Evangelina Cota Espinoza

Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
145/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California
  • Evangelina Cota Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia recaída en este juicio en la que se negó el amparo, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No obran para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 145/2023; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, recibido ese mismo día en este órgano jurisdiccional, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: (1) El presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO.- Se reclama la omisión por parte de la Autoridad Responsable de acordar la admisión de las pruebas en la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas de fecha 18 de octubre de 2022, transgrediendo y vulnerando el artículo 124 y demás relativos aplicables de la LEY DEL SERVICIO CIVIL, ya que ja pasado en exceso el término de ley que prevén los numerales anteriormente referidos, violando plazos y términos, por lo que obstaculiza la impartición de Justicia en forma expedida y pronta como lo dispone como lo dispone la carta Magna. Segundo.- Se reclama de la Autoridad Responsable, la omisión de DESAHOGAR LA TOTALIDAD de las pruebas dentro de los términos y plazos transgrediendo y vulnerando el artículo 125 de la LEY DEL SERVICIO CIVIL, ya que ja pasado en exceso el término de ley que prevén los numerales anteriormente referidos, violando plazos y términos, por lo que obstaculiza la impartición de Justicia en forma expedida y pronta como lo dispone como lo dispone la carta Magna." (sic). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, la demanda se radicó bajo el número 145/2023, y se admitió a trámite. Substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 33 fracción IV, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado en este juicio carece de ejecución al ser de carácter omisivo, y la demanda fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: El Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de emitir el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el juicio laboral burocrático ********************, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Importa destacar, que la fijación de la litis se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural, y de los antecedentes del acto reclamado narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se puede intuir que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas y, tras el ofrecimiento de pruebas realizado por las partes, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, se reservó emitir el acuerdo correspondiente de admisión y/o desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por las partes; sin que entre esta fecha y la de presentación de la demanda de amparo -treinta y uno de enero del año en curso- se hubiere proveído al respecto. Afirmación de la parte gestora del amparo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 27/96, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 200094 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 57 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por lo anterior, es que el acto reclamado se haya fijado como la omisión del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con asiento en esta ciudad, de dictar acuerdo donde proveyera sobre la admisión y/o desechamiento de pruebas, en el juicio laboral burocrático ********************. No pasa inadvertido que la parte quejosa señala como acto destacado la omisión de llevar acabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral en cuestión; sin embargo, dicho acto no se puede tomar como reclamado en el presente contradictorio federal, ya que a la fecha de presentación, del escrito de demanda origen al presente juicio constitucional, el Tribunal laboral aun no se pronunciaba respecto de la admisión y/o desechamiento de pruebas en el juicio natural, según fue razonado en el párrafo precedente, por lo que, como anteriormente se estableció y tomando en cuenta la etapa procedimental en que se sitúa el juicio natural, es que se hubiere fijado como se precisó anteriormente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo condúcete la jurisprudencia y tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rezan lo siguiente: "Registro digital: 2025625 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 63/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1456 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable fue omisa en rendir su respectivo informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como se corrobora de la constancia de notificación; por lo cual, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le atribuye. Por lo anterior, quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, y por tanto lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso no fueron hechas valer por las partes causales de improcedencia; además, este órgano jurisdiccional en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, no advierte de oficio la actualización de alguna de éstas. QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a ello; máxime, se dará respuesta integral a sus inconformidades, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Orienta esa postura, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio y decisión. Como ya se adelantó el Tribunal laboral señalado como responsable fue omiso en rendir su informe justificado y por consecuencia opera la presunción de la certeza del acto reclamado; ante tales circunstancias, en términos del tercer párrafo, del artículo 117 de la ley de la materia, corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba respecto de la inconstitucionalidad de acto de molestia del que se duele, dado que dicho acto no es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y derechos constitucionales. Ahora, la parte quejosa en su escrito de demanda, se duele de la omisión por parte del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de emitir el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el juicio laboral burocrático ********************, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a pesar de que en acuerdo del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas y, tras el ofrecimiento de pruebas realizado por las partes, la autoridad señalada como responsable, se reservó emitir el acuerdo correspondiente de admisión y/o desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por las partes. Sin embargo, la parte quejosa no adjuntó documental alguna a su escrito de demanda, así como tampoco la presentó durante la tramitación del presente juicio de amparo medio de convicción, de los cuales se advirtiera la inconstitucionalidad del acto reclamado; es decir, la parte quejosa no demostró que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas y, tras el ofrecimiento de pruebas realizado por las partes, la autoridad señalada como responsable, se reservó emitir el acuerdo correspondiente de admisión y/o desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por las partes; ya que si bien la parte gestora del amparo aportó la documental consistente en el acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, con la misma lo que se demuestra es la personalidad con la que el apoderado legal de la parte quejosa promovió el presente contradictorio federal, y que fueron señaladas las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, no así que se hubiere llevado la audiencia de ofrecimiento de pruebas y mucho menos que la autoridad señalada como responsable reservara la emisión del acuerdo de admisión o desechamiento de las mismas. En ese contexto, no es posible determinar la ilegalidad del acto reclamado, ya que el acto reclamado en sí mismo no es violatorio de derechos constitucionales, sino la abierta dilación que se justifique con los documentos, al menos de que se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Al respecto es de citarse, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: Registro digital: 197499 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 304 Tipo: Jurisprudencia "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Asimismo, orienta esa postura, la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que reza lo siguiente: Registro digital: 231468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 356 Tipo: Aislada "INFORME JUSTIFICADO. SU OMISION SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda." Precedente vertical. En similar sentido se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver por unanimidad de votos, el amparo en revisión laboral 398/2022, en sesión celebrada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, al establecer en lo que en el caso interesa lo siguiente: "(.) Por otra parte, no en todo caso deben requerirse dichas constancias, sino que como se sostuvo en las jurisprudencias invocadas, la obligación a que se refiere el numeral 75 de la Ley de Amparo, en cuanto a recabar pruebas de oficio, se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, y no cuando la presunción de certeza opera por la falta de informe justificado, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En esas condiciones, si la autoridad responsable omitió rendir informe justificado, se presume cierto el acto reclamado, pero corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad; en el caso, que existe un juicio en el que es parte, que ofreció pruebas ante la autoridad responsable, y que no ha dictado el acuerdo de admisión o desechamiento, en el plazo previsto en el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo y que esa dilación ha sido injustificada. Al no hacerlo así, la consecuencia legal es que se niegue el amparo solicitado, como aconteció en la sentencia recurrida." Finalmente, en cuanto al diverso acto reclamado, que sería el desahogo de las probanzas de trato, se considera que en su caso serían actos futuros e inciertos, mismos que serían motivo de un nuevo juicio de amparo, incluso el acuerdo en el que se admitieron y desecharon los medios de prueba, al haberse emitido posterior a la presentación de la demanda de amparo origen de este contradictorio federal. Precedente vertical. En similar sentido se pronunció el Sexto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de inconformidad 46/2022, en sesión celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, al establecer en lo que en el caso interesa lo siguiente: "(.) Lo anterior, porque se trata de una cuestión ajena a la litis constitucional y al fallo protector pues, como ya se precisó, los efectos de la concesión del amparo fueron delimitados a la emisión del acuerdo en el que la junta responsable se pronunciara sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral condigno, debiendo fijar la correspondiente hora y fecha dentro del término de ley para aquéllas que admita y tenga un desahogo especial, así como su legal notificación. Sin que los alcances de la protección otorgada puedan comprender la aducida posible inobservancia a las formalidades esenciales del procedimiento respecto de los medios probatorios admitidos que requieren preparación y desahogo en tanto implicaría incorporar elementos novedosos no analizados por el Juez de Distrito para extender los efectos precisados en la ejecutoria relativa, lo cual no es factible jurídicamente realizar en el estudio del recurso de inconformiadad. (.)." Decisión. En tales condiciones, toda vez que el acto que se reclama en esta vía no es en sí mismo violatorio de derechos humanos y derechos constitucionales, ni de disposición legal secundaria alguna; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte solicitante de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, ******************** y ********************, por los motivos expuestos en el considerando sexto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, podemos advertir que no ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rinda su informe justificado la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; toda vez que el proveído por medio del cual se requirió dicho informe, fue notificado el siete de febrero de dos mil veintitrés. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con rubro y texto siguiente: "Registro digital: 249175 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181- 186, Sexta Parte, página 108 Tipo: Aislada INFORMES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, DIAS INHABILES PARA RENDIR LOS. La jurisprudencia relativa a que deben considerarse inhábiles para la interposición del juicio de amparo los días en que las autoridades responsables dejan de laborar, también favorece a éstas en cuanto al término para rendir sus informes; de tal manera que al encontrarse disfrutando del período legal de vacaciones, es evidente que no están en posibilidad de rendir los informes que le fueron solicitados por el Juez de Distrito, resultando por consiguiente incorrecto que dicho funcionario haya tenido por presuntivamente ciertos los actos reclamados de la autoridad que se encontraba en esas condiciones y le impusiera una multa." Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Tercero interesado. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por Pedro Indalecio Elías Pineda, quien manifiesta que es apoderado legal de las autoridades tercero interesadas Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Secretaría de Educación, y que dicho carácter lo tiene reconocido en los autos del juicio natural del que deriva el acto reclamado materia del presente amparo; empero, no acompaña a su oficio constancia alguna de la que se desprenda dicho carácter, tampoco se han recibido los autos del juicio de mérito, en virtud de lo anterior, este Juzgado no le reconoce dicho carácter, por lo que no es procedente acordar de conformidad su escrito. Notifíquese.

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