Evangelina Ortega Luna

Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Evangelina Ortega Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. En esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL para la parte (QUEJOSA) (SE REQUIERECOMPAREZCA A RECOGER DOCUMENTOS)

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veinticuatro de agosto del presente año, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por la parte quejosa y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  3. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 24/AGO/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    * En la Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, remite copia certificada del auto de dieciséis de agosto del año en curso, dictado en el juicio de nulidad 7763/16-17-05-8, a través del cual, tuvo por cumplida la sentencia definitiva de doce de marzo de dos mil dieciocho y la sentencia interlocutoria de queja de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio de nulidad citado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que mediante sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, en el recurso de revisión RA- 371/2021 se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[...] para el efecto de que la autoridad responsable, Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá demostrar lo siguiente: a) Obtener, la Constancia de Evolución Salarial, que incluya la información hasta el año dos mil veinte, hecho lo anterior obtenga el porcentaje de evolución salarial respectivo hasta esa anualidad; b) Dictar otra resolución siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia de nulidad de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad 7763/16-17-05-8, y en esta sentencia, resolución en la que deberá comparar los porcentajes de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, con el porcentaje de incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del uno de enero de cada año, así también compararlos con los porcentajes de incremento previos ya reconocidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; hecho lo anterior, aplicar en cada periodo el más bénefico para obtener la cuota diaria pensionaria de la quejosa, y así cuantificar la gratificación anual y pago de diferencias que resulten. c) Posterior, en su caso, ordenar el pago de las diferencias con motivo del ajuste pensionario, únicamente por los cinco años anteriores a la fecha en la que la aquí quejosa solicitó el incremento de su cuota diaria de pensión, incluyendo las diferencias por concepto de gratificación anual. Se impone destacar que, no es necesario que la autoridad responsable, emita algún acto en el que expresamente deje insubsistente el oficio SP/2400/2020, de veintisiete de abril de dos mil veinte, toda vez que, al declararse su inconstitucional en la presente sentencia, de manera inmediata y directa ha quedado nulificado de la esfera jurídica de la quejosa." Ahora bien, conviene destacar que mediante sentencia de doce de marzo de dos mil dieciocho, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad del acto impugnado, por las consideraciones y para los efectos siguientes: "(.) De los talones de pago exhibidos por las actores, visibles en las fojas 454 a 1309 de autos, y que tienen valor probatorio en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que a los actores les fue concedida su pensión en distintas épocas, y por ende, entre las distintas leyes que estuvieron vigentes y hasta la fecha, por lo tanto, esta juzgadora en las tablas que se insertan a continuación, desglosa la ley que le corresponde a cada grupo de actores: (.). -Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 31 de marzo de 2007, al 31 de diciembre del 2009: 'Tercero transitorio de la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. .Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento. (La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año. En caso de que en el año calendario anterior, el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementaran en la misma proporción que éstos últimos.) Tabla 4 PENSIONADO FECHA DE CONCESIÓN (.) (.) EVANGELINA ORTEGA LUNA 1 DE ABRIL DE 2008 (.) Efectivamente, corresponde a la autoridad demandada el motivar y fundar debidamente cuales han sido los incrementos y la forma en que se le han asignado a la cuota pensionaria de la actora, para justificar la motivación y fundamentación de la negativa al incremento y pago de cuotas vencidas no pagadas o diferencias retroactivas. (.) Por su parte, la autoridad demandada a lo largo de su oficio de contestación y contestación a la ampliación de demanda, inserta tablas de los supuestos incrementos que ha otorgado a los demandantes, sin que ello se desprenda el fundamento legal aplicado, ni mucho menos, las operaciones en las cuales se basó para arribar a la conclusión de que sí ha aumentado las pensiones de los actores conforme la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al momento en que cada uno de ellos causó baja, sino por el contrario, como ya se mencionó, solo se limita a insertar tablas en las que se visualiza la comparación entre el aumento reportado al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el aumentos de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, sin que de dicho oficio se desprenda cuales fueron los documentos de los que se allegó, como lo son las constancias de evolución salarial de cada uno de los actores, para demostrar que los cálculos realizados se encontraban debidamente fundados, además, de dichas inserciones se desprende que la autoridad en casa uno de los casos, a que se refiere en su oficio de contestación a la demanda, realizó el incremento de la cuota diaria de pensión de los actores con base en la comparación entre el aumento reportado al Índice Nacional de Precios al Consumidor y, el aumento otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, justificando su actuar en el hecho de que otorgó el aumento que mayor beneficio le reportaba a los actores, esto sin considerar la Ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de cada caso en particular. En tal sentido y en el caso concreto, la demandada incumplió con su deber procesal de acreditar que a la pensión de la actora se le han efectuado los incrementos conforme aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, pese a que correspondía acreditar a la autoridad demandada dicha circunstancia, ello no ocurrió. (.) Por virtud de las conclusiones alcanzadas en el presente fallo, se actualizan los supuestos previstos en los artículos 51, fracción IV y 52 fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que resulta procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el presente fallo quede firme, la autoridad demandada emita una nueva resolución fundada y motivada en la que se aplique a la cuantía de la pensión a que tiene derecho cada uno de los actores, sin exceder el tope máximo que establecen los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abogada, los incrementos correspondientes conforme a lo siguiente: (.) Respecto de los trabajadores enlistados en la TABLA 4, visible en páginas 58 a 61, de la presente resolución deberá aplicar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 31 de marzo de 2007 al 31 de diciembre del 2009. 'Tercero transitorio de la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. .Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento. (La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año. En caso de que en el año calendario anterior, el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementaran en la misma proporción que éstos últimos.) (.) De igual forma, deberá determinarse con todo detalle el monto de diferencias existentes a favor de los actores, considerado lo que se pagó y lo que se debió pagar, a efecto de que también dentro del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se le paguen dichas diferencias al promovente. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria de 15 de febrero de 2017, en el D.A. 609/2017, misma en la que se ordena a esta Sala que '(.)', por tanto, la Nulidad declarada en párrafos anteriores, implica que para el caso de que aumente la cuota pensionaria de los actores, la autoridad demandada deberá también incrementar LA GRATIFICACIÓN ANUAL en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión; ya que tales derechos se encuentran reconocidos por la dependencia donde los demandantes prestaron sus servicios, pues se trata de derechos adquiridos que no pueden verse afectados por la aplicación de una norma posterior que limite o modifique en forma negativa los derechos adquiridos de los accionantes, pues este es el acto que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona y el hecho efectuado no puede verse afectado por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. (.) Siguiendo con el criterio anterior, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no afectados a las cuotas de jubilaciones y pensiones sólo opera respecto de las correspondientes a cinco años atrás de la fecha en que se hizo la solicitud de la rectificación. Por lo que si en el presente caso los actores formularon la solicitud de actualización de su cuota diaria de pensión, el 17 de marzo de 2016, debe entenderse que la misma tiene derecho al pago de las diferencias acumuladas a su favor (en caso de que así resultare) únicamente a partir del 17 de marzo de 2011, conforme al calculo que realice la autoridad demandada desde el momento del otorgamiento de la pensión tal y como fue señalado en párrafos precedentes. Bajo esa tesitura, se precisa que respecto de las diferencias que hubieran existido en favor de los actores, de la fecha en que se les concedió la pensión hasta el 16 de marzo de 2011, han prescrito, por lo cual no resulta procedente el pago correspondiente, acorde al razonamiento seguido en los párrafos anteriores." Asimismo, la parte actora promovió queja por incumplimiento a la sentencia citada, la cual fue resuelta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, siendo declarada fundada: En ese sentido, en acatamiento al fallo protector, mediante oficios registrados con números de correspondencia 11252, el Jefe de Servicios de Informática adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado remitió la constancia de evolución salarial de O.L.E. Asimismo, mediante oficio registrado con número de correspondencia 16613, la Delegada del Subdirector de Pensiones y de la Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió copia certificada del oficio SP/RES/1191/2022, por el cual ajustó la cuota pensionaria del quejoso, determinó la cantidad a devolver por concepto de diferencias, la cual ascendía a ***** y exhibió comprobante de pago correspondiente. En esa tesitura y atendiendo la determinación de dieciséis de agosto del año en curso, emitida por la citada sala en el juicio de nulidad 7763/16-17-05-8, contenida en el oficio que se atiende; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Lo anterior es así pues si la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó en la resolución contenida en el oficio que se atiende, que se había cumplido sentencia definitiva de doce de marzo de dos mil dieciocho y la sentencia interlocutoria de queja de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio de nulidad 7763/16-17-05-8, por tanto, es evidente que este juzgado no puede dictar una determinación en sentido contrario al alcanzado por la sala de anulación, tomando en consideración que la encargada de vigilar que se cumplan sus sentencias es dicha sala, y que ésta ya emitió su decisión en el sentido de que las autoridades dieron cumplimiento, por lo que en todo caso, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer por los medios legales que considere pertinentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en *****

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