Eva Tolama Coba

Expediente 41/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
41/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Eva Tolama Coba

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 135/2021; y, ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Luis Miguel Pérez Márquez***, en contra de los actos y por las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, para los efectos indicados en la parte final del considerando séptimo de la misma. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo, suscrito por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de los magistrados Presidente, y Representante del Estado, a través del cual rinde su informe justificado, designa delegados, expresa causales de improcedencia y sobreseimiento, y ofrece pruebas. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se tiene a la autoridad mencionada designando como delegados a las personas que menciona en su oficio de cuenta. Ahora bien, de la constancia que se remite al informe justificado se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, señaló las doce horas del veintidós de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio laboral D-212/2019 promovido por Eva Tolama Coba en contra del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, documental que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Eva Tolama Coba, por conducto de su apoderado legal Jaime Juárez Rojas, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dar impulso procesal de manera oficiosa juicio laboral D-212/2019 y señalar fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; y, la autoridad responsable el veinticuatro de enero de dos mil veintidós señaló las doce horas del veintidós de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de mérito, lo que se acredita con la constancia recibida, misma que adjuntó a su informe justificado. Por tanto, con tal actuación, la responsable suprimió en su totalidad la omisión reclamada, ya que, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda (la cual fue depositada en el Buzón Judicial el siete de enero de dos mil veintidós, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el siete de enero del año en curso, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el once de enero pasado), señaló las doce horas del veintidós de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio laboral D-212/2019. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse señalado fecha para la audiencia de mérito, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este contexto, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado, pues con ningún medio podría desvirtuarse que la responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de la que se duele no se había fijado, dado que ello ha quedado plenamente acreditado con la constancia remitida por la autoridad responsable, siendo evidente que la omisión reclamada por la quejosa ha cesado. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-III-6 Puebla, Delegación Estatal Puebla, de la Fiscalía General de la República, por medio del cual solicita se realice la entrega de los originales de las pólizas de fianza números 257698 y 236180 al elemento de la policía federal ministerial Rosaura Rojas Mastranzo, y se señale fecha y hora para que dicho elemento acuda a las instalaciones de este juzgado a recibir dichos documentos y se realice la cadena de custodia correspondiente. Al respecto, tomando en consideración que constituye un hecho notorio que la reactivación de las labores jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, no ha sido plena, pues el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas de seguridad para contener la pandemia por el virus denominado SARS-CoV-2 (Covid-19), con la finalidad de proteger la salud de sus empleados y del público en general, lo que ha impedido que los órganos jurisdiccionales realicen en su totalidad sus actividades. Por lo que a fin de no causar perjuicios a las partes y atendiendo a las cargas de trabajo que impera en este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se señalan las once horas del veintiocho de enero de dos mil veintidós, a efecto de que el elemento de la policía federal ministerial Rosaura Rojas Mastranzo, acuda debidamente identificada a las instalaciones que ocupa este juzgado Federal, a fin de que se le haga entrega de las pólizas de fianza números 257698 y 236180, que en su momento exhibió la parte quejosa para que surtieran efectos las suspensiones en el presente juicio. De igual manera, hágase del conocimiento que única y exclusivamente R*******podrá recoger dichas pólizas, para llevar a cabo lo ordenado en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, previa identificación y razón que de ello se asiente en autos. En el entendido que se practicará la actuación correspondiente garantizando la distancia entre las partes y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles en el órgano jurisdiccional para asegurar la sana distancia entre quienes acudan presencialmente. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio de la autoridad oficiante, le haga saber la fecha y hora señalada con antelación, y le haga entrega del acuse de confirmación de cita con folio 2311/2022 que contiene el código QR. Con fundamento en el artículo 23, fracción I, del citado Acuerdo 21/2020 la diligencia encomendada, se deberá de desahogar en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que el mencionado código es para el acceso al inmueble, siendo indispensable que la persona que acuda a la cita exhiba el QR impreso o digital, solicitando se presente con 5 minutos de anticipación a su cita, observado en todo momento cumplir con las medidas sanitarias. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. ...

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