Evangelina Gómez Celis
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/07/2021
Partes del expediente
- Evangelina Gómez Celis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Vistos el escrito de cuenta, a través del cual, *********, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en los términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, objeta el dictamen emitido por el perito oficial. Ahora bien, del análisis integral del ocurso en cita, se advierte que la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en torno al dictamen emitido por el diestro oficial. Sin embargo, al analizar el aludido dictamen, este órgano de control constitucional estima que dicha opinión se encuentra contestada de manera correcta, ya que la pare quejosa manifiesta que el perito oficial no resuelve si por la ubicación concreta del terreno, es más susceptible a inundarse; sin embargo, del dictamen emitido por el mismo, en la respuesta a la pregunta nueve anunciada por el Director Jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, menciona que sí es susceptible de sufrir inundaciones por no contar la zona con sistema de alcantarillado. Además, debe decirse que este juzgador al momento de dictar sentencia, analizará la opinión técnica para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como los estudios o experimentos propios del arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; además, se expondrán los fundamentos de su valoración y de la decisión que se tome al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.101 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, del tomo XXIII, abril de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA RESOLUCIÓN QUE SE FUNDA EN UN DICTAMEN DE ESA NATURALEZA, DEBE PRONUNCIARSE TAMBIÉN EN RELACIÓN CON LAS OBJECIONES QUE SOBRE ÉSTE SE FORMULEN. La resolución que se funda en un dictamen al que se concede pleno valor probatorio, obliga al juzgador a expresar los razonamientos lógico-jurídicos que tomó en consideración para arribar a tal determinación, en los que ha de considerar, entre otros aspectos, las constancias de autos, las manifestaciones de las partes (que dicho sea de paso, forman la relación procesal) y, en todo caso, el contenido de los diversos dictámenes rendidos, siendo insuficiente señalar simplemente que aquel en que se basó su fallo, reúne los requisitos del artículo 151 de la Ley de Amparo; lo anterior obedece a la exigencia formal de motivación que constriñe al juzgador a resolver la controversia mediante el análisis y razonado juicio sobre la materia en conflicto, a efecto de demostrar que su actuar no es sustituido por la opinión pericial; realizar lo contrario, es decir, atender sin mayor consideración a las conclusiones de una experticial sin producir razonamiento alguno respecto de los demás dictámenes u objeciones formulados válidamente por las partes, transgrede los principios de congruencia y exhaustividad que por imperativo del artículo 222 del código procesal civil federal, de aplicación supletoria, han de caracterizar a las resoluciones judiciales, al disponer que las sentencias resolverán, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal." Aunado a que este órgano jurisdiccional valorará en su integridad la prueba pericial que se conforma con los dictámenes emitidos por los peritos, atendiendo a la eficacia probatoria de los exámenes periciales. Es decir, al momento de valorarlos se tomará en cuenta, particularmente, los factores siguientes: Se ha admitido reiteradamente que el dictamen pericial no es vinculante para el juzgador, quien está facultado para apartarse de él y para valorar de acuerdo con la sana crítica el resultado de dicha prueba. No obstante, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél. Si bien las conclusiones de los peritos no vinculan al juzgador, tampoco puede prescindirse del dictamen por razones de tecnicismo y especialidad, cuando tal opinión acerca pautas orientadoras sobre el tema en debate. La facultad del Juez en la apreciación de la prueba tampoco es discrecionalmente arbitraria y debe responder a criterios de razonamiento lógico que excluyan la posibilidad del absurdo. Es por tal circunstancia que, si no aparecen motivos fundados para apartarse de las conclusiones de la prueba pericial, no le está permitido al juzgador hacerlo sin justificación suficiente, ya que el pronunciamiento que rechaza a aquéllas debe ser el resultado de un análisis crítico de los fundamentos del dictamen y de los antecedentes de la causa, sana crítica que en la mayoría de los casos requiere el apoyo de otros elementos serios y convincentes. Así como ante una pericial con conclusiones seriamente fundadas, la sana crítica aconseja validar su eficacia, de igual forma la sola consideración del dictamen pericial puede resultar insuficiente para formar convicción y decidir en un determinado sentido, cuando existen otros factores que escapan a la consideración del perito. El Juez no queda vinculado por las conclusiones del perito, aunque es aconsejable seguir de cerca la opinión de quienes, en razón de la materia de su especialización, son personas a las que no se les ha cuestionado su reconocida responsabilidad y competencia. Si bien la opinión pericial, como se dijo, no vincula al juzgador, es un elemento de convicción de innegable valor, si no se contradice con algún elemento serio traído a los autos. Que es verdad que algunas normas procesales no otorgan al dictamen el carácter de prueba legal, pero también lo es que en cuanto el informe implica la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente, el error en que el perito pudiera haber incurrido. El perito, como todo ser humano, carece de la virtud de infalibilidad, pudiendo incurrir en errores, y está en él saber ponderar lo exacto de lo inexacto, pues de lo contrario el verdadero juzgador sería el perito, oficial o no, mientras que el Juez tendría la sola misión de dar fuerza a su palabra. Así, aun contra lo aseverado insistentemente, el juzgador deberá aceptar el criterio de un experto cuando es esclarecedor, porque la misión de aquél es impartir justicia. Si bien las opiniones periciales no vinculan al juzgador, si se ha recurrido a los peritos es, precisamente, porque el Juez no posee los conocimientos especializados suficientes para esclarecer la situación concreta por sí; entonces no puede, luego que ha conocido las conclusiones del especialista, dejarlas de lado sin razones válidas. La designación de un perito es en auxilio de la justicia, cuando se trata de cuestiones de orden técnico o científico. El dictamen servirá como asesoramiento y su valor apreciado conforme a la profesionalidad y aptitudes de la persona a quien se encomendó el cometido. La apreciación del dictamen pericial, de conformidad con las reglas de la sana crítica, es facultad de los jueces, quienes tienen respecto de la pericia judicial, la misma libertad de apreciación que para el examen de cualquier medio probatorio. Por tanto, la apreciación de los dictámenes emitidos por los peritos, quedarán sujetos a las reglas de la sana crítica (el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos) y a los principios de la lógica en que el derecho se apoya, en congruencia con las constancias de autos, pues al constituir el dictamen pericial una prueba sui géneris, su apreciación no puede hacerse sino de acuerdo con los principios que a dicha prueba le son inherentes; juicio crítico de valor al que no escapan los dictámenes de los peritos científicos. Expuesto lo anterior, dígasele que las respuestas emitidas por el perito oficial, se consideran que son aptas para dar luz sobre la cuestión planteada y por ende que pueden ser tomadas en consideración, según corresponda, con apoyo en el numeral 119, último párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa,
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