Evangelina Cota Espinoza

Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
913/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Evangelina Cota Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado por María Fernanda Cabrera Rocha, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico del presente juicio; sin embargo, resulta necesario señalar lo establecido en los artículos 35 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como el último párrafo del ordinal 21 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, disposiciones normativas de las que se desprende que el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, carece de facultades para solicitar el acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones en la misma vía. Lo anterior, toda vez que dicha figura, no constituye una representación legal, sino solamente una autorización que puede acompañarse de facultades amplias para intervenir en el juicio, por lo que la solicitud de mérito, es una cuestión personalísima de las partes o sus legítimos representantes y la autorización por el quejoso en los términos del numeral citado en el párrafo que antecede, no implica disposición de derechos en litigio, pues éstos se encuentran reservados al accionante de amparo o su representante legal. Ahora bien, en aras de efectivamente tutelar los derechos fundamentales de las partes y respetando las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de la materia, conforme a su numeral 2º, no se acuerda de conformidad lo solicitado, esto es, no se continúa con la tramitación electrónica del sumario constitucional en el que se actúa, hasta en tanto lo solicite al propio quejoso, en los términos y tal como lo prescriben las porciones normativas aludidas previamente, así como el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 105/2015, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Además, resulta ilustrativa la Tesis XXVII.3o.118K, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES. Conforme a los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las notificaciones en los juicios de amparo se harán electrónicamente a las partes o a sus representantes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, sin que se faculte para solicitar la práctica de las notificaciones por esa vía a los autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la citada ley, pues dicha figura no constituye una representación legal; además, sólo se les permite llevar a cabo actos en el juicio tendentes a lograr una adecuada defensa de los intereses del autorizante, dentro de las cuales no se encuentra la solicitud en cita, por tratarse de una cuestión personalísima de las partes o sus representantes."

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****************, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por ********************, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; y en atención a su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en la etapa procesal correspondiente. Por otra parte, respecto de la ampliación de demanda que refiere la promovente, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad señalada como responsable Jefa del Departamento de Operación y Registro de Nóminas de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, en respuesta a los oficios 14801 y 14802 del índice de este Juzgado; con lo anterior, dése vista a las partes, a efecto de que se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase a la citada autoridad, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el informe de cuenta, y designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona en dicho comunicado. De igual manera, téngasele invocando las causales de sobreseimiento que estima se actualizan en el presente juicio. MEDIOS DE CONVICCIÓN Finalmente, téngase por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, y documentales que anexa a su escrito de cuenta; y en su oportunidad hágase nueva relación de ellas en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 117, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS ESTADO ACTUAL DE AUTOS En diverso aspecto, examinado el estado actual de autos y tomando en consideración actualmente la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional es a las diez horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, por ende, se advierte que estará transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de amparo, en la data de antedicha, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación de cuenta, así como las documentales que acompaña. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por lo anterior, y en aras de evitar dilaciones procesales y efectivamente tutelar el derecho fundamental del acceso a una justicia pronta y expedita, reconocido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se difiere de forma anticipada la audiencia constitucional señalada para el trece de noviembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, como nueva fecha para su celebración, dejando sin efectos la fecha señalada en primer término. Al respecto se invoca la tesis I.5o.C.1 K (10a.), sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del siguiente epígrafe: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." En lo conducente, es aplicable en términos del artículo sexto transitorio y el ordinal 217, ambos de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Finalmente, robustece lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se intitula: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS." Ahora bien, no pasa desapercibido que si bien respecto a la respuesta realizada por la responsable resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de si es de su interés ampliar la demanda por lo que concierne a dicha contestación, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que no procede la ampliación de demanda contra la contestación que se llegase a dar respecto a una solicitud en materia de pensiones, tal y como aparece en la jurisprudencia 2ª./J.66/2016 (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, junio de dos mil dieciséis, página 898, que textualmente dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De la jurisprudencia transcrita, se advierte que el juicio de amparo es procedente respecto de la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra dicha respuesta no procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que de no satisfacer su interés, el asegurado o beneficiario deberá acudir a la vía ordinaria laboral, por lo cual no procede requerir a la quejosa a efecto de ampliar su demanda contra la contestación formulada por la responsable.

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