Eva Virginia Rodríguez Gómez
Expediente 1224/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eva Virginia Rodríguez Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, procédase a la DESTRUCCIÓN del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. La resolución de veintitrés de marzo de dos mil veinte, dictado en el expediente *** del índice de la responsable, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración, notificada el trece de mayo de dos mil veintiuno. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1224/2022-D. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas, toda vez que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veinte, dictado en el expediente *** del índice de la responsable, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración; y, del cual, bajo protesta de decir verdad, refiere que le fue notificada el trece de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se determinó que no fue procedente el reembolso que solicitó, dado que no existió responsabilidad médica ni administrativa por parte del ISSSTE. Por tanto, es dable afirmar que por lo menos desde el trece de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa ya tenía conocimiento del contenido de la resolución que aquí reclama, puesto que como lo refiere, en esa fecha, fue notificada en la Delegación Tlaxcala. Por tanto, el plazo para la interposición de la demanda transcurrió del catorce de mayo al tres de junio de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles. En esa tesitura, es inconcuso que, por lo menos, desde el catorce de mayo de dos mil veintiuno, la aquí quejosa tuvo la posibilidad real para impugnar el acto que combate, a través de los medios que la ley le otorga para ello, y en su caso mediante el juicio constitucional, para así demostrar la violación al derecho que presumiblemente se transgredió en su contra. En consecuencia, resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, según se desprende del sello de recepción inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso dicho término. De lo anterior se colige que la demanda se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia. Por tanto, si la quejosa no ejerció en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia; y, por consiguiente, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, como lo solicita expresamente la parte quejosa, háganse las notificaciones del presente proveído, así como de los subsecuentes en lista que se fije en los estrados de este juzgado, aun las de carácter personal. Por otra parte, se tiene a la quejosa designando número telefónico, así como correo electrónico; los cuales, se utilizarán únicamente a efecto de entablar comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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