Eva Torres Alonso

Expediente 1701/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1701/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Eva Torres Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve EVA TORRES ALONSO, por derecho propio contra actos de los Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1701/2018-III que por orden le corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, que establece que al examinarse el escrito de demanda y encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, conforme al cual no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Lo anterior, sin soslayar que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de admisibilidad en dicho medio de control constitucional resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad de la acción intentada, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Ahora bien, cabe precisar que la quejosa en esencia señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra en la carpeta de investigación JCC/602/2018, la cual se le instruye por su probable participación en la comisión del delito de despojo agravado cometido en agravio de "Wat Construcciones", sociedad anónima de capital variable, por conducto de su administrador único Wilfredo Tovar Ángeles. No obstante lo anterior, de la cédula de notificación de dieciséis de octubre actual anexa a la demanda, concerniente a la causa penal JCC/602/2018, se advierte el auto de once de octubre del año en curso dictado por Leticia Damián Avilés, Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el cual es del tenor literal siguiente: ". mediante el cual solicita audiencia para FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, VINCULACIÓN A PROCESO e IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, en contra de [.] EVA TORRES ALONSO [.], por su probable participación en la comisión del hecho delictivo tipificado como DESPOJO AGRAVADO cometido en agravio de la persona moral denominada "WAT CONSTRUCCIONES" S.A. DE C.V.; consecuentemente, al reunir los requisitos que prevé el arábigo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, para lo cual se señalan las 08:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, en la "SALA" que sea designada por el personal administrativo del Tribunal de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado "Ciudad Judicial". Asimismo, a fin de cumplimentar a lo indicado por al arábigo citado en párrafo que antecede, se ordena citar a EVA TORRES ALONSO. Asimismo, hágasele saber a los investigados que, en caso de no comparecer en la fecha señalada para el desahogo de la misma, se les declarará SUSTRAÍDOS DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ello en términos de lo establecido en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que dicha declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en su contra, según sea el acaso; y a petición de la Representación Social." En ese orden de ideas, se concluye que en el presente juicio se combate la citación de la quejosa a la audiencia para Formulación de Imputación, Vinculación a Proceso e Imposición de Medidas Cautelares en la carpeta de investigación JCC/602/2018. Entonces, al combatirse dicha citación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En efecto, de la interpretación sistemática y armónica de los artículos 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de símil contenido al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio o proceso penal inicia con la audiencia inicial ante el Juez de control y, por exclusión, el auto que cita al investigado a la celebración de la audiencia inicial es un acto emitido fuera de éste. En ese contexto, el acuerdo que ordena de conformidad con el artículo 141, fracción I, del mismo código, la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de la quejosa como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce la Jueza de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En estas condiciones, en su contra se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que en el caso, ésta no tiene incorporado a su esfera de derechos alguno que lo posibilite a impugnar su citación a dicha etapa previa a juicio; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. La anterior consideración, encuentra apoyo en la tesis XXVII.3o.49 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, con número de registro 2015497, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, materia Común, Penal, página: 1940 del rubro siguiente "AUDIENCIA INICIAL. EL AUTO QUE ORDENA CITAR AL IMPUTADO A SU CELEBRACIÓN ES UN ACTO FUERA DE JUICIO QUE NO OCASIONA A ÉSTE PERJUICIO EN SU ESFERA DE DERECHOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, respecto al acto reclamado consistente en la posible orden de aprehensión que se pudiera decretar en contra de la parte quejosa, también se actualiza la causal del improcedencia invocada ya que de los preceptos citados, se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese sentido, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Así, el acto reclamado, debe entenderse como un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En ese orden, un acto susceptible de impugnación a través del juicio de amparo debe de ser un hecho voluntario, y no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin; es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte impetrante de amparo reclama la posible orden de aprehensión que se pudiera decretar en su contra, en virtud de que fue citada para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares. De lo anterior, es inconcuso que el referido acto reclamado (temor de que se decrete orden de aprehensión), es un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto; cuenta habida que el solo hecho de que se le haya citado para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, no implica necesariamente que indefectiblemente en dicha audiencia se le decrete orden de aprehensión, pues la actualización de dicho acto depende de diversos factores futuros de realización incierta. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), con registro 2010813, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2321, libro 26, enero de 2016, Tomo III, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de la quejosa o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Por tanto, al advertirse del acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, que se anexó a la demanda, que la Jueza Leticia Damián Avilés, solo citó a la quejosa a la audiencia de mérito para que éste acudiera de manera voluntaria a imponerse de la formulación de imputación existente en su contra, condicionando el otorgamiento de la orden de aprehensión a que éste decidiera no comparecer, a declararlo sustraído de la acción penal de la Justicia y sobre todo a que lo peticione el Ministerio Público, permite concluir que a la fecha de presentación del amparo, la orden de captura constituye un acto incierto y futuro, si se toma en cuenta que la fecha de la audiencia está programada para el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y que no existe certeza alguna de que no se vaya a presentar el impetrante a ejercer su derecho constitucional al debido proceso y defensa adecuada; que ante la incomparecencia, el Ministerio Público solicite la orden y mucho menos que la misma sea obsequiada de manera indudable por la autoridad judicial. Motivo por el cual, al estar condicionado el otorgamiento o no de la orden de aprehensión combatida a diversas circunstancias incluida la actitud de la quejosa y la petición del agente del Ministerio Público, es inconcuso que el aludido acto reclamado no reviste las características indispensables para que en la forma planteada pueda ser sometida a control constitucional al no producir a la fecha de presentación de la demanda una afectación real y efectiva en la esfera jurídica de la quejosa. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. En consecuencia, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente la última en relación con el artículo 5° del mismo ordenamiento, respecto del acto que se ha precisado. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia explicada en los términos precisados, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y personas autorizadas Se tiene como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo al profesionista Roberto Martínez Hernández, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados para los mismos efectos a Brenda Lizbeth Flores Hernández y María Salgado de la Vega, toda vez que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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