Evangelina Becerra Valenzuela

Expediente 155/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Evangelina Becerra Valenzuela
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, con sede en Tepic, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro electrónico correspondiente. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Destino cuaderno incidental. En cuanto al original del incidente de suspensión es conservable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 17, fracción III, inciso b del Acuerdo General, toda vez que la suspensión definitiva se concedió a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Constancia Secretarial. Téngase por recibida la constancia Secretarial que antecede, de la cual se advierte, que América María Becerra Valenzuela, en su carácter de apoderada legal de la quejosa Evangelina Becerra Valenzuela, ratifica el contenido y firma del escrito presentado por la aludida quejosa el doce de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual manifestó su deseo de desistirse de esta instancia constitucional; ello, en cumplimiento al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis de la copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas y poder general especial para actos de administración que presenta la apoderada de la quejosa, se advierte que, este fue expedido en términos el artículo 2554 del Código Civil Federal que a la letra dice: "Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". De lo anterior se colige que, el poder que exhibe América María Becerra Valenzuela, le fue conferido con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, entendiéndose que fue otorgado sin limitación alguna; por tanto, tiene facultad para desistirse y ratificar el escrito de desistimiento de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 970, con registro digital 2009731, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal". De lo anterior, se concluye que es válida la ratificación de desistimiento que la apoderada de la parte quejosa realizó. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que, el escrito de desistimiento lo presentó la parte quejosa y la apodera es quien lo ratifica, puesto que, el hecho de que el juzgador haya ordenado el requerimiento a la promovente del amparo, ello no obsta para que surta efectos legales la ratificación del desistimiento que efectuó la apoderada de ella, dado que la quejosa le otorgó el poder con facultades ilimitadas, lo cual le permite hacerlo. Estimar lo contrario y permitir que la ratificación deba ser directamente por la quejosa, implicaría hacer nugatorios los efectos del mandato y limitarlo sólo a diversos actos o actuaciones, lo que rompería con la naturaleza de esta institución, que se traduce en una sustitución de la actuación del representado. Se debe considerar que la finalidad de la existencia de la representación se estableció para evitar que sea directamente el afectado quien acuda a realizar las actuaciones que le corresponden en un procedimiento o en la ejecución de actos de diversa naturaleza; de ahí que se tenga por ratificado el contenido y firma del escrito por el cual la quejosa Evangelina Becerra Valenzuela, se desiste de esta instancia constitucional; ello, en cumplimiento al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, agréguense a sus autos la constancia y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, se aprecia que por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, la citada quejosa exhibió el escrito por el que expresó la voluntad de no continuar con el trámite de este juicio. Por tanto, al tener la certeza de la voluntad de la parte promovente de no continuar con el trámite del presente sumario constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. Ello es así, debido a que de la interpretación de los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad de la parte promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos cuarenta, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". En esas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Constancia Secretarial. Téngase por recibida la constancia Secretarial que antecede, de la cual se advierte, que América María Becerra Valenzuela, en su carácter de apoderada legal de la quejosa Evangelina Becerra Valenzuela, ratifica el contenido y firma del escrito presentado por la aludida quejosa el doce de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual manifestó su deseo de desistirse de esta instancia constitucional; ello, en cumplimiento al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis de la copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas y poder general especial para actos de administración que presenta la apoderada de la quejosa, se advierte que, este fue expedido en términos el artículo 2554 del Código Civil Federal que a la letra dice: "Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". De lo anterior se colige que, el poder que exhibe América María Becerra Valenzuela, le fue conferido con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, entendiéndose que fue otorgado sin limitación alguna; por tanto, tiene facultad para desistirse y ratificar el escrito de desistimiento de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 970, con registro digital 2009731, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal". De lo anterior, se concluye que es válida la ratificación de desistimiento que la apoderada de la parte quejosa realizó. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que, el escrito de desistimiento lo presentó la parte quejosa y la apodera es quien lo ratifica, puesto que, el hecho de que el juzgador haya ordenado el requerimiento a la promovente del amparo, ello no obsta para que surta efectos legales la ratificación del desistimiento que efectuó la apoderada de ella, dado que la quejosa le otorgó el poder con facultades ilimitadas, lo cual le permite hacerlo. Estimar lo contrario y permitir que la ratificación deba ser directamente por la quejosa, implicaría hacer nugatorios los efectos del mandato y limitarlo sólo a diversos actos o actuaciones, lo que rompería con la naturaleza de esta institución, que se traduce en una sustitución de la actuación del representado. Se debe considerar que la finalidad de la existencia de la representación se estableció para evitar que sea directamente el afectado quien acuda a realizar las actuaciones que le corresponden en un procedimiento o en la ejecución de actos de diversa naturaleza; de ahí que se tenga por ratificado el contenido y firma del escrito por el cual la quejosa Evangelina Becerra Valenzuela, se desiste de esta instancia constitucional; ello, en cumplimiento al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, agréguense a sus autos la constancia y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, se aprecia que por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, la citada quejosa exhibió el escrito por el que expresó la voluntad de no continuar con el trámite de este juicio. Por tanto, al tener la certeza de la voluntad de la parte promovente de no continuar con el trámite del presente sumario constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. Ello es así, debido a que de la interpretación de los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad de la parte promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos cuarenta, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". En esas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Constancia Secretarial. Téngase por recibida la constancia Secretarial que antecede, de la cual se advierte, que América María Becerra Valenzuela, en su carácter de apoderada legal de la quejosa Evangelina Becerra Valenzuela, ratifica el contenido y firma del escrito presentado por la aludida quejosa el doce de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual manifestó su deseo de desistirse de esta instancia constitucional; ello, en cumplimiento al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis de la copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas y poder general especial para actos de administración que presenta la apoderada de la quejosa, se advierte que, este fue expedido en términos el artículo 2554 del Código Civil Federal que a la letra dice: "Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". De lo anterior se colige que, el poder que exhibe América María Becerra Valenzuela, le fue conferido con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, entendiéndose que fue otorgado sin limitación alguna; por tanto, tiene facultad para desistirse y ratificar el escrito de desistimiento de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 970, con registro digital 2009731, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal". De lo anterior, se concluye que es válida la ratificación de desistimiento que la apoderada de la parte quejosa realizó. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que, el escrito de desistimiento lo presentó la parte quejosa y la apodera es quien lo ratifica, puesto que, el hecho de que el juzgador haya ordenado el requerimiento a la promovente del amparo, ello no obsta para que surta efectos legales la ratificación del desistimiento que efectuó la apoderada de ella, dado que la quejosa le otorgó el poder con facultades ilimitadas, lo cual le permite hacerlo. Estimar lo contrario y permitir que la ratificación deba ser directamente por la quejosa, implicaría hacer nugatorios los efectos del mandato y limitarlo sólo a diversos actos o actuaciones, lo que rompería con la naturaleza de esta institución, que se traduce en una sustitución de la actuación del representado. Se debe considerar que la finalidad de la existencia de la representación se estableció para evitar que sea directamente el afectado quien acuda a realizar las actuaciones que le corresponden en un procedimiento o en la ejecución de actos de diversa naturaleza; de ahí que se tenga por ratificado el contenido y firma del escrito por el cual la quejosa Evangelina Becerra Valenzuela, se desiste de esta instancia constitucional; ello, en cumplimiento al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, agréguense a sus autos la constancia y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, se aprecia que por acuerdo de trece de septiembre del año en curso, la citada quejosa exhibió el escrito por el que expresó la voluntad de no continuar con el trámite de este juicio. Por tanto, al tener la certeza de la voluntad de la parte promovente de no continuar con el trámite del presente sumario constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. Ello es así, debido a que de la interpretación de los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad de la parte promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos cuarenta, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". En esas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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