Evangelina Morales Ruiz
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Evangelina Morales Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintitrés de junio de este año, en el recurso de queja ********************, de su índice, de la que se advierte que la Superioridad lo declaró infundado, por los motivos ahí expuestos; asimismo, remite un tomo de pruebas consistente en el juicio ejecutivo mercantil ********************y un legajo de copias certificadas de diversas actuaciones del juicio de amparo indirecto en que se actúa. Acúsese recibo. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracción XXXVI, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Ahora, tomando en consideración, que se ordenó formar un tomo con las constancias que allegó el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, como apoyo a su informe justificado; y toda vez que carece de objeto su permanencia en este juzgado; devuélvase a la citada autoridad, la citada documental, sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo. Por otra parte destrúyanse las copias de las constancias enviadas por este órgano jurisdiccional relativas al presente juicio de amparo, ello en razón de que no contienen actuación original alguna. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Décimo Tercer Circuito, acusa recibo de la copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 341/2023 y el escrito de expresión de agravios que hizo valer la parte quejosa contra el auto por el que se desechó este expediente. Así mismo, informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, instrúyase a la analista jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes para que el referido tribunal de alzada se encuentre en posibilidad de consultar las constancias que integran este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual la quejosa Evangelina Morales Ruiz, interpone recurso de queja contra el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del ocurso de cuenta al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el acuerdo recurrido, enviar copias certificadas del auto impugnado y de todas las constancias relacionadas con esa determinación. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso, que las actuaciones practicadas se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga; por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación; para lo anterior, instrúyase a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierten los motivos por los cuales no fue posible notificar a la parte quejosa en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el auto dictado el diez de abril del año en curso. En consecuencia, se ordena notificar a la quejosa *** el auto señalado y los ulteriores de carácter personal, por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale el domicilio correcto para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE. - - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el oficio señalado en la cuenta, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Décimo Tercer Circuito, hace del conocimiento que en el amparo directo 112/2023 de su índice, el treinta de marzo de esta anualidad, se declaró firme el auto dictado el diecisiete del mismo mes y año, por el que se declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Evangelina Morales Ruiz; así también, remitió las constancias relativas a la demanda original integradas dentro del referido amparo directo 112/2023, así como el juicio ejecutivo mercantil 577/2021 de la estadística de la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. En consecuencia, este Juzgado Federal acepta la competencia declinada, por tanto, se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata; acúsese recibo. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 341/2023. Para un mejor manejo de este expediente, fórmese por separado el cuaderno de pruebas con el expediente original del juicio ejecutivo mercantil 577/2021 y guárdese en secretaría de este juzgado, el cual queda a disposición de las partes para su consulta. Análisis de las constancias. En el caso, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Décimo Tercer Circuito, precisó que conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, el acto reclamado lo constituye el auto dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 577/2021 de su índice. Ahora bien, en dicha determinación la autoridad responsable, en cumplimiento a la diligencia de embargo, ordenó girar oficio a la autoridad ejecutoria Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que realice la retención del treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe la codemandada ahora quejosa, de manera quincenal, hasta cubrir e equivalente de lo reclamado por concepto de suerte principal ($51,750.00). Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En ese sentido, se reitera que conforme a la determinación del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Décimo Tercer Circuito, el acto reclamado lo constituye el auto dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que, en cumplimiento a la diligencia de embargo, ordenó girar oficio a la autoridad ejecutoria Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que realice la retención del treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe la codemandada ahora quejosa, de manera quincenal, hasta cubrir e equivalente de lo reclamado por concepto de suerte principal ($51,750.00). Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, la quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida, debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que la omisión reclamada aun cuando emana de un procedimiento penal tiene una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que la solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en la carpeta de investigación de origen tiene la calidad de parte ofendida y compareció a esa indagatoria a hacer valer sus derechos, lo que revela que tuvo conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. La cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubica el acto reclamado en tanto que éste no tiene como finalidad causar una afectación a la libertad personal de la justiciable. En ese sentido, es necesario destacar que la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. En ese orden de ideas, se reitera que la quejosa reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, el auto dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil 577/2021 de su índice, en el que, en cumplimiento a la diligencia de embargo, ordenó girar oficio a la autoridad ejecutoria Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que realice la retención del treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe la codemandada ahora quejosa, de manera quincenal, hasta cubrir e equivalente de lo reclamado por concepto de suerte principal ($51,750.00). De ahí que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar por exclusión el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, que a la letra dice: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". En tales condiciones, la parte quejosa, previamente a la interposición del juicio de derechos fundamentales, debió interponer contra el acto reclamado el recurso de revocación previsto en el invocado numeral del Código de Comercio, por considerar que el acto que reclama le causa agravios y con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo; recurso mediante el cual puede obtener la confirmación, revocación o modificación del acto que por esta vía reclama. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, del acto reclamado por la quejosa, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se afirma lo expresado en virtud de que el acuerdo reclamado es inapelable por razón de su cuantía, ya que la suerte principal del juicio no rebasa los $816,439.97 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), que establece el acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, con base en el artículo 1339 del Código de Comercio, para el año en curso y el índice nacional de precios al consumidor que corresponde actualizarlo a la Secretaría de Economía cada año. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y siete, Tomo XXXII, Septiembre de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel García Carrasco, con cédula profesional 13283546. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el usuario "lic.carrasco"; por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Promociones reservadas. Por otra parte, de autos se advierte que se encuentra pendiente de atender el informe justificado de la responsable Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así como el escrito firmado por la tercera interesada Guadalupe Morales Mancera, a través del cual se apersona a juicio; en consecuencia, se provee: Téngase por rendido el informe justificado de que se trata, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en esta propia determinación se desechó la demanda de amparo indirecto que motivó este expediente. En cuanto al escrito de la tercera interesada Guadalupe Morales Mancera, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada a este juicio de amparo. Como lo solicita, se tiene como su domicilio que para oír y recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alberto López Chevez, con cédula profesional 11358871. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso de cualquier dispositivo electrónico para copiar o reproducir las actuaciones se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción, previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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