Evangelina Soto Michel
Expediente 1484/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1484/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Evangelina Soto Michel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Colima, Colima, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/ar*
- Principal
Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, Evangelina Soto Michel acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que posteriormente se precisan. II. Prevención, admisión y trámite. Previa prevención, por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda de amparo, la que se radicó bajo el número de expediente 1484/2016-IV-A; solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción quien no formuló pedimento; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las diez horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, al tenor del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito En el Estado de Colima, con residencia en Colima, Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción II, de la Constitución Federal; 1, 37 y 114 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se reclaman actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dentro de la jurisdicción de éste juzgado. IV. Competencia especifica. Asimismo, este Juzgado es competente, ya que acorde con los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en razón de que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, al versar sobre la legalidad de un acto de una autoridad administrativa, en términos de la fracción II, del normativo 107, de la Ley de Amparo que se originó dentro de la circunscripción del Estado de Colima, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo, las autoridades responsables y actos que se reclaman, son los siguientes: Autoridades responsables Presidente Municipal de Minatitlán, Colima. Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima. Actos reclamados: La negativa de ingresar la solicitud formulada por la quejosa para obtener licencia de construcción por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. Actos que la parte quejosa estima vulnera en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Certeza de lo reprochado. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. VII. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima negaron los actos reclamados: Por tanto, -contrariamente a lo afirmado por la quejosa-, no existe el acto reclamado consistente en la negativa de recibir o ingresar la solicitud de la quejosa para obtener licencia de construcción. Así como la ejecución de la aludida instrucción por parte del Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. Además, la parte quejosa no demostró fehacientemente que se hubiese presentado ante las responsables y éstas le negaran ingresar el trámite aludido. Lo anterior es así, dado que atendiendo a la técnica del amparo, la determinación de la existencia o inexistencia de los actos atribuidos a una autoridad señalada como responsable, solamente puede referirse a cuestiones fácticas, es decir, a la comprobación en autos, por cualquiera de los medios legales, de la realización de esos actos por tales autoridades, o sea, si ha efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión, por lo que, si en la especie las responsables negaron el aludido acto reclamado y la quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara la aludida negativa y demostrara su existencia, ni de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado se advierte la existencia de éste. Al respecto se invoca la jurisprudencia 248 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Se estima lo anterior, pues la parte quejosa únicamente aportó como pruebas las siguientes: Constancia expedida por el Director de Catastro Municipal de Minatitlán, Colima de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, de la cual se desprende que en los archivos de dicha dependencia se encuentra registrado un predio urbano propiedad de la quejosa Evangelina Soto Michel, y que éste se encuentra al corriente del pago del impuesto predial hasta el sexto bimestre del año dos mil dieciséis. Constancia expedida por la Tesorera Municipal de Minatitlán, Colima de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través de la cual certifica que el domicilio ubicado en la calle Benito Juárez sin número en la colonia centro, propiedad de la quejosa, se encuentra al corriente del pago del impuesto predial. Copias certificadas relativas a los documentos que obran en los archivos del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, relativos a diversos predios ubicados en dicho municipio. Sin que de ninguno de los documentos mencionados se advierta que la quejosa efectivamente compareció ante las autoridades responsables con el fin de solicitar una licencia de construcción y ésta fue negada. En efecto, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho de petición, que se traduce en la prerrogativa que le asiste al particular de obtener una respuesta escrita, congruente y en breve plazo por parte de una autoridad, siempre que su solicitud sea presentada por escrito, de manera respetuosa y pacífica, sin que el servidor público requerido esté vinculado a contestar favorablemente a los intereses de aquél. Por ello, si para demandar la protección al mencionado derecho a través del amparo el quejoso no exhibe prueba alguna, únicamente su dicho bajo protesta de decir verdad, ello es insuficiente para acreditar la existencia de lo reclamado, al no poder adminicularse con algún otro elemento probatorio que la demuestre y, por tanto, el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de que, dada la naturaleza propia del acto reclamado, es innegable que corresponde al particular demostrar que formuló su solicitud ante la autoridad, y que ésta fue negada. Tiene aplicación, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte- 2, Enero a Junio de 1989, página 1031, cuyo rubro y texto literalmente establecen: "PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario". Por ende, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados y, en consecuencia, procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1484/2016-III-IV, promovido por Evangelina Soto Michel, respecto de los actos reclamados al Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, consistentes en la negativa de recibir, ingresar y tramitar la licencia de construcción solicitada por la quejosa; por las consideraciones plasmadas en el apartado denominado: "Inexistencia de los actos reclamados". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Liliana Anguiano Casillas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/LAC/
- Principal
Colima, Colima, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s) que lo(s) suscribe(n), y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional.} Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene como delegados a las profesionistas que menciona en su informe, y como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. Dado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, se difiere de manera anticipada la celebración de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciséis, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/ale
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Téngase por recibido el oficio de cuenta, por el cual el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, previo admitir el recurso de queja número 263/2016, solicita le sean remitidas las constancias completas del legajo de copias; en ese sentido, subsánese la omisión apuntada y remítase nuevamente el cuaderno de inmediato a dicho órgano jurisdiccional para los fines que se envió.
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