Evangelina Robles Sánchez

Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
627/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Evangelina Robles Sánchez

Actuaciones

  1. Incidental

    Cúmplase.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado electrónicamente por la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto del Subdelegado Jurídico en la oficina de representación de dicha secretaría, mediante el cual solicita tener acceso al expediente electrónico del presente asunto. En tal virtud, y toda vez que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "O_WALKINSHAW"; por tanto, como lo solicita, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, únicamente con el objeto de que este Órgano Jurisdiccional pueda entablar comunicación, con dicha autoridad. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en auto de veinte de septiembre pasado, se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de aquél en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, cumpliera con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que a la fecha diera cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber transcurrido el plazo para ello como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en autos, remitiéndole para tal efecto se copia certificada de la misma, por lo que deberá remitir las constancias certificadas por duplicado que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector, a efecto de correrle traslado con una de ellas a las partes. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar la imposibilidad que le asista para ello, subiste el apercibimiento contenido en proveído de veinte de septiembre pasado, esto es, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente. En el entendido de que dicha información podrán remitirla vía correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad, como en éste juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Evangelina Robles Sánchez, contra actos del juez de Control del estado de Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo previo su registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 627/2022-III; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, en relación con el 3, y 130 de la Ley de Amparo, así como el numeral decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se ordena tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. Se señalan las nueve horas con treinta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables; enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; y toda vez que se señala autoridad judicial del sistema penal acusatorio, deberá anexar a su informe copia de la videograbación que contenga la audiencia o audiencias que constituyan los actos reclamados; asimismo, deberá acompañar por escrito el registro cronológico de las audiencias, o bien proporcionar la liga en la que se tenga acceso a dichas videograbaciones; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa de multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita al juez responsable que rinda su informe justificado vía servicio de interconexión, en términos de la Declaratoria de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del estado de Baja California, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; y se solicita a las diversas autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe justificado al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Esteban Chávez Salinas y Rosa Isela Robles Gutiérrez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, toda vez que del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregaron como promoventes en el expediente electrónico de este juicio de amparo a los usuarios: "LICROBERTOESTEBAN y "LICISELA"; por tanto, como lo solicita el promovente, se autoriza la consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vistas las copias simples de la demanda de amparo que promueve Evangelina Robles Sánchez, contra actos del juez de Control del estado de Baja California y otras autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, en relación con el 3, de la Ley de Amparo, así como el numeral decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, fórmese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 627/2022-III. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, con el apercibimiento, que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo particular, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita al juez responsable que rinda su informe previo vía servicio de interconexión, en términos de la Declaratoria de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del estado de Baja California, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; y se solicita a las diversas autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "La orden de comparecencia y/o presentación forzosa y/o aprehensión supuestamente girada en mi contra y su ejecución." Asimismo, la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos siguientes: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, y en su oportunidad la SUSPENSIÓN DEFINITIVA, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente amparo." Por tanto, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en el caso concreto se actualiza al haberse solicitado expresamente por la parte quejosa y con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social, al no advertirse alguno de los supuestos contemplados por el artículo 129 de la Ley de Amparo. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden privativa de la libertad de la quejosa, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo no se advierte la clasificación legal del delito por el que -en su caso- se haya dictado dicha orden, se concede a Evangelina Robles Sánchez, la suspensión provisional, para los efectos siguientes: Si la orden privativa de la libertad se refiere a delitos que de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Federal merezcan prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea detenida la quejosa, quede a disposición de este Juzgado de Derechos Fundamentales en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea recluida, quedando a disposición de la autoridad correspondiente por lo que ve a la secuela del procedimiento. Asimismo, si la orden privativa de su libertad se emitió por delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la constitución y la legislación procesal, la suspensión otorgada producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida con motivo de dicha orden. Sin que sea el caso imponer a la quejosa la obligación de presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento, toda vez que no se tiene certeza de la existencia de la orden reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2008, página 371, materia penal, con número de registro 170432, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de comparecencia o presentación girada en su contra, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que la quejosa, desahogue las diligencias en la etapa de investigación inicial a que se refiere el inciso a), fracción I del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ejercicio de su derecho de defensa, sin que esto signifique su detención ni de ninguna forma suspender el procedimiento de investigación y/o vigilancia que las autoridades señaladas como responsables estimen pertinentes en relación con el quejoso, ello en caso de haberse emitido alguna orden de comparecencia o citación a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo antes invocado. En este caso, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple dentro del plazo de cinco días hábiles, los siguientes requisitos: Otorgar garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos), en billete de depósito que deberá exhibir a su nombre o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, ante y a satisfacción de este juzgado. En el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. En el entendido de que si la solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 627/2022-III, promovido por Evangelina Robles Sánchez". En este sentido debe precisarse, que la garantía fijada se determina de manera discrecional, sin considerar algún otro aspecto, relacionado con las características de los hechos imputados; y tomando en cuenta la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; dado que hasta este momento no obra alguna medio de prueba o indicio que lo justifique; sin embargo, se considera que la determinación del monto de la garantía fijada es vigilar que este juzgado federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiendo la acción de la justicia. La presente medida cautelar no surtirá efectos si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito o en caso urgente, o bien, se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, y se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aportan pueda modificarse en todo o en parte conforme lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que para el otorgamiento de la suspensión sólo se tomó en cuenta el peligro en la demora, los perjuicios que pudiera sufrir la particular con la ejecución de los actos y la clase y cantidad de actos y autoridades que señaló; de ahí que las responsables al rendir su informe previo deben manifestar en forma expresa la naturaleza, modalidades y característica del delito por el que se emitió la orden privativa de libertad, los artículos que lo prevén y sancionan, el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias a imponer y si se trata o no de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa acorde el artículo 19 Constitucional; de ahí que la obligación impuesta a la quejosa de comparecer en el plazo de tres días hábiles ante la autoridad ordenadora, sea exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia de los actos reclamados y de la autoridad que lo emitió o pretende ejecutar. En la inteligencia de que la medida cautelar que se decreta tampoco surtirá efecto alguno si el acto que se reclama fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo; asimismo se aclara que la medida cautelar no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Esteban Chávez Salinas y Rosa Isela Robles Gutiérrez, ya que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, toda vez que del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregaron como promoventes en el expediente electrónico de este juicio de amparo a los usuarios: "LICROBERTOESTEBAN y "LICISELA"; por tanto, como lo solicita la promovente, se autoriza la consultar el expediente electrónico del expediente en el que se actúa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia certificada del presente acuerdo, previa constancia que se deje en autos, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Asimismo, hágase saber que no ha lugar a acordar de conformidad la expedición de un tanto más de la copia certificada que solicita, en virtud de que la parte promovente no justifica las razones por las que requiere su expedición. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que la expedición de copia certificada de constancias o documentos no se restringe a un solo juego, pero se encuentra condicionado a que se justifique su uso por la parte solicitante, lo que en el caso no aconteció. Dicha jurisprudencia se encuentra visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." En ese sentido, dígase a la parte promovente, que se encuentra en aptitud de obtenerlas de manera más rápida por la vía electrónica, al tener autorizado el acceso al expediente electrónico. Asimismo, por lo que hace, a la solicitud de expedición de copia certificada de la resolución interlocutoria que en su caso se emita en el incidente de suspensión en el que se actúa, dígasele que una vez que la misma obre en autos, y previa reiteración por escrito de dicha petición se acordará lo que en derecho corresponda. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Ahora bien, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a cualesquiera de los actuarios de este juzgado para que en días y horas inhábiles hagan entrega de los oficios correspondientes y realicen las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este incidente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

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