumplimiento a la sentencia emitida en ese juicio. En el caso concreto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107 fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " En principio, es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61 de la legislación en cita establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, establece como presupuesto de procedencia en la vía indirecta, que al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa sea reclamable en juicio constitucional. Así, el juicio biinstancial procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De tal manera, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. No se pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Del criterio trascrito se advierte, que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente en tratándose de actos de imposible reparación, es decir, que su afectación sobre los derechos sustantivos del agraviado y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial, pero independiente de la propia ejecución de la sentencia. Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de dichos actos materialmente afecte derechos sustantivos. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que la quejosa en la presente instancia reclama un acto en ejecución de sentencia tendiente a dar cumplimiento dentro de un procedimiento civil, que no afecta derechos sustantivos. Se debe analizar si dicha autonomía es de carácter destacado, o bien sólo se trata de una acto autónomo dictado en la etapa de ejecución de sentencia. A criterio de quien aquí resuelve, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria que cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México en los autos del expediente 683/1994, en la que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se ordenó requerir a Arisandy Maya Díaz, María del Carmen García Piña y a María Teresa Reyes Navarrete, a efecto de que depositaran ante el juzgado responsable el fruto de las rentas mensuales de los locales del inmueble ubicado en calle Juárez, Numero Diez (10), Calimaya, Estado de México, inmueble materia del expediente de origen, en cumplimiento a la sentencia emitida en ese juicio, no goza de una autonomía destacada que haga procedente el juicio de amparo, pues no se trata de una determinación que se encuentre encaminada a la ejecución de la sentencia ejecutoriada, o sea necesaria para lograr la misma, tampoco se trata de una excepción o medio de defensa por el que se pretenda suspender o detener la ejecución en cuestión, por lo que es dable establecer que únicamente se trata de un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia con efectos en el propio procedimiento con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente 683/1994, que en su momento adquirirá firmeza. En efecto, el acto que la quejosa tilda de inconstitucional no afecta sus derechos sustantivos, ya que las consecuencias jurídicas que derivan del depósito de las rentas de los locales del inmueble que defiende, es el resultado del cumplimiento de la sentencia que la autoridad responsable pretende dar en el expediente 683/1994 -etapa de ejecución-; es decir, el hecho de que la autoridad responsable haya autorizado que se deposite el producto de dichas rentas en el local del juzgado, no significa que las arrendadoras cumplan con dicho actuar, ya que dicha actuación no tiene características coercitivas, es por ello, que se sostiene que no es la última actuación dentro del procedimiento. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.116 K, publicada en la página 1287 del Tomo XXXIV, correspondiente a agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro 161390, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, AUTÓNOMOS A LA COSA JUZGADA. De conformidad con la tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que por excepción, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, puede admitirse la vía indirecta para actos que de manera directa afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Asimismo, de las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a ese criterio, se observa que la aplicación, por analogía, que dicha jurisprudencia autoriza, no implica la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, la regla general la constituye que el juicio de amparo sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y sólo por excepción se admite la procedencia del amparo biinstancial, cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; entendiéndose como tales de conformidad con la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que sustenta el mismo órgano, aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Asimismo, procederá amparo indirecto contra las resoluciones que tengan autonomía de la ejecución." Sobre la base expuesta, debe estimarse que el auto reclamado, no es la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen, y con las formalidades esenciales del procedimiento; de igual forma, no goza de una autonomía destacada que haga procedente el juicio de amparo, y tampoco se advierte que importe una afectación directa a los derechos sustantivos de los impetrantes del amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de la materia, se desecha de plano el presente juicio de amparo. DOMICILIO PROCESAL. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito que se acuerda. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizado en términos amplios a Francisco Campos Esquivel y a José Salas Ortiz, por contar con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que los restantes en términos restringidos del citado numeral al no contar con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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