Evangelina Lorenzo Davis
Expediente 956/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Evangelina Lorenzo Davis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el sobre que remitió el Administrador de Correos de esta ciudad, el cual contiene el oficio 5531 dirigido a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, en el cual obra la leyenda "LA AUTORIDAD QUE MENCIONA NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO QUE CITA". Ahora, visto el estado de autos se advierte que por auto de dieciséis de abril de la anualidad el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, comunicó que dicho órgano judicial se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** por tanto, remítase dicho sobre al Juzgado apenas indicado, para que acuerde lo que legalmente proceda.
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica que remite vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a través del cual comunica el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado por el titular del órgano de su adscripción, en el juicio de amparo 227/2021-D; determinación de la que se destaca que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Evangelina Lorenzo Devis. Atento a lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, visto el estado de autos se advierte que en proveído de cinco de abril de la anualidad se tuvo por recibido el sobre que remitió el Administrador de Correos de esta ciudad, el cual contenía el oficio 591 dirigido a la Secretaría de Educación Pública, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; por tanto, remítase dicho sobre al Juzgado oficiante para que acuerde lo que legalmente proceda. Por último, archívese este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción j), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el sobre que remitió el Administrador de Correos de esta ciudad, el cual contiene el oficio 591 dirigido a la Secretaría de Educación Pública, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, en el cual obra la leyenda "Rehusado por oficialía de partes, la autoridad que cita no se encuentra en este domicilio"; del cual se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, determine lo que estime procedente respecto a la competencia declinada por resolución de ocho de marzo de la anualidad.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 956/2019-7. Resultando Primero. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado al día siguiente hábil a este juzgado, Evangelina Lorenzo Davis solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede Ciudad de México, y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: DEL. C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: La promulgación, publicación, expedición, y como consiguiente la entrada en vigor de los dispositivos que integran: la ley general de educación, ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros así como el régimen transitorio de cada normatividad, mismas que fueron publicadas en el diario oficial de la federación con fecha 30 de septiembre del 2019 y cobraron vigencia a partir del 01 de octubre de la misma anualidad. SEGUNDO: DE LA CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS que integran el H.CONGRESO DE LA UNION: A) la expedición de la normatividad consistente en los dispositivos que integran la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así como la ley general de educación, y de igual forma el régimen transitorio de cada norma general combatida, mismas que fueron publicadas por parte del poder ejecutivo atreves de su titular con fecha 30 de septiembre del 2019 misma que cobro vigencia al día siguiente. B) La omisión legislativa consistente en pronunciarse respecto del régimen de seguridad social a que estarán sujetos los pensionados y trabajadores del magisterio o docentes al tenor de las nuevas disposiciones aplicables. TERCERO: DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Se combate la falta de refrendo del decreto de promulgación de las leyes que se combaten en razón de la materia, obligación que tenia de realizar con base en las atribuciones que tiene a su cargo en la ley orgánica de la administración pública federal. CUARTO: DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO: Se combate la falta de refrendo del decreto de promulgación de las leyes que se combaten en razón de la materia, obligación que tenia de realizar con base en las atribuciones que tiene a su cargo en la ley orgánica de la administración pública federal." Asimismo, en cumplimiento a la prevención realizada manifestó lo siguiente: "1. En atención a su numeral Primero, hago de su conocimiento que de la Autoridad señalada como Responsable Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación, difusión de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a través de su plataforma electrónica. 2. En atención a su numeral Segundo, manifiesto que el único artículo que reclamo como inconstitucional es el 107 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros" Segundo. Trámite. Previo cumplimiento a la prevención realizada, mediante auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve se admitió la demanda, se registró en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 956/2019-7, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente corresponde; y, por último, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Único. Competencia. Toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, corresponde analizar la competencia objetiva, ejercicio del cual se concluye que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, carece de competencia legal por cuestión de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 34 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que las normas impugnadas como autoaplicativas habrán de aplicarse en el lugar donde la quejosa tiene su domicilio, esto es, en Tijuana, Baja California. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo" Se concluye lo anterior a partir de que la litis en el presente juicio se encuentra debidamente constituida y los actos depurados, puesto que obran desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa, los informes justificados y el diverso informe rendido por la delegada autorizada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad, a través del cual se advierte que el domicilio en el que la quejosa recibe el pago de su pensión se encuentra ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Atento a lo anterior, es posible advertir que, en el caso la acción de amparo se entabla en contra del proceso legislativo que derivó en la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley General del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil diecinueve, que inició su vigencia el uno de octubre de esa anualidad; cuerpo legal que se reclama por su sola entrada en vigor (punto 4 del apartado de antecedentes), es decir, en su carácter de norma autoaplicativa. Además, se reclama la aplicación y ejecución de las disposiciones que lo integran. Pues bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, toda vez que deberá conocer de la misma el juzgador que resida en el lugar donde habrá de acatarse o aplicarse el cuerpo de la legislación que se tilda de inconstitucional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo especifica las reglas de competencia en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito indica la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato, o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Las reglas a que se refiere dicho numeral son las que se indican a continuación: 1. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; 2. Si el acto o resolución reclamada requiere ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, 3. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en tratándose de leyes o normas generales que se reclaman por su propia entrada en vigor (autoaplicativas), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, si bien es cierto que las leyes autoaplicativas no requieren de un acto posterior de autoridad para que tengan obligatoriedad, también es cierto que posteriormente deberán tener un acto por el cual se cumplan, ya sea por voluntad propia o por mandato de la autoridad, y con base en ello, el Juez competente para conocer del amparo contra esas leyes, es el que se encuentre en donde deben ser acatadas; verbigracia, en el caso de normas fiscales, en el domicilio fiscal del contribuyente. Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia 2a./J. 146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de dos mil tres, página 324, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." Luego, considerando que del informe rendido por la delegada autorizada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad, a través del cual informó el domicilio en el que la quejosa recibe el pago de su pensión, el cual se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California. De lo que es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden de tal documento, que el domicilio de la peticionaria se ubica en la municipalidad indicada, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada, habida cuenta que si el aspecto por el que se combate la norma versa sobre las prestaciones que percibe la quejosa en su calidad de maestra del sistema educativo estatal (qué se le paga y qué se le pagará), es inconcuso que el cuerpo legal por su condición autoaplicativa tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde radica la peticionaria en Tijuana, Baja California. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, Octava Época, página 75 (registro 820159), que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Primero de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo promovido por Evangelina Lorenzo Davis, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana. En consecuencia, mediante oficio con transcripción de esta determinación, previa integración del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, para que resuelva lo que estime procedente y lo haga del conocimiento de este juzgador; a quien se solicita además tenga a bien remitir el acuse de recibo respectivo vía interconexión. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo, promovido por Evangelina Lorenzo Davis, en los términos precisados en el considerando único de la presente sentencia. SEGUNDO. Remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para que determine lo que estime procedente y lo haga del conocimiento de este juzgado.
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