Evangelina Fuentes Dionicio

Expediente 1704/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1704/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Evangelina Fuentes Dionicio

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual ********************, en representación de sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención hecha en auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerdo: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta y téngase por desahogada la prevención en cita. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: De la 1) Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: a) La omisión de llamar a juicio a sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, en el expediente ********************, a fin de que fueran declarados legítimos beneficiarios del extinto ********************aplicándoseles el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, se estima que respecto del acto reclamado citado, es evidente que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, 6° y 5°, fracciones I y II, y con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, por las consideraciones siguientes: De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama y prescriben, además, quiénes pueden promoverlo en su representación, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como la diversa tesis, del rubro y texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." En ese sentido, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese solo hecho, se tenga por acreditada la comprobación de la lesión que el acto que reclama causa a los quejosos, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona su esfera jurídica. Sobre el particular, es aplicable la tesis, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." De lo anterior, se colige que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera su esfera jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. En relación con lo anterior, tenemos que la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo define a los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que aquellos actos de autoridad, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzca una afectación material en la esfera jurídica del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Apoya a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso particular, la promovente reclama de la autoridad responsable, en esencia, la omisión de llamar a juicio a sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, en el expediente ********************, a fin de que fueran declarados legítimos beneficiarios del extinto ********************aplicándoseles los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, del estudio integral de la demanda amparo, escrito de desahogo de prevención y anexos, no se advierte que los menores sufran algún grado de afectación que trascienda en su esfera jurídica, ya que si bien la quejosa refiere que se vulneran los artículos 14 y 17 constitucionales porque con tal omisión se les impide el acceso a la justicia, lo cierto es que de las manifestaciones de la parte quejosa se desprende que la finalidad que sigue es que se reponga el procedimiento en el juicio laboral ********************, para efecto de que sus menores hijos sean llamados a juicio y sean reconocidos como beneficiarios del extinto ********************y se les apliquen los artículos 501 y 503, de la Ley Federal del Trabajo; juicio laboral que fue promovido por ella. Lo anterior, pues de la prueba que anexa la promovente a su escrito de desahogo se advierte que en la demanda que dio origen al juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ésta reclamó como prestaciones: De la Comisión Federal de Electricidad: "a).- El reconocimiento de la Declaración que haga ésa H Junta a favor de la C. ********************, como única y legitima beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de su extinto cónyuge el C. ********************, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 501 Fracción I y 503 de la Ley Federal del Trabajo. b).- El pago a la C. ********************, de la cantidad de $******************** que por concepto de 18 días de Viáticos (del 01 al 18 de noviembre del 2018) le correspondía al C. ******************** conforme la Fracción V de la Cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo, en vigor celebrado entre COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA." Sentado lo anterior, y de la prueba documental que exhibe la impetrante consistente en la resolución para el otorgamiento de la Pensión de Viudez y Orfandad, de quince de enero del dos mil diecinueve, es inconcuso que no hay afectación a la parte quejosa puesto que sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, fueron declarados como beneficiarios de la pensión de orfandad del asegurado extinto ********************. Aunado al hecho de que como se vio de las transcripciones que anteceden ******************** no hizo requerimiento alguno respecto a los menores de edad quejosos, en la demanda que dio origen al juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo que implica que no eran susceptibles de ser llamados a dicho procedimiento jurisdiccional, ello bajo la tesitura de que su pretensión es que sus menores hijos fueran llamados a juicio y sean reconocidos como beneficiarios del extinto ********************y se les apliquen los artículos 501 y 503, de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, de la constancia que la propia ocursante exhibió a su escrito inicial de demanda consistente en la resolución para el otorgamiento de la Pensión de Viudez y Orfandad, de quince de enero del dos mil diecinueve, se aprecia que a sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, ya les fue otorgada una pensión de orfandad. Bajo tales circunstancias, cabe precisar que el hecho de que la Junta responsable, no haya llamado a juicio a los menores de edad, no demuestra, por si sólo, que se cause un daño o perjuicio en su esfera jurídica, menos aún, si con ello no le ha generado un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, para efectos del juicio de amparo. De ahí que los actos reclamados en el presente juicio, a consideración de quien hoy resuelve, no causan daño o perjuicio alguno en los derechos sustantivos de la parte quejosa. Máxime que si es su deseo, tiene expeditos sus derechos para instar por la vía laboral correspondiente el procedimiento condigno a fin de reclamar diversa prestación en representación de sus hijos menores de edad. Tal como como lo establece la propia Ley del Seguro Social en su artículo 295, relativo a las controversias suscitadas entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios, sobre las prestaciones que la citada ley otorga, se resolverán ante los Tribunales Labores. Lo que se corrobora con el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, que reitera que la solución de conflictos derivados de la solicitud de prestaciones o beneficios de seguridad social, corresponde a la materia laboral. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente contenido: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." DESECHAMIENTO. En tal virtud, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, 6º y 5º, fracciones I y II, y con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ******************** en representación de sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, POR NOTORIA y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, en términos del diverso numeral 113, del mencionado ordenamiento. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara e procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Segundo Secretario de Acuerdos del 1. Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica el contenido del auto de doce de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 2123/2020 (antes 857/A/2005), refiriendo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de mérito. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio condigno CÓRRASE TRASLADO Y DÉSE VISTA a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS al en que queden legalmente notificadas de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y DE FORMA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA

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