Evangelina Rutiaga Pacheco

Expediente 338/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
338/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Evangelina Rutiaga Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó estado la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Maribel Villanueva Salas. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Evangelina Rutiaga Pacheco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de la autoridad y los actos que a continuación se transcriben: "III.- Autoridad responsable.- lo constituye: JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO, CON CEDE EN LA CIUDAD DE LERDO, DURANGO. - Con domicilio ampliamente conocido en PALACIO DE JUSTICIA de la ciudad de Lerdo, Durango, ubicado en Avenida azucenas 42 de la colonia villa las flores, de la ciudad de Lerdo, Durango. LA C. ACTUARIA NOTIFICADORA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANFO, CON CEDE EN LA CIUDAD DE LERDO, DURANGO, con domicilio en la avenida Azucenas 42 de la colonia villa de las fuentes, en la ciudad de Lerdo, Durango, de quien reclamo las indebidas notificaciones realizadas dentro del expediente 170/2013 y que, declaro bajo protesta de decir verdad, jamás he recibido, dejándome en estado de indefensión". IV.- ACTO RECLAMADO.- El acto que se reclama a la C. ACTUARIA NOTIFICADORA, adscrita al JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO, CON CEDE EN LA CIUDAD DE LERDO, DURANGO, y lo constituye la ILEGAL Y DEFECTUOSA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA INICIAL Y ACUERDO ADMISORIO EMITIDO POR EL C. JUEZ PRIMERO MIXTO DE LA CIUDAD DE LERDO, DURANGO, ASÍ COMO LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL PROCESO Y TODO LO ACTUADO. Así mismo se reclama a la autoridad responsable, EL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LA CIUDAD DE LERDO, DURANGO, SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE DURANGO, la no revisión de las notificaciones realizadas dentro del proceso 170/2013, así como, la caducidad de la instancia, que acusó el expediente, por el transcurso del tiempo, sin que hubiese actividad procesal (presupongo sin conocimiento legal alguno), así como, la omisión en la observancia de los elementos de derecho en el dictado de su resolución y posterior admisión del incidente de liquidación de sentencia, que declaro bajo protesta de decir verdad, desconozco todo lo actuado". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, fue admitida contra actos del Juez Primero Mixto de la ciudad de Lerdo, Durango, Segundo Distrito Judicial en el Estado de Durango y actuaria de su adscripción y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 338/2022-IIB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Mediante escrito presentado en este juzgado de distrito, el doce de mayo del año en curso, compareció al presente juicio de amparo Gloria Herrera López a quien se le tuvo con el carácter de tercera interesada. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La notificación de la demanda inicial, el auto admisorio, así como la sentencia y todo lo actuado dentro de los autos del juicio 170/2013, del índice del Juzgado Primero Mixto de la ciudad de Lerdo, Durango. ii. La no revisión de las notificaciones realizadas en el juicio 170/2013; la caducidad de la instancia, así como, la omisión en la observancia de los elementos de derecho en el dictado de su resolución y posterior admisión del incidente de liquidación de sentencia. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia y actuaria de su adscripción, con sede en Lerdo, Durango, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Juez responsable, consistente en copia certificada de las que conforman el expediente 170/2013 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Juan Manuel Rodríguez Rutiaga; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Consecuentemente, al tener por cierto el acto reclamado, lo subsecuente es aperturar el capítulo de improcedencia o procedencia del juicio de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, fracción I, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos;". Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen por equiparación, en tanto que es parte demandada en el juicio ordinario civil 749/2017, acumulado al juicio sucesorio intestamentario 170/2013, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ciudad Lerdo, Durango, sin embargo, reclama que no fue emplazada legalmente al mismo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la quejosa Evangelina Rutiaga Pacheco, compareció ante el juzgado responsable a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, así como que con fecha quince de junio de dos mil veintiuno le fue notificada a través de su abogado, licenciado Rubén Guillermo Pimentel Salinas, en el domicilio señalado en la contestación de demanda para oír y recibir notificaciones, la sentencia definitiva de dos de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ciudad Lerdo, Durango, que refiere desconoce. En ese sentido, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama desde esa última fecha, cuando le fue notificada la sentencia definitiva de dos de junio de dos mil veintiuno, de ahí que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, dado que la misma fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna hasta el cuatro de octubre de dos mil dieciocho; esto es, tres años después. Esto es así, en tanto que la quejosa tenía el término de quince días hábiles para promover la demanda de amparo; luego, si tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen desde el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el plazo para reclamar en esta vía el emplazamiento de que se duele y las diversas actuaciones ocurridas en el mismo, comenzó a computarse al día siguiente en que surtió sus efectos, esto es, el quince de octubre de dos mil dieciocho, entonces el citado término, feneció el seis de noviembre de dos mil dieciocho, ello, sin contabilizar los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de octubre y uno, dos, tres y cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se concluye que la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la citada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. En efecto, si la demanda de amparo fue presentada el catorce de marzo de dos mil veintidós, según se patentiza de la papeleta de expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, no resta más que concluir que la presente demanda fue presentada de forma extemporánea. Lo anterior es así, en tanto que es la fecha con la que compareció a juicio a dar contestación a la demanda instaurada en su contra la que debe tomarse como punto de partida del término para la interposición del juicio constitucional que promueve contra el emplazamiento, en tanto que fue en ese momento en que tuvo conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 14, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, del Informe rendido por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y dos, que reza: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA.- El término para la interposición de la demanda de amparo, es por regla general, de quince días a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de la Materia. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado atendiéndose a la Ley que lo rige; al en que se haya tenido conocimiento de aquel o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del referido los días feriados. Ese criterio es el que prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL.- Los términos para la interposición de la demanda de amparo, deben regirse por el artículo de la Ley de la Materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común, por tanto, dicho término empieza a correr el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surta efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional". Sin que obste a la anterior determinación, el hecho de que la quejosa haya manifestado bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento del acto reclamado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en tanto que dicha manifestación se encuentra desvirtuada con las constancias relatadas y valoradas en líneas que anteceden, pues como se dijo, la quejosa compareció ante el juzgado responsable el cuatro de octubre de dos mil dieciocho a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que esa es la fecha que debe tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del referido plazo. En apoyo a lo anteriormente expuesto se invoca, aplicada en lo conducente, la tesis jurisprudencial J/194, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 1148, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." De ahí entonces, en el caso concreto debe concluirse que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, y por ende se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual se procede a decretar el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por Evangelina Rutiaga Pacheco. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues en aquel momento no se contaba con las constancias del juicio de origen, de donde este órgano jurisdiccional ahora advierte la actualización de la causal de improcedencia en estudio, sino únicamente se tenía la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa. Apoya a lo anterior la tesis I.4o.A.20 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 477, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta". Asimismo, tiene aplicación la tesis visible en la página 235, tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En cuanto a los diversos actos reclamados por la mencionada quejosa consistentes en las actuaciones subsecuentes, incluyendo la sentencia y los actos realizados en ejecución de la misma; cabe decir, que en relación con los mismos se patentiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de la misma ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo establece la jurisprudencia J/26, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, marzo de 2002, página 1225, registro electrónico 187496, de la literalidad siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. ..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio". Lo anterior es así, porque los precitados actos reclamados por la mencionada quejosa, derivan de otro consentido, esto es, emanan del emplazamiento reclamado y la sentencia dictada en el juicio de origen, lo cual como ya se precisó en párrafos que anteceden, fue consentido por dicha quejosa, al no haber presentado su demanda de amparo, dentro del término de quince días siguientes a aquél en que tuvo conocimiento del mismo. En ese contexto, si los actos aquí impugnados no son más que una consecuencia derivada de aquél consentido, esto es, la sentencia definitiva y actuaciones ocurridas en ejecución de la misma, es obvio que respecto de tales actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia en comento, por constituir actos derivados de otro consentido. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volumen 217-228, primera parte, página 9, registro electrónico 232011, que expresa lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Así como, la jurisprudencia VI. 2o. J/99, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, febrero de 1991, página 96, con registro electrónico 223476, que dice lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Y la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de mayo de dos mil veintidós.************************************************************Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente sumario no está plena y debidamente integrado, en virtud de que mediante auto de trece de mayo del año en curso, la tercera interesada Gloria Herrera López se apersonó en el presente juicio de amparo, por lo que, aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de seis de abril del año en curso y constancias con las que se dieron vista.****************************************Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del diez de junio de dos mil veintidós.****************************************Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: ****************************************"INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.****************************************Notifíquese.

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