Evangelina Heredia Chiquito
Expediente 563/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Evangelina Heredia Chiquito
Actuaciones
- Principal
Devuélvase documentales exhibidas junto con escrito inicial de demanda.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio E-3191/2018, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en esta ciudad, que contiene la resolución emitida en el expediente 442/2018, en donde el Tribunal de su adscripción, se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Evangelina Heredia Chiquito, por razón de la vía, asimismo, remite el informe justificado rendido por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, y el cuadernillo 223/2018/III. Sobre el particular, se acepta la competencia planteada, acúsese el recibo correspondiente; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 563/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. La quejosa señala como acto reclamado los siguientes: 1. El proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo 223/2018/III, a través del cual se ordena formar cuadernillo administrativo con el escrito signado por Virginia Acela Heredia Chiquito, Fernando Vicente Heredia Chiquito, Evangelina Heredia Chiquito y Alejandra Heredia Chiquito, y se les previno para que acreditaran que Fernando Habacuc Heredia Servín y/o Fernando Heredia Servín, son la misma persona. 2. El auto de seis de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó el recurso de apelación intentado contra el acuerdo de veintiséis de marzo del presente año. Sobre el particular, contra el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: En citado precepto dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). De la interpretación de la fracción citada, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente. Otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. En el caso, la promovente señala como acto reclamado el proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo 223/2018/III, a través del cual se previno para que acreditaran que Fernando Habacuc Heredia Servín y/o Fernando Heredia Servín, son la misma persona. Proveído del cual bajo protesta de decir verdad, refiere la promovente interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el seis de abril de dos mil dieciocho, en donde se desechó dicho medio de impugnación. En esas condiciones es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, porque el acuerdo reclamado de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo 223/2018/III, por el juez responsable, fue sustituida procesalmente por el auto pronunciado el seis de abril de dos mil dieciocho, al resolverse el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa, pues al pronunciarse respecto al contenido de ese proveído en el que desechó la apelación intentada en su contra, cesaron los efectos del primero y, por lo tanto, el juicio de garantías es improcedente respecto de ese proveído. Apoya lo anterior, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicado en la página ciento cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, cuyo rubro: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Y el diverso criterio, es decir, el de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está visible en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis, tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el auto de seis de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó el recurso de apelación intentado contra el acuerdo de veintiséis de marzo del presente año, en donde se previno a la ahora quejosa; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el medio de control constitucional en comento es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los medios ordinarios de defensa a través de los cuales se pueda modificar, revocar o anular los actos reclamados. Como excepciones al principio en comento, en general, la fracción citada establece tres supuestos: (1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (3) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Además, el precepto normativo invocado establece que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, de rubro: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles, con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad la quejosa, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Es aplicable al respecto la tesis con número de registro 182857, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 951, XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Así se tiene que el acto reclamado le reviste el carácter de decreto, ello en términos del artículo 56, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, el cual textualmente dispone: Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente; y, III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Acuerdo reclamado que la quejosa debió haber impugnado previo a la instauración del presente juicio de amparo, a través del recurso de revocación previsto en el artículo 506 del ordenamiento procesal invocado, que establece: Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio. De ahí que, en el caso, se estima que el acto reclamado en donde se desechó el recurso de apelación, era susceptible de impugnación a través del recurso de revocación previsto por el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Tiene aplicación la tesis IV Región 2o.16 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, del Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h, Materia Civil, Décima Época, registro 2016832, de rubro: RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE ADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Por lo tanto, este juicio deviene improcedente, dado que a través de dicho medio de defensa -revocación- el acto reclamado pudo ser modificado, nulificado o revocado. En ese sentido, si en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación, previo a la demanda de amparo, la quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, la cual establece lo siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la quejosa no es extraña al procedimiento de origen, ya que se observa que ella es parte actora en dicho juicio. Por tanto, al surtirse las referidas causales de improcedencia, en términos de lo establecido en el artículo 61 fracciones XVIII y XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, dada su notoria e indudable improcedencia, ya que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por las causas de improcedencia que han quedado establecidas. Además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que transgrede el artículo 17 constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicitan los promoventes, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican en su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rogelio Morgado Rodríguez, Ricardo Díaz Hernández y Beatriz Araujo Alarcón, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda.
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